El 51.2% de los ingresos de la entidad están comprometidos en el pago de los pasivos, lo que limita su capacidad de inversión. Gracias a medidas fiscales y legales, desde 2016 ha disminuido el peso de la carga
Saltillo, Coahuila, 05/01/26 (Más).- Coahuila es el tercer estado del país con mayor nivel de deuda pública subnacional en relación con su capacidad de ingresos, al cerrar el tercer trimestre del 2025 con un índice del 51.2 por ciento.
Este porcentaje representa la proporción de los ingresos anuales totales que la entidad tendría que destinar para liquidar por completo sus obligaciones financieras, lo que refleja una elevada presión fiscal y un margen limitado para la inversión en servicios públicos y desarrollo.
La información fue difundida por El Economista, a partir de un análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, el cual coloca a Coahuila solo por debajo de Nuevo León –que encabeza la lista con una deuda equivalente al 75.9% de sus ingresos– y Chihuahua, que registra un 52.8%.
Por debajo de Coahuila se encuentra Quintana Roo, con 41.5%, mientras que el promedio nacional se mantiene en niveles mucho más bajos, con un mínimo histórico de 22.9% en el mismo periodo.
El indicador contempla la deuda subnacional total, es decir, la suma de los compromisos financieros de gobiernos estatales, municipios y organismos públicos locales, y se calcula en función de los ingresos totales anuales que incluyen tanto ingresos propios –como impuestos, derechos y productos– como los ingresos de origen federal, que comprenden participaciones y aportaciones.
A pesar del alto nivel de endeudamiento que aún enfrenta Coahuila, el estudio del CEFP destaca que la entidad ha realizado avances significativos en la reducción de su carga financiera en los últimos años.
En 2016, el estado registraba un índice de deuda del 91.5%, por lo que ha logrado disminuir su proporción en 40.3 puntos porcentuales. Este avance coloca a Coahuila como el segundo estado con mayor mejora en el país, solo detrás de Quintana Roo, que redujo su indicador de 89.9% a 41.5%, es decir, una baja de 48.5 puntos.
Esta evolución positiva se inscribe dentro del marco de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, vigente desde 2016, cuyo propósito ha sido controlar y ordenar los niveles de endeudamiento subnacional.
A partir de su entrada en vigor, el promedio nacional de deuda como porcentaje de los ingresos comenzó a descender: tras mantenerse cercano al 30% entre 2017 y 2021, a partir del 2022 inició un descenso más pronunciado, alcanzando su nivel más bajo en 2025.
En el periodo comprendido entre 2016 y el tercer trimestre de 2025, 30 de las 32 entidades federativas lograron disminuir la proporción de deuda en relación con sus ingresos, siendo Yucatán la única entidad que mostró un incremento, al pasar de 10.4% a 15.1%.
No obstante, en el caso de Coahuila, a pesar del esfuerzo por reducir su nivel de endeudamiento, el hecho de permanecer entre los primeros lugares del país en cuanto a presión fiscal por deuda evidencia los retos que aún enfrenta en materia de finanzas públicas.
La entidad debe destinar una parte considerable de sus ingresos al cumplimiento de obligaciones financieras, lo que limita sus capacidades presupuestales para atender otros rubros prioritarios como salud, educación, infraestructura y programas sociales.
En contraste, estados como Guerrero, Hidalgo, Puebla y Tabasco registran los niveles más bajos de presión por deuda, con índices que oscilan entre el 1.6% y el 5.3%. Tlaxcala, incluso, presenta un indicador de 0.0%, al no tener deuda registrada, lo que le otorga un margen fiscal amplio y una situación financiera más holgada.
El CEFP subraya la relevancia de este indicador como una herramienta útil para evaluar la sostenibilidad de las finanzas estatales, ya que permite dimensionar el peso de la deuda en relación con la capacidad real de cada entidad para hacerle frente.
Aunque Coahuila ha avanzado notablemente en la reducción de su pasivo, todavía enfrenta el desafío de consolidar una gestión financiera que le permita mantener estabilidad sin comprometer la inversión en su desarrollo económico y social.