Durante 2025, las ministraciones estatales fueron completas en dos ocasiones por lo que se acumuló una deuda millonaria. En México hay una crisis generalizada entre universidades públicas estatales
Saltillo, Coahuila, 02/01/26 (Más).- La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) enfrenta una de las crisis financieras más graves de su historia reciente, luego de que el Gobierno del Estado acumuló una deuda de 911 millones 42 mil 487 pesos por concepto de ministraciones no entregadas en tiempo y forma a lo largo del 2025.
Esta cifra convierte a Coahuila en una de las entidades con mayores adeudos a sus instituciones de educación superior, reflejando una problemática nacional que amenaza la viabilidad de las universidades públicas estatales en todo el país.
Según información publicada por Excélsior, durante 11 meses del año pasado, la UAdeC recibió recursos completos en sólo dos ocasiones, situación que ha deteriorado sus finanzas operativas y la ha colocado en una condición de asfixia presupuestal.
La universidad presenta un déficit anual superior a los 700 millones de pesos, principalmente para el pago de jubilaciones y pensiones. A pesar de que el Gobierno federal destinó una ayuda extraordinaria de aproximadamente 80 millones de pesos, esta resulta insuficiente frente a la magnitud del rezago financiero acumulado.
La situación en Coahuila no es aislada. De acuerdo con datos de la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), al cierre de 2025 decenas de universidades públicas estatales enfrentaban adeudos millonarios por parte de sus respectivos gobiernos estatales.
En Tamaulipas, por ejemplo, la universidad autónoma local reportó una deuda de 437 millones de pesos, mientras que en Guerrero, Colima, Sonora, Chihuahua y otras entidades se repiten casos de entregas incompletas, fuera de tiempo o simplemente ausentes durante varios meses consecutivos.
El problema se agrava en un contexto donde, a nivel nacional, el presupuesto para las universidades públicas estatales en 2026 fue recortado en términos reales.
Aunque el Presupuesto de Egresos de la Federación etiquetó 113 mil 422 millones de pesos –una aparente ampliación respecto a 2025–, el ajuste por inflación refleja una disminución del 2.1% en poder adquisitivo, según los Criterios Generales de Política Económica. Esta reducción presupuestal ocurre pese a los esfuerzos de la Cámara de Diputados por incrementar el monto originalmente propuesto por el Ejecutivo.
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) ha advertido que el déficit financiero acumulado de las universidades públicas estatales ya supera los 50 mil 400 millones de pesos. Esta situación, señalan, es resultado de un modelo institucional que ha normalizado la insuficiencia presupuestal y ha permitido que los gobiernos estatales incumplan sus obligaciones sin consecuencias inmediatas.
En el caso de la UAdeC, la deuda afecta directamente su operación cotidiana. La falta de recursos ha puesto en riesgo el pago de nómina, la continuidad de proyectos de investigación, la oferta educativa y la atención a una matrícula que supera los 35 mil estudiantes. Además, la universidad arrastra un creciente pasivo laboral por jubilaciones, agravado por la ausencia de un esquema de financiamiento a largo plazo.
La crisis estructural también impacta la calidad educativa. Según el Observatorio del Presupuesto Educativo del IISUE-UNAM, la pérdida de peso del gasto federal en educación superior dentro del presupuesto público ha generado efectos visibles: precarización de la planta docente, debilitamiento de la infraestructura, caída en la inversión en ciencia y tecnología, y una capacidad menguada de las universidades para responder a las demandas sociales y económicas del país.
Organizaciones como Dialoga Mx coinciden en que esta situación no es accidental. La ONG sostiene que la crisis financiera de las universidades públicas estatales no es una desviación ni un error de gestión, sino una consecuencia directa de la falta de voluntad política para atender de raíz los pasivos estructurales del sistema de educación superior.
Frente a los señalamientos de malos manejos, la Anuies ha respondido que las universidades han adoptado medidas de austeridad, fortalecimiento de la vigilancia interna y racionalización del gasto. Aun así, la presión financiera se mantiene, y sin un cambio profundo en el modelo de financiamiento, las instituciones estatales están en riesgo de perder su capacidad de operación y autonomía.
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