Ciudad de México, 18/08/25 (Más).- La sostenibilidad financiera de los programas sociales implementados durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue puesta en duda por el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), al advertir que su permanencia dependerá de la capacidad del Estado para generar ingresos suficientes mediante el crecimiento económico.
El organismo especializado, vinculado al Consejo Coordinador Empresarial (CCE), señaló que el avance en la disminución de la pobreza entre 2016 y 2024 se ha apoyado principalmente en dos mecanismos: el aumento del salario mínimo y la entrega directa de apoyos sociales. Aunque estos factores han contribuido a mejorar ciertos indicadores, el CEESP cuestionó si esa estrategia podrá mantenerse en el tiempo sin comprometer la estabilidad fiscal.
Según el primer informe sobre pobreza multidimensional publicado por el Inegi tras asumir esta tarea que antes realizaba el Coneval, la proporción de la población en situación de pobreza disminuyó de 43.2 por ciento a 29.6 por ciento entre 2016 y 2024. Esto representó una salida de la pobreza para 13.7 millones de personas, de las cuales 11.9 millones salieron de la pobreza moderada y 1.8 millones de la extrema.
Pese a estos resultados, el CEESP consideró que deben evaluarse otras dimensiones del fenómeno, como las carencias sociales. En ese rubro, el número de personas en situación vulnerable aumentó en 11.4 millones durante el mismo periodo. Para el centro de análisis, esto refleja que, aunque mejoró el ingreso de ciertos sectores, persistieron o incluso se agravaron deficiencias en áreas clave como educación, salud y vivienda.
El centro advirtió que los programas asistenciales podrían tener efectos contraproducentes en el mercado laboral. “Este tipo de transferencias pueden desincentivar el empleo, que es una fuente vital de los recursos que se requieren para mantener dichos programas”, indicó el organismo.
En materia educativa, los datos muestran un retroceso. La población con rezago educativo –aquella que no ha completado la escolaridad obligatoria conforme a su edad– se incrementó en dos millones de personas, a pesar de las medidas gubernamentales para ampliar la cobertura educativa.
Los cambios en el sistema de salud también impactaron negativamente. El número de personas sin acceso a servicios médicos aumentó en 25.7 millones entre 2016 y 2024, según las cifras más recientes. Este retroceso ocurre en un contexto donde la salud es considerada uno de los factores determinantes del bienestar social.
El CEESP sostuvo que los resultados muestran la necesidad de replantear la estrategia social del país. Propuso que los recursos públicos se distribuyan de manera más eficiente y que se fortalezca la capacidad del Estado para generar ingresos a través del crecimiento económico sostenido.
De acuerdo con su análisis, la vía más eficaz para reducir la pobreza de manera duradera no son los subsidios, sino el fortalecimiento del mercado laboral mediante la creación de empleos formales bien remunerados. Para lograrlo, recomendó impulsar un entorno favorable a la inversión y mejorar la calidad del sistema educativo.
El organismo concluyó que el país requiere condiciones de seguridad, servicios públicos adecuados y un marco legal sólido para atraer inversiones productivas que dinamicen la economía. A su juicio, solo con crecimiento económico sostenido será posible garantizar la permanencia de los programas sociales sin comprometer otras áreas del desarrollo nacional.