Redacción
Más información.-
Intereses canadienses, chinos y británicos podrían ser las primeras víctimas de la nueva ley minera que nacionaliza el litio y que fue aprobada en la sesión efectuada ayer por la Cámara de Diputados.
De acuerdo con información publicada por la revista proceso en 2021, los permisos para la explotación de un yacimiento de litio ubicado en Sonora fueron entregados a una comercializadora canadiense asociada con intereses chinos y británicos.
En total, durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, se emitieron 10 concesiones con una duración de 50 años para explorar y explotar 100 mil hectáreas en los municipios de Bacadehuachi y Nazo Chico en Sonora, donde se encuentra el yacimiento de litio más grande del mundo de acuerdo con los datos publicados por Proceso.
El yacimiento tendría en total más de 243 millones de toneladas de litio probadas y probables.
Las concesiones fueron cedidas al consorcio canadiense Bacanora Minerals Limited, que constituyó una serie de sociedades anónimas para la explotación del litio.
Posteriormente el corporativo canadiense se asoció con la empresa Hanwa de capital japones y con el consorcio chino Ganfeng Lithium, quienes tienen contratos firmados para abastecer del mineral a las empresas Tesla del multimillonario Elon Musk.
El litio es un metal muy liviano que concentra grandes cantidades de energía y que por esa característica es muy valorado en la elaboración de baterías que se utilizan a la industria de la telefonía celular, de los vehículos eléctricos e incluso en la carrera armamentista y de los viajes espaciales.
Ante la reciente aprobación de la ley minera se desconoce el futuro de las concesiones otorgadas, pero entre los escenarios posibles se encuentra la cancelación de las concesiones o permisos otorgados e incluso la expropiación de las instalaciones que estas empresas tengan en territorio nacional.
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