Por Francisco Ortiz Pinchetti
A la memoria del reportero Rodolfo Guzmán, ‘El Negro’,
admirado colega y querido, inolvidable amigo.
Clara Brugada Molina ha decidido reinaugurar una narrativa tan antigua como peligrosa: la de culpar a los espejos de la realidad que ella misma no logra transformar.
Debo confiarles antes que nada que, como era común hace años en las redacciones, yo hice mis pininos reporteriles cubriendo la vilipendiada nota roja. Trabajé más de un año en el Magazine de Policía, una publicación bisemanal de Excélsior, que dirigía el experimentado reportero policiaco Manuel Camín. Su contenido era exclusivamente notas de violencia y crimen, a menudo francamente escandalosas. La eliminó Julio Scherer García poco después de su arribo a la dirección general de la cooperativa Excélsior, en 1968.
Mi experiencia –que incluyó el choque brutal de encontrarme por primera vez frente al cadáver de un baleado–, no fue grata, pero sí muy formativa. Me parece que la información policiaca implica un fogueo formidable para cualquier periodista en ciernes. Es la más viva y la más noticiosa. No estoy de acuerdo por supuesto con la exaltación de la violencia ni el escándalo amarillista, pero nunca seré partidario de que la información se oculte, y menos por razones políticas. Los hechos existen, no porque aparezcan o no en una pantalla televisiva o en las páginas de un diario. Punto.
Esto viene a cuento porque tras la publicación, el pasado 23 de enero, de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del cuarto trimestre de 2025, la mandataria capitalina reaccionó con una ligereza que alarma. Ante la evidencia estadística de que el miedo persiste en la capital, su respuesta no fue un ajuste de estrategia, sino una embestida contra los medios de comunicación, proponiendo que la prensa le “baje” a la nota roja para no “contaminar” la percepción ciudadana.
Es la política del repliegue ciego elevada a rango de gobierno. Para Brugada Molina, el hecho de que el 59.5 por ciento de los capitalinos confiese sentirse inseguro no es el resultado de la violencia real, sino de un supuesto exceso informativo. Según su lectura, el ciudadano no teme por lo que vive, sino por lo que lee. Esta postura pretende anular el incendio cerrando las ventanas y revela una desesperación evidente: ante la incapacidad de erradicar el delito en las calles, la administración opta por intentar gestionar el silencio.
Entiendo que no es fácil digerir que seis de cada diez de sus gobernados vivan en la inseguridad.
Ante la crítica que su declaración provocó, la mandataria intentó un viraje retórico que sólo confirmó su extravío. Este jueves, Brugada ha salido a reclamar en los medios que se difunden “mentiras” y que ella jamás propuso un “pacto de silencio”. Sin embargo, el matiz semántico no borra la intención: aunque rechace la palabra “pacto”, mantiene su exigencia de que los medios dejen de priorizar los hechos violentos en su agenda.
Al negar lo que sus propios labios sugirieron, la jefa de Gobierno no rectifica, sino que profundiza en la negación, acusando de mentirosos a quienes simplemente consignaron su pretensión de tutelar la libertad de información.
Cierto, los datos del Inegi son un mazo que golpea el optimismo artificial del discurso oficial. Mientras el Gobierno de la Ciudad de México presume una reducción del 56 por ciento en delitos de alto impacto respecto a 2019, la encuesta nacional revela que la vulnerabilidad ha vuelto a crecer. Al cierre de 2025, la percepción de inseguridad escaló al 59.5 por ciento, un repunte de cinco puntos porcentuales frente al 54.2 por ciento registrado apenas en el tercer trimestre del mismo año. La brecha entre la “verdad oficial” y la “verdad vivida2 se está ensanchando con una celeridad preocupante.
Hay en el discurso de Brugada Molina una contradicción técnica y moral que merece ser diseccionada. Si sus cifras oficiales son tan sólidas, ¿por qué la percepción ciudadana camina en sentido opuesto? La respuesta está en lo que el discurso oficial prefiere ignorar: la cifra negra y la violencia invisible que no alcanza las carpetas de investigación. Según la última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), más del 92 por ciento de los delitos en la capital no se denuncian. Esa enorme masa de criminalidad impune es la que alimenta el miedo, no los titulares de los periódicos. La extorsión, el robo en transporte y el acoso constante son realidades que configuran la vida diaria del vecino.
La gente no tiene miedo porque vea la televisión; tiene miedo porque vive en una ciudad donde la impunidad sigue siendo la regla y donde la Fiscalía parece más ocupada en la instrumentación política que en la desarticulación de las bandas que asolan los barrios. La ineficiencia en la procuración de justicia es el verdadero motor del desánimo social.
El contraste territorial en la capital es el mejor argumento contra la tesis del “ataque mediático”. En Iztapalapa y Gustavo A. Madero, siete de cada diez habitantes viven con temor constante. En cambio, la Alcaldía Benito Juárez se mantiene como un referente de seguridad, consolidándose trimestre tras trimestre como una de las demarcaciones con menor percepción de inseguridad en todo el país. ¿Acaso los habitantes de Benito Juárez no tienen acceso a los mismos medios que los de Iztapalapa? La diferencia no es informativa, es de resultados.
Sugerir que la población se siente insegura sólo por el impacto de las pantallas es una falta de respeto a la inteligencia del capitalino. Es ignorar el asalto en el Metro, la presencia de “halcones” en los mercados y el control territorial criminal. Pedir que los medios callen la violencia es pedir que se abandone a las víctimas a su suerte, pues muchas veces es la presión mediática la única vía para que una autoridad indolente se digne a investigar un feminicidio o un despojo.
La seguridad es una construcción de confianza que se gana palmo a palmo en la calle, no en las redacciones de los periódicos. La realidad no se transforma con ejercicios de relaciones públicas ni con la edición selectiva de la tragedia cotidiana. Se transforma con policías capacitados, con una fiscalía que no fabrique culpables y con un gobierno que acepte que el problema está en la calle, no en los noticieros. Al culpar al mensajero y negar sus propias palabras, Brugada evade la responsabilidad de revisar por qué su modelo de seguridad no está conectando con el sentimiento del vecino.
La nota roja en México no es la causa del miedo; es el registro de una enfermedad social que el gobierno se niega a curar de fondo. El miedo no es una alucinación colectiva ni un invento de la prensa; es el eco de una ciudad que se sabe vulnerable. El espejo no tiene la culpa de lo que refleja, y romperlo sólo dejará miles de pedazos que seguirán mostrando la misma realidad, pero ahora multiplicada por el silencio. Válgame.
DE LA LIBRE-TA
CALLENSE. A propósito de intentos de censura, merece leerse ‘Cállense, los nuevos rostros de la censura’, un libro que recoge textos de periodistas sobre los intentos gubernamentales de acallar la verdad, compilados por Humberto Musacchio (Ed. Grano de Sal). Escriben entre otros Sergio Sarmiento, Julio Astillero, Héctor de Mauleón, Rafael Cardona, Héctor Aguilar Camín, Yuriria Sierra, Carlos Loret, René Delgado, Francisco Garfias, Ciro Gómez Leyva, Denise Dresser y el propio Musacchio. Importante y sobre todo actual. Vale.