Cerro del Pueblo

Por Heriberto Medina

Anexos

Hace décadas, en los años sesenta y setenta, el fenómeno delictivo en la frontera consistía principalmente en la introducción ilegal de diversas mercancías a México. Pronto, los contrabandistas se dieron cuenta de que era mucho más rentable ingresar drogas a Estados Unidos. A partir de entonces, la realidad empezó a cambiar y evolucionó hasta llegar al punto en que nos encontramos hoy.

Los grupos delictivos nacionales pasaron de la introducción de droga colombiana a territorio norteamericano, a la producción en México de estupefacientes, incluyendo la siembra de marihuana y el establecimiento de laboratorios para producir primero cocaína y posteriormente una serie de drogas sintéticas.

Los grupos criminales no se quedaron ahí. Ante la caída de los narcos colombianos, los cárteles mexicanos controlaronel comercio de drogas en todos los continentes. Hay numerosas evidencias, se han detenido traficantes sinaloenses y de otros estados en Europa, Asia y Oceanía, seguramente también en África.

Las grandes corporaciones del crimen, dirigidas y controladas por mexicanos, han llegado a acuerdos globales con mafias igualmente poderosas, como la china, con la que participan en el multimillonario negocio del fentanilo.

En el transcurso de ese crecimiento criminal, se rompió el mito de que la droga solo pasaba por el territorio nacional, pero no se quedaba.

Expertos señalan que hubo un momento clave, un punto de inflexión que derivó en el incremento de las adicciones y de otros problemas sociales vinculados. Ese parteaguas ocurriócuando los traficantes decidieron pagar con droga ciertos servicios prestados por diversos grupos, entre ellos las corporaciones policiacas. Quienes recibían los narcóticossabían que era mercancía con un valor de millones de pesos, pero, para obtener el dinero tenían que venderla, iniciaronasí un mercado local.

Hoy esos mercados locales son controlados por los propios cárteles de la droga, quienes cuentan con jefes de plaza en las principales ciudades del país y comercian con estupefacientes con muy poca oposición real de las autoridades, que no han tenido la capacidad o no han querido limitar el consumo interno.

Lo que para algunos ha representado millonarios ingresos, para otros se ha convertido en un sufrimiento permanente. La droga ha penetrado a tal grado en la sociedad que muchos hogares mexicanos enfrentan el drama de la adicción en alguno de los miembros de la familia.

No se trata de un tema menor. El propio adicto quiere ser libre, pero no puede. Al ver todo el sufrimiento que acarrea a sus seres queridos, en no pocas ocasiones deciden suicidarse, y muchas veces lo consiguen.

Esta realidad ha llevado a las familias a buscar opciones de rehabilitación y, ante la ausencia de centros establecidos por el gobierno, han optado por recluir a sus hijos en los llamados anexos. Se trata de lugares que en muchas ocasiones operan de manera clandestina, sin permiso de las autoridades, sin observar los protocolos más elementales de atención e incurriendo en torturas y maltratos que han terminado con la vida de muchas personas. Sus familiares los llevan ahí con una esperanza y al final reciben el cadáver de su ser querido.

En Coahuila, la Ley General de Salud obliga a la Secretaría a establecer centros de rehabilitación para adictos; sin embargo, hasta el momento no se sabe que la dependenciahaya puesto en funcionamiento ese tipo de clínicas.

La Secretaría de Salud también está obligada por ley a supervisar el funcionamiento de los centros privados de rehabilitación, los llamados anexos. Sin embargo, hemos visto una y otra vez cómo su trabajo ha sido, por lo menos, ineficaz, a juzgar por los adictos muertos al interior de esos lugares tanto en Monclova, como en Torreón y Saltillo. Las clausuras regularmente llegan una vez que la tragedia ya ocurrió.

Pareciera que todo el mundo sabe de la existencia de los anexos menos la Secretaría de Salud, que se entera hasta que los asesinatos y torturas ocupan las primeras planas de los periódicos.

Es momento de que las autoridades evalúen sus programas de acción y los modifiquen, porque es evidente que no están dando resultados.