Por Zitamar Arellano Trueba
Saltillo, Coahuila 24/03/26 (Más).- La versión oficial sobre la muerte de Christian Hernán Pérez Rentería a dos meses del suceso dista de ser creíble y deja demasiadas zonas oscuras sobre lo ocurrido dentro del Tribunal de Justicia Administrativa de Torreón, acusó el diputado local de Morena, Antonio Attolini Murra, al poner en duda que en un caso de esa magnitud no exista claridad plena sobre lo sucedido en una celda bajo resguardo institucional.
El legislador torreonense sostuvo que el caso exhibe fallas graves tanto de la Fiscalía General del Estado como del Ayuntamiento de Torreón, del cual depende el tribunal municipal donde el joven estuvo bajo custodia.
Dijo que es inadmisible que, en un estado que presume capacidades de coordinación y vigilancia para enfrentar delitos de alto impacto, no pueda esclarecerse con certeza qué pasó en un espacio cerrado de dimensiones reducidas y bajo custodia de la autoridad.
Attolini Murra centró una parte de sus cuestionamientos en el sistema de videovigilancia ya que señaló que Torreón cuenta con una amplia infraestructura de cámaras conectadas a los sistemas de monitoreo y, aun así, en el momento y lugar de los hechos no se hubiera captado un video esclarecedor, pese a que se ha dicho que sí existía instalación en ese punto. Para el diputado, esa ausencia alimenta sospechas fundadas sobre encubrimiento y opacidad.
Más aún, afirmó que existen señalamientos previos de amenazas, amedrentamiento, violencia e incluso tortura dentro de ese ámbito de resguardo, por lo que insistió en que el caso de Christian Hernán no puede verse como un hecho aislado.
En ese contexto, recordó otros fallecimientos ocurridos en circunstancias irregulares en el mismo entorno institucional y sostuvo que lo sucedido refleja un problema serio de gobernabilidad en materia de seguridad en Torreón.
El morenista fue más allá al sugerir que hechos de esta naturaleza no podrían repetirse sin complicidad o protección política e institucional. A su juicio, hay una cadena de encubrimiento que impide llegar al fondo del asunto y que también explica, dijo, la falta de consecuencias contra quienes pudieran haber incurrido en abuso de autoridad.
Sobre la actuación de la familia, Attolini Murra rechazó cualquier intento de trasladarle la carga de la investigación. Sostuvo que a los deudos sólo les corresponde exigir justicia y recordó que la madre de Chris, Guadalupe Pérez, así como otros familiares, han mantenido esa exigencia por la vía institucional, aunque no necesariamente desde la exposición mediática permanente.
También argumentó que el caso involucra obligaciones derivadas de principios de derecho internacional sobre el resguardo de personas bajo custodia del Estado, especialmente en materia de prevención de tortura y de protección de los detenidos. Bajo esa óptica, dijo que la eventual inacción local abriría la puerta a otras rutas de denuncia, aunque insistió en que, de existir voluntad política, las instituciones estatales y el propio Congreso podrían empujar un mayor esclarecimiento.
Diputado panista difiere
Frente a esa postura de abierta desconfianza, el diputado panista Gerardo Aguado Gómez ofreció una lectura distinta.
Al ser cuestionado sobre si considera creíble la narrativa oficial, el panista respondió que cree en las instituciones y en las autoridades. Dijo que la forma en que se desarrolló la rueda de prensa y la presencia de los familiares del joven le generan un alto grado de confianza respecto de la autenticidad de la información presentada.
Incluso, Aguado Gómez defendió la credibilidad de la Fiscalía al señalar que se trata de una institución que, en su opinión, ha dado resultados en este y otros asuntos, y que ha contribuido a que Coahuila tenga procuración de justicia y castigo contra criminales.
Desde esa perspectiva, afirmó que la dependencia merece confianza.
Donde el legislador panista evitó profundizar fue en la posible responsabilidad administrativa por las condiciones en que ocurrió la muerte de Christian Hernán, incluida la falta de claridad sobre cámaras o vigilancia. Dijo no contar con información suficiente para abundar y dejó en manos de la autoridad la determinación final sobre lo que ocurrió.
Así, mientras Attolini pone en entredicho la credibilidad de la versión oficial y denuncia un entramado de opacidad, Aguado Gómez opta por respaldar la actuación de la Fiscalía y confiar en el cauce institucional del caso.
El contraste entre ambos diputados torreonenses resume también la división política que ha dejado la muerte del joven: de un lado, la exigencia de desconfiar y presionar; del otro, el llamado a conceder validez a la investigación oficial mientras no surjan nuevos elementos.