Guanajuato, 12/12/24 (Más/IA).- La violencia contra los cuerpos de seguridad en Guanajuato no da tregua. En la madrugada del martes 10 de diciembre, tres policías estatales, hermanos entre sí, fueron asesinados en sus domicilios por sicarios que llegaron a bordo de dos camionetas blindadas, una de las cuales fue abandonada en la comunidad donde ocurrieron los hechos. Dos de las víctimas trabajaban como custodios en el penal estatal de León, mientras que el tercero era agente de la Secretaría de Seguridad Pública.
“Fue muy focalizado el evento, fue muy directo”, comentó Samuel Ugalde, jefe de policía de la capital del estado. “las víctimas estaban ahí con su familia, en los inmuebles”.
Este ataque eleva a siete el número de agentes estatales asesinados en apenas mes y medio. El 1 de noviembre, tres custodios del penal de León fueron emboscados y ejecutados cerca de la comunidad de Los Ramírez. Días después, una agente estatal fue asesinada en Abasolo, al sur de León.
Guanajuato lidera a nivel nacional las estadísticas de asesinatos de policías. Según la organización Causa en Común, el estado registra 50 agentes caídos en lo que va de 2024. Desde 2018, el Proyecto Azul Cobalto contabiliza 369 policías asesinados en la entidad, de los cuales 304 eran municipales, principalmente de León, Irapuato y Celaya. En las últimas semanas, sin embargo, el crimen organizado ha enfocado sus ataques contra la corporación estatal, particularmente contra los custodios de prisiones.
David Saucedo, experto en seguridad, explicó que el control que los grupos criminales ejercen en varias cárceles del estado genera conflictos que trascienden los muros de los penales. “En muchas cárceles de Guanajuato hay autogobierno, los grupos criminales tienen el control de las actividades ilícitas al interior”, señaló.
Según Saucedo, los custodios a menudo aceptan sobornos de grupos criminales, pero cuando estos se ven afectados, toman represalias contra los oficiales en su tiempo libre.
La violencia en Guanajuato está estrechamente ligada a la disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Santa Rosa de Lima. Estas organizaciones compiten por el control de actividades ilícitas como la venta de metanfetaminas, el robo de combustible y el cobro de extorsiones.
El gobierno estatal ha experimentado cambios significativos en su estrategia de seguridad. Con la llegada de la gobernadora Libia García, se designó un nuevo secretario de Seguridad, Juan Mauro González, quien adoptó un enfoque más ofensivo en el combate al crimen. Este cambio contrasta con las instrucciones previas del exfiscal Carlos Zamarripa y el exsecretario de Seguridad Alvar Núñez Cabeza de Vaca, quienes, según Saucedo, optaron por un repliegue de las fuerzas estatales.
“Con la nueva administración, los elementos estatales están saliendo a campo y tomando una posición más activa. Eso está provocando que los cárteles respondan atacándolos, ya sea policías o custodios”, apuntó el analista.
A pesar de una ligera disminución en los homicidios durante los últimos dos años, Guanajuato sigue siendo uno de los estados más violentos del país. En 2023, registró 3,132 asesinatos, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, un número aún alto, aunque por debajo del récord de 5,370 homicidios en 2020.
La persistente violencia refleja la complejidad de la crisis en el estado, donde el enfrentamiento entre cárteles, la corrupción en las instituciones y los ajustes de cuentas mantienen en jaque a las fuerzas de seguridad y a la sociedad. Guanajuato enfrenta el reto de revertir años de impunidad y descontrol en un contexto de violencia que parece no tener fin.
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