El Paso (EE.UU.), 13/05/2025(EFE).- El sol todavía no ha salido en El Paso (Texas) cuando Claudio Herrera y otros agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos inician su recorrido diario, aunque desde hace meses la intensidad de sus jornadas se ha reducido considerablemente.
La militarización de la frontera con México, ordenada por el presidente estadounidense, Donald Trump, ha provocado en poco tiempo un desplome histórico de la llegada de inmigrantes, en medio de crecientes denuncias de activistas que alertan sobre restricciones al derecho de asilo y deportaciones sin garantías legales.
Según datos oficiales publicados el lunes, en abril pasado se produjeron 8 mil 400 arrestos de personas que cruzaron la frontera sur de manera irregular, lo que supone una reducción de casi el 95% respecto al mismo mes del año anterior, cuando hubo 128 mil 900 detenciones.
Militares en la frontera
Ese desplome es palpable en la zona militarizada que el Pentágono estableció en una amplia parte de la frontera que abarca el estado de Nuevo México y la ciudad de El Paso, en el extremo occidental de Texas, donde ahora miles de soldados rastrean la zona en vehículos militares junto a la Patrulla Fronteriza.
«Hemos visto una reducción dramática en cuanto a las detenciones en el sector de El Paso. En 2023, tuvimos más de 2 mil 700 encuentros por día en promedio; sin embargo, ahorita es de entre 60 y 70», explica Herrera.
En esa zona del desierto, los varios kilómetros de muro fronterizo se ven interrumpidos por áreas montañosas sin ninguna valla; una falta de infraestructura que, según los agentes, ha sido aprovechada históricamente por los ‘coyotes’ o traficantes de personas para ayudar a cruzar a los migrantes a cambio de miles de dólares.
Durante un recorrido de EFE, uno de esos coyotes con pasamontañas trata de cruzar con un grupo de migrantes, pero da marcha atrás al percatarse de la presencia de los agentes, no sin antes dedicarles gestos obscenos desde territorio mexicano.
Según las autoridades, el mensaje de mano dura hacia la inmigración que proyecta el nuevo Gobierno de Trump, así como el establecimiento de la zona militarizada, han tenido el efecto disuasorio deseado en esa región, considerada una de las más calientes de los más de 3 mil kilómetros de frontera.
El general de brigada Jeremy Winters, alto responsable de la frontera sur, explica que las Fuerzas Armadas sólo pueden operar dentro de territorio nacional para apoyar a agencias federales ante crisis específicas.
Gracias a la zona militarizada, explica, los soldados pueden detener de forma temporal a los migrantes y coordinarse más efectivamente con la Patrulla Fronteriza para que estos los procesen.
En la práctica, quienes crucen la frontera en la zona militar se enfrentan a dos posibles delitos: entrar de forma irregular a Estados Unidos y allanar una propiedad militar.
El mensaje de Herrera y sus compañeros de la Patrulla es claro: «Si estás intentando cruzar de forma ilegal, no lo hagas. Vas a afrontar consecuencias. Todas las personas que crucen de manera ilegal están siendo arrestadas y procesadas para su deportación», asegura.
Impacto sobre el asilo y la comunidad local
La drástica reducción de cruces fronterizos se refleja en el centro de El Paso, antaño abarrotado de migrantes y donde ahora no transita casi ni un alma.
«Ahorita nuestras casas tienen muy pocos refugiados. Vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, pero es muy poco el número de gente a la que le estamos dando albergue», cuenta Rubén García, de la Annunciation House, una red de albergues que ha sufrido una embestida legal de las autoridades texanas para intentar cerrarlos.
Las cifras comenzaron a bajar en los últimos meses del mandato de Joe Biden (2021-2025), cuando el Gobierno demócrata comenzó a restringir el acceso al asilo en la frontera, unas restricciones que Trump ha endurecido, según denuncian las organizaciones humanitarias.
Durante los últimos años, muchas personas que cruzaban la frontera presentaban su caso de asilo, lo que les permitía quedar libres en el país mientras esperaban una cita ante un tribunal de inmigración.
Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), en abril pasado solo cinco personas fueron autorizadas a ingresar temporalmente a Estados Unidos para casos judiciales.
García apunta al respecto que va «contra la ley no dar el derecho a una persona a que pelee su caso de asilo» y declara que «hay que luchar» paras que se respete ese proceso.
La zona militarizada tiene también otros impactos: el pasado fin de semana fue cancelado el evento anual que permitía a familias mexicanas separadas por la frontera abrazarse durante unos minutos.
«No importa cuántas leyes pongan enfrente de nosotros, vamos a estar aquí y siempre vamos a ser una sola comunidad», declara Adriana Cadenas, una de las organizadoras.
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