Crece la violencia en Tamaulipas

Ciudad de México, diciembre 29. La violencia en Tamaulipas registra un repunte alarmante al concentrar 74 por ciento de las muertes clasificadas como “operaciones legales y de guerra” en México, de acuerdo con datos del Atlas de Homicidios México 2024 de la organización México Unido Contra la Delincuencia, analizados por el portal Animal Político. Este tipo de muertes, asociadas a agresiones en operativos de fuerzas de seguridad, aumentaron 184 por ciento a nivel nacional, al pasar de 29 casos en 2023 a 82 en 2024, lo que refleja un incremento significativo en la letalidad vinculada al uso de la fuerza del Estado.

Entre 2018 y 2024, Tamaulipas acumuló 259 muertes bajo esta clasificación, lo que convierte a la entidad en un caso extremo frente al resto del país. Destaca el municipio de Reynosa, donde la persistencia de estas muertes contrasta con el hecho de que no es el municipio con mayor número de homicidios generales en el estado, lo que revela una dinámica específica de violencia asociada a operativos de seguridad. En esta ciudad opera la octava zona militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, un elemento que contextualiza la alta presencia de fuerzas federales en la región.

Aunque las muertes por “operaciones legales y de guerra” representan apenas 0.1 por ciento del total de muertes violentas registradas oficialmente, especialistas advierten que su crecimiento es un indicador clave para evaluar la actuación de las fuerzas de seguridad. La investigadora Daniela Osorio explicó que esta categoría agrupa muertes violentas ocurridas durante operativos policiacos o militares, aunque en muchos casos no existen detalles públicos suficientes sobre las circunstancias que originaron las agresiones.

El análisis también muestra que otras entidades del norte del país registran este tipo de muertes, como Zacatecas, con 31 casos, y Coahuila, con 16, aunque ninguna alcanza la concentración observada en Tamaulipas. Además, se documentaron inconsistencias en la clasificación, como un caso en Baja California Sur registrado como “ejecución legal”, una figura que no existe en el marco jurídico mexicano, lo que genera cuestionamientos sobre la forma en que se registran estas muertes.

Ante este panorama, México Unido Contra la Delincuencia subrayó la necesidad de mayor transparencia, supervisión y rendición de cuentas en el uso de la fuerza por parte del Estado, así como de políticas públicas diferenciadas que atiendan las realidades territoriales donde la violencia letal sigue en aumento.