Ciudad de México, 01/04/26 (Más).- Las corporaciones policiales en México enfrentan un rezago estructural que evidencia abandono institucional, precariedad laboral y debilidad operativa, factores que han limitado su capacidad para garantizar la seguridad pública en el país.
Según el informe “Las policías en México. El drama de un retraso crónico”, de la organización Causa en Común, el deterioro de las instituciones policiales responde a años de falta de seguimiento a políticas públicas, recortes presupuestales y ausencia de una estrategia integral para su fortalecimiento.
El diagnóstico revela que uno de los principales problemas es la reducción de recursos federales destinados a las policías, especialmente a nivel municipal. La desaparición de fondos como el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), en 2021, provocó una caída significativa en el financiamiento, mientras que los nuevos mecanismos, como el Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (FOFISP) apenas representan una fracción de los apoyos anteriores.
En contraste, el gasto destinado a las Fuerzas Armadas ha crecido de manera considerable, lo que refleja un cambio en la estrategia de seguridad.
A nivel operativo, el país carece de un registro confiable del número total de policías, lo que dificulta evaluar su desempeño.
Sin embargo, cifras oficiales citadas en el informe indican que en 2024 había poco más de 120 mil policías estatales y cerca de 155 mil municipales, estos últimos en descenso. Además, al menos el 21% de los municipios no cuenta con una corporación policial formal.
Las deficiencias también alcanzan la profesionalización. La mayoría de las corporaciones carece de sistemas de carrera bien definidos, programas de capacitación adecuados y mecanismos claros de ascenso. A esto se suma la creciente presencia de mandos militares al frente de instituciones civiles de seguridad, lo que, según el análisis, debilita el desarrollo de cuerpos policiales profesionales.
En el ámbito laboral, las condiciones son mayoritariamente precarias. Una parte significativa de los policías percibe salarios por debajo de lo necesario para cubrir sus necesidades básicas, mientras que el acceso a seguridad social es limitado, especialmente en el nivel municipal. Las jornadas laborales extensas, la falta de prestaciones y el equipamiento insuficiente agravan la situación, generando alta rotación y descontento interno.
El informe también advierte sobre la vulnerabilidad de los elementos frente a la violencia. Entre octubre de 2024 y febrero de 2026 se registraron al menos 517 agentes de seguridad asesinados en el país, la mayoría pertenecientes a corporaciones municipales, lo que refleja los riesgos que enfrentan en un contexto de debilidad institucional.
A estas problemáticas se suma la falta de mecanismos disciplinarios efectivos, inconsistencias en los procesos de certificación y carencias en infraestructura y equipamiento, lo que limita la capacidad de respuesta de las corporaciones. Este panorama ha derivado en múltiples movilizaciones de policías en distintas entidades, principalmente para exigir mejores condiciones laborales.
El documento concluye que el debilitamiento de las policías ha sido un factor clave en la creciente dependencia de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública, y advierte que sin una política integral de fortalecimiento institucional, difícilmente se podrá revertir la crisis de seguridad en el país.
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