Dependencias federales denuncian ante la FGR a pobladores que mantenían una ocupación pacífica de predios. Las afectadas se ubicaban en la zona donde se rehabilita la Línea K del Corredor Interoceánico
Ciudad de México, 04/03/26 (Más).- Al menos seis mujeres de los municipios de Pijijiapan y Arriaga, en Chiapas, han sido denunciadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presunta invasión de bienes nacionales, luego de negarse a desalojar viviendas y negocios ubicados en el derecho de vía del ferrocarril donde se realiza la rehabilitación de la Línea K del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
De acuerdo con información publicada por Animal Político, las denuncias fueron presentadas por Ferrocarriles del Istmo de Tehuantepec (FIT) y la Secretaría de Comunicaciones, Infraestructura y Transporte (SCIT), en el contexto de las obras ferroviarias que buscan conectar Ixtepec, Oaxaca, con Ciudad Hidalgo, Chiapas, en la frontera con Guatemala.
Uno de los casos es el de María Rosario Duarte Hernández, quien perdió el restaurante que había abierto hace una década junto a las vías en Pijijiapan. El negocio, en el que invirtió cerca de 500 mil pesos que ahorró trabajando en Estados Unidos, le permitía sostener a sus cinco hijos hasta que comenzaron las presiones para desalojar el terreno.
La mujer relató que funcionarios de distintas dependencias federales acudieron en varias ocasiones acompañados por elementos de la Secretaría de Marina para advertirle que debía abandonar el lugar por encontrarse dentro del derecho de vía ferroviario. Asegura que nunca recibió una propuesta económica para retirarse.
“En ningún momento me ofrecieron dinero para que dejara mi negocio, ¿cómo les voy a firmar así?”, afirmó. Posteriormente, con el inicio de las obras, maquinaria y montículos de material bloquearon el acceso a su local, lo que provocó que dejara de recibir clientes y finalmente abandonara el sitio.
Además de perder su fuente de ingresos, Duarte Hernández fue denunciada junto con dos vecinas –entre ellas una mujer de 80 años– por la presunta invasión del derecho de vía, franja que comprende 15 metros a cada lado de las vías férreas.
El abogado Nataniel Hernández Núñez, del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, explicó que aunque las familias no poseen títulos de propiedad, cuentan con documentos que acreditan una posesión pacífica y de buena fe. Señaló que, durante años, la ocupación de esos espacios no generó consecuencias legales.
El defensor también sostuvo que un decreto emitido en noviembre de 2021 por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que declaró al Corredor Interoceánico como obra de seguridad nacional y prohibió invadir el derecho de vía, abrió la puerta para que se presentaran denuncias contra quienes viven en esa franja.
En diciembre de 2025, un juez en Tapachula negó iniciar proceso penal contra Duarte Hernández y sus vecinas, al considerar improcedente la acusación. No obstante, organizaciones civiles identifican al menos 12 casos similares en Chiapas.
En el municipio de Arriaga, otras tres mujeres –Marta Laguna Sánchez, Adriana Ovando Domínguez y María Guadalupe Torres Nuripungo– enfrentan denuncias por la misma causa tras negarse a abandonar sus viviendas ubicadas junto a las vías del tren.
Según relataron, en 2023 funcionarios federales ofrecieron 36 mil pesos a las 23 familias que habitaban la zona para que desocuparan sus casas con la promesa de ser reubicadas posteriormente por la Comisión Nacional de Vivienda. La mayoría aceptó, pero ellas decidieron permanecer hasta contar con una alternativa de vivienda.
“Nosotras sí nos vamos a salir de nuestras casas, no nos vamos a aferrar, pero estamos luchando para que nos entreguen una vivienda digna donde también podamos seguir con nuestros negocios”, expresó Marta Laguna Sánchez.
El 15 de noviembre de 2025 las tres vecinas fueron denunciadas ante la FGR por invasión de bienes nacionales. Su defensa sostiene que se trata de un intento de utilizar el sistema de justicia para presionarlas a desalojar.
Incluso, durante una audiencia en Tuxtla Gutiérrez, policías armados acudieron al negocio de purificación de agua de Adriana Ovando para pedir a empleados y clientes que se retiraran, lo que –según la familia– afectó su actividad comercial.
Organizaciones defensoras de derechos humanos señalan que las presiones por parte de distintas dependencias federales han aumentado conforme avanzan las obras del Corredor Interoceánico, mientras que algunas familias continúan sin garantías de reubicación o vivienda.
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