Por Leslie Zamora
Saltillo, Coahuila, 07/10/2025 (Más).- La diputada local Beatriz Fraustro Dávila presentó una iniciativa para reformar el artículo 234 Bis de la Ley de la Familia en Coahuila, con el objetivo de garantizar la protección del patrimonio familiar durante los procesos de divorcio. La propuesta busca asegurar que los bienes y recursos se distribuyan de manera justa entre los cónyuges y los hijos, evitando prácticas que puedan afectar su bienestar económico.
Fraustro Dávila explicó que en muchos casos, previos al divorcio, una de las partes transfiere propiedades a familiares, cambia de bienes de nombre o reduce artificialmente sus ingresos, con el fin de disminuir las pensiones alimenticias o la repartición de bienes. Estas acciones, señaló, perjudican principalmente a mujeres y niños, quienes dependen económicamente del sustento familiar.
La iniciativa plantea que los jueces puedan investigar el estilo de vida, la situación patrimonial real de los cónyuges, más allá de los ingresos fiscales declarados. De esta manera, se busca que las resoluciones reflejen de manera más precisa la capacidad económica de cada parte y garanticen que se mantenga un nivel de vida adecuado para los hijos y la madre que se haya dedicado al hogar.
Según la legisladora, uno de cada tres matrimonios en Coahuila termina en divorcio, y en casi la mitad de esos casos se presentan conflictos económicos derivados de las prácticas antes mencionadas. Por ello, la reforma también pretende incorporar una perspectiva de género, priorizando la protección de quienes históricamente han quedado en desventaja económica dentro del proceso familiar.
Entre los elementos que los jueces podrían considerar se encuentran pruebas sobre domicilios, compras conjuntas, depósitos y cualquier indicio que refleje el patrimonio y la calidad de vida que tenía la familia antes del divorcio. El objetivo es que las resoluciones no se basen únicamente en lo declarado fiscalmente, sino que contemplen la realidad económica de los cónyuges.
La diputada destacó que esta medida busca evitar la violencia económica, un fenómeno que se produce cuando, tras el divorcio, se reducen de manera abrupta los recursos para la manutención de los hijos y del cónyuge que dependía del hogar. Con esta reforma, se pretende garantizar que los derechos de la familia sean salvaguardados y que la distribución patrimonial sea justa.
Fraustro Dávila indicó que la iniciativa se encuentra en proceso de análisis y socialización, con la expectativa de que una vez aprobada, los jueces tengan herramientas legales más claras para proteger el patrimonio familiar y asegurar que los beneficios económicos del matrimonio se respeten durante y después de los procesos de divorcio.
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