La iniciativa plantea reducir el tope para el incremento de las rentas y crear un registro de contratos de alquiler de vivienda, pero especialistas cuestionan la eficacia de estas medidas.
REDACCIÓN MÁS / IA
El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) presentó el martes 30 de julio una iniciativa que busca regular el incremento de las rentas y estimular la producción de vivienda para personas de menores ingresos. La propuesta fue entregada al Congreso local e implica modificaciones a la Ley de Vivienda de la CDMX y al Código Civil del Distrito Federal, así como la creación de un registro de contratos de arrendamiento.
El objetivo de la reforma es garantizar el derecho humano a una vivienda adecuada para toda la población, un derecho que ha sido vulnerado, según el texto de la iniciativa. Sin embargo, especialistas consultados por Animal Político consideran que las medidas propuestas son insuficientes y carecen de eficacia para su implementación.
Silvia Emanuelli, coordinadora de la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL), explicó que esta iniciativa forma parte de un conjunto de reformas en materia de vivienda impulsadas por la administración actual. Estas incluyen la regulación de espacios de renta de corta estancia, como Airbnb, y un programa piloto de vivienda para jóvenes. Aunque estas acciones demuestran la intención de las autoridades de abordar la crisis de vivienda, Emanuelli señala que no resuelven completamente los problemas.
“Son iniciativas que demuestran el reconocimiento de la crisis de vivienda y que el gobierno ha tomado conciencia de ella, pero son complicadas desde el punto de vista de la implementación”, apuntó Emanuelli.
CONTROL DEL INCREMENTO DE RENTAS
Una de las propuestas principales es modificar el artículo 2448 D del Código Civil local para que las rentas no puedan incrementarse anualmente por encima de la inflación. Actualmente, este artículo permite un aumento máximo del 10% anual, mientras que la inflación promedio de la última década es de 4.69% anual, permitiendo que las rentas crezcan más del doble de este porcentaje.
Rosalba González Loyde, investigadora de la UNAM en materia de vivienda, considera que esta propuesta es positiva pero limitada en su aplicación, ya que sólo se aplica a la renovación de contratos existentes, no a nuevos contratos. Además, señaló que en 2020, el 36% de las viviendas en la CDMX no tenían un contrato vigente, dejando una gran parte del mercado fuera de esta regulación.
REGISTRO DE CONTRATOS
La iniciativa también contempla la creación de un registro digital de contratos de arrendamiento, gestionado por el Gobierno de la CDMX, donde los acuerdos deberán ser inscritos en un plazo no mayor a 30 días de haberse celebrado. Sin embargo, Horacio Urbano, director de Centro Urbano, comentó que este registro no será viable ya que no establece medidas obligatorias para la inscripción de contratos ni incentivos para que los propietarios paguen impuestos.
Rosalba González Loyde coincidió en que, si no es obligatorio, el registro será solo una invitación, que implica obligaciones fiscales que los propietarios probablemente no aceptarán.
Por otro lado, Máximo Jaramillo, investigador del Instituto de Estudios Sobre la Desigualdad (Indesig), señaló que este registro podría proporcionar información valiosa sobre los precios de renta, ya que actualmente no hay datos oficiales al respecto, solo estimaciones.
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y POPULAR
Además del control en el precio de las rentas, la iniciativa propone la producción pública de viviendas de bajo costo para personas de bajos ingresos, como parte de un Programa Institucional de Vivienda de Interés Social y Popular. Este programa incluye acciones de mejoramiento de casas, rescate de la cartera hipotecaria, apoyos para construcciones en riesgo y un Programa Comunitario de Producción y Gestión Social del Hábitat.
Sin embargo, Silvia Emanuelli destacó que la efectividad de este programa dependerá del presupuesto asignado por la próxima administración de la Ciudad de México.
Horacio Urbano opinó que la iniciativa tiene un enfoque político para mostrar que el gobierno está abordando el problema de las rentas, pero no ofrece soluciones integrales. Señaló que es necesario una política pública de desarrollo urbano que equilibre la protección de inquilinos y propietarios.
González Loyde advirtió sobre el riesgo de que la construcción de vivienda social por parte del gobierno, y su posterior venta a precios asequibles, pueda ser contraproducente, ya que la vivienda dejaría de estar protegida al pasar al mercado.
Máximo Jaramillo mencionó el ejemplo de Singapur, donde las viviendas de arrendamiento hasta por 99 años garantizan un espacio a las familias sin opción de venta, sacándolas del mercado inmobiliario y asegurando su uso.
La iniciativa presentada por el Gobierno de la CDMX busca abordar la crisis de vivienda desde diversas aristas, pero enfrenta desafíos importantes para su implementación y efectividad real.
Con información de Animal Político