Miami, 17 jun (EFE).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó este martes su preocupación por una reforma en Puebla, México, que criminaliza con hasta tres años de cárcel el “ciberasedio”, lo que podría derivar en censura encubierta y castigar críticas incómodas, según el organismo.
La organización, con sede en Miami, advirtió en un pronunciamiento de que se limitaría gravemente la libertad de expresión en entornos digitales con la reforma al Código Penal de Puebla, el quinto estado más poblado de México con más de 6.5 millones de habitantes.
La medida, ya vigente, crea el delito de “ciberasedio” para quien, a través de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital insulte, injurie, ofenda, agravie o veje a otra persona, con la insistencia necesaria para causarle un daño.
Además, autoriza a empresas y plataformas a eliminar contenidos tras una simple solicitud, sin intervención judicial ni revisión independiente.
Esto crearía una vía rápida para censurar crítica legítima, testimonios incómodos o investigaciones periodísticas, según los críticos de la reforma citados por la SIP.
“Lo que está en juego es el derecho de toda la sociedad a informarse y debatir. Esta iniciativa puede borrar del espacio público información incómoda, dañando la memoria colectiva y la rendición de cuentas”, manifestó José Roberto Dutriz, presidente de la SIP.
Ante la controversia, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), prometió realizar foros para revisar la medida, pero la presidenta del Congreso local, Laura Artemisa, del mismo partido, ha avisado a los medios que no derogará la reforma.
La iniciativa causa preocupación particular en México, que en 2024 fue el país de Latinoamérica en el que asesinaron más periodistas, cinco, y desde hace años es una de los 10 naciones más peligrosas para el sector, según el último informe del Comité de Protección para Periodistas (CPJ).
Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y directora de la Organización Editorial Mexicana (OEM), enfatizó que esta ley corre el riesgo de institucionalizar la censura por encargo y sin debate público, sin transparencia y sin defensa posible.