El aseguramiento judicial de una cabaña del exgobernador Javier Corral, hoy legislador de Morena, ha encendido un nuevo foco de tensión en torno a presuntos actos de corrupción. La propiedad, localizada en una zona protegida de la Sierra Tarahumara, quedó bajo resguardo como parte de una pesquisa por peculado agravado que apunta a un daño millonario al erario
Redacción Más
Como parte de una investigación por peculado agravado, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua aseguró una propiedad del exgobernador Javier Corral Jurado, actual legislador por Morena.
El inmueble, una cabaña rústica ubicada en la Sierra Tarahumara, fue incorporado a su declaración patrimonial y ahora queda bajo resguardo judicial. La medida busca impedir su venta o transferencia, con el objetivo de que su valor pueda destinarse a la reparación de un presunto daño al erario estimado en 98.6 millones de pesos.
La información fue publicada por el portal Emeequis, que detalló que la propiedad se localiza en el municipio de Ocampo, dentro de un área natural protegida y de acceso restringido. Su aseguramiento pone bajo escrutinio la imagen de austeridad promovida por Corral durante su mandato y reaviva cuestionamientos sobre el posible enriquecimiento ilícito de exfuncionarios públicos.
La cabaña, rodeada de bosque y construida en un estilo modesto, se ha convertido ahora en el símbolo visible de una pesquisa que amenaza con escalar en el ámbito judicial y político.
Corral ha sido señalado desde 2021 por supuestas irregularidades financieras durante su administración. Aunque él afirma ser víctima de una campaña de difamación, la investigación ha ido avanzando.
En agosto de 2024, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua intentó detenerlo en un restaurante de la colonia Roma, en la Ciudad de México, pero el operativo fue frustrado cuando el entonces encargado de la fiscalía capitalina, Ulises Lara, intervino para impedir su captura. Este episodio evidenció tensiones entre instituciones de justicia y encendió alertas sobre posibles actos de protección política.
El caso se vuelve aún más incómodo para Morena, partido que ha hecho de la lucha contra la corrupción una de sus principales banderas. La incorporación de Corral a sus filas legislativas pese a los señalamientos judiciales, coloca al oficialismo en una contradicción pública difícil de ignorar.
El aseguramiento de la cabaña no sólo complica la defensa del exgobernador, sino que también erosiona la narrativa anticorrupción del partido en el poder. Mientras la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua insiste en que actúa con apego a derecho, Corral se defiende en medios asegurando que enfrenta una persecución política. El desarrollo de este proceso se perfila como una prueba clave para medir la coherencia institucional y política del gobierno ante casos de presunta corrupción en sus propias filas.