Por Zitamar Arellano Trueba
Saltillo, Coahuila, 31/03/26 (Más).- El Congreso del Estado no entrará a la discusión del Plan B de la reforma electoral, recientemente aprobado en la Cámara de Diputados, hasta que no se den a conocer las “letras chiquitas”, aunque se sabe que obligará a reformar este mismo año la legislación estatal que se ve afectada.
La diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, coordinadora de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia del Congreso del Estado, sostuvo que el Poder Legislativo local no habrá de adelantarse mientras no queden definidas las disposiciones secundarias de la reforma federal, pues hasta ahora lo conocido son lineamientos generales que todavía no detallan cómo aterrizarán en lo particular.
La legisladora advirtió que, aunque ya existe una ruta general del llamado plan B, todavía faltan las reglas específicas que permitan dimensionar con claridad qué partes de la legislación coahuilense tendrán que modificarse.
Por ello, dijo que lo prudente es esperar antes de emitir posturas definitivas o abrir una discusión de fondo en el Congreso local. “Hay que poner atención en las letras chiquitas”, resumió, al señalar que esas reglas finas todavía no están escritas.
Explicó que en Coahuila el Congreso y buena parte de las instituciones estatales ya operan bajo parámetros de austeridad, por lo que en ese frente no anticipó un sobresalto inmediato.
Sin embargo, reconoció que donde sí podría haber ajustes es en la regulación de los ayuntamientos, un punto que consideró especialmente sensible porque la reforma federal apunta a generar cambios que después tendrían que adaptarse al diseño local.
En ese apartado, Oyervides Valdez dejó ver que la posible afectación a los municipios todavía es incierta. Señaló que, si finalmente la reforma federal modifica reglas relacionadas con los ayuntamientos, Coahuila tendría que ejercer su libertad configurativa para adecuar su marco jurídico interno y permitir que los municipios se adapten a las nuevas disposiciones.
Pero insistió en que, mientras no aparezcan las normas secundarias, cualquier valoración sería subjetiva.
La cautela no significa que el tema pueda postergarse indefinidamente. De acuerdo con el artículo 105 constitucional, las leyes electorales, federales y locales, deben promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes del inicio del proceso electoral en que vayan a aplicarse. Además, el propio INE ya ubica a 2026-2027 como el ciclo en que coincidirán diversos procesos electorales, por lo que cualquier ajuste que Coahuila quiera hacer valer en la elección municipal de 2027 debe quedar resuelto con suficiente anticipación, este mismo año.
Por eso, aunque el Congreso estatal no abrirá aún la discusión formal del plan B, el calendario sí empieza a apretar. La propia diputada reconoció que, conforme a los transitorios de la iniciativa federal, sí tendría que realizarse una homologación local, de modo que el margen de maniobra legislativa dependerá de cuándo y cómo queden finalmente redactadas las reglas complementarias.
En los hechos, la postura de Oyervides Valdez es la de una espera obligada: no precipitar una reforma a ciegas, pero tampoco perder de vista que la elección de ayuntamientos de 2027 exigirá reglas claras con anticipación suficiente. Así, el Congreso de Coahuila se declara en pausa táctica, a la espera de que la federación defina la letra menuda que terminará por marcar el alcance real de la reforma electoral en los municipios del estado.
Descubre más desde Más Información
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.