¿BUENO, Y LA BOCA DEL TRIBUNAL?

Por Horacio Cárdenas Zardoni

Todo el mundo lo sabe, es un lugar común del que los periodistas, los analistas, las organizaciones no gubernamentales y los políticos de oposición, echan mano constantemente: México es el país de la impunidad, no solamente porque cada año que se evalúa, aparece como uno de los peores calificados en los rankings de cumplimiento de las leyes, sino por lo que nosotros los ciudadanos, para no dar la coba a ya sabes quien que habla del pueblo bueno y sabio, tenemos que soportar y sufrir en materia de delitos que se cometen hacia nuestras personas individuales y colectiva.

Aquí habría que hacer una distinción entre las distintas clases de impunidad, o si nos permite plantearlo un poco mejor, entre aquellos delitos en los que hay más impunidad, en relación con los otros para los que el aparato de justicia ha logrado una mayor efectividad y en consecuencia una menor impunidad. Se habla de una impunidad en el país superior al 90%, algunos dicen que llega hasta el 99%, pero ojo, aclaran que esto es de los delitos que se denuncian, y todavía en el colmo del pesimismo, por lo demás imposible de corroborar de ninguna manera razonable se cuenta que por cada delito denunciado hay por lo menos diez que no se denuncian, esto por la desconfianza, el desencanto de la población respecto del sistema judicial mexicano ¿Para qué perder un día, varios días, semanas o años esperando que me resuelvan el robo del espejo del carro, un asalto a la vuelta de la casa, que me hayan desvalijado el domicilio, que me hayan golpeado unos pandilleros?, suele resultar peor para el afectado, por lo menos entre los delincuentes se corre la voz de a ese no, ya lo bolseamos hace tantos días, no trae ni en qué caerse muerto. Esto es cierto, lastimosamente cierto, desconfiamos de la autoridad judicial, y preferimos apechugar, por lo menos en lo que se refiere a crímenes de bajo impacto, a los de más alto… no es que confiemos en que vayan a resolvernos un caso de secuestro, de desaparición, de homicidio, pero allí dizque el sistema actúa de oficio, y sobre estos es sobre los que se construye la estadística de impunidad.

Pero hay algo que nos preocupa mucho en los tiempos que corren en el estado de Coahuila, ¿los delitos electorales, cómo andan en la estadística de denuncias y de soluciones?, lo decimos porque está en marcha, oficialmente desde el primero de enero y extraoficialmente desde hace muchos meses atrás, y los delitos electorales, o llamémosle faltas para no ofender a los involucrados, que poca pinta tienen de inocentes, ¿cómo anda la eficiencia de los tribunales para atender las denuncias?, y mire que nos estamos ocupando solamente de delitos denunciados, hay otros, probablemente la proverbial referencia a la punta y el resto del iceberg, de delitos de lo que pocos o nadie se dan cuenta, y que por consiguiente no llegan ante un juez que los conozca y sentencie sobre ellos, ¿se imagina si un tribunal electoral estatal, regional o federal dictamina sobre diez delitos, querría decir que debajo de ellos hay cien que no vieron la luz?, la idea nos hace estremecer, solo de pensar que si los cometieron los que ganan, así gobernarán, y si los cometieron los que perdieron, qué clase de fichitas circulan en la escena política con casi absoluta impunidad, lo que obvio es decir, los envalentona para seguir igual o cada vez peor.
En el actual proceso electoral ha habido un montón de denuncias por actos anticipados de campaña. Los señalados por estos delitos, perdón por estas acciones, son básicamente los que buscaban la nominación a la gubernatura por parte del Movimiento de Regeneración Nacional, sucursal Coahuila, Luis Fernando Salazar, Ricardo Mejía Berdeja y Armando Guadiana Tijerina. Tan agua lleva el río, que suena, o algo así dice el dicho popular, que el nombre de Coahuila se ventiló como el del Estado de México, en el que las llamadas corcholatas, los aspirantes a la nominación, también de MORENA pero para la presidencia de la república, Adán Augusto López, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, se anduvieron placeando, y les mereció una llamada de atención del Instituto Nacional Electoral, pues estaban haciendo proselitismo fuera de tiempo.

A los locales la reconvención vino del Instituto Electoral de Coahuila y también del Tribunal Electoral, conminándolos a bajarle a su calentura, concretamente se les pidió retirar toda la publicidad de exteriores, los famosos espectaculares, que habían colocado por aquí y por allá por todo el territorio coahuilense, incluso usando subterfugios como los candorosos de Mejía Berdeja, de aparecer en la portada de una supuesta edición de una supuesta revista que solo sirve para eso, para diseñar portadas que se reproduzcan en espectaculares, y las mentadas entrevistas y ediciones jamás ven la luz. Pero claro, estos retorcimientos escapan a la capacidad de la autoridad electoral y judicial de identificarlos y perseguirlos.

Ha habido otras denuncias, en el caso de Ricardo Mejía Berdeja de utilizar recursos gubernamentales para su campaña, precampaña o lo que sea, comenzando con el avión de la guardia nacional, que tanto ha de estar extrañando ahora que es desempleado, hasta lo que se pueda imaginar. Otra denuncia radica en el exceso de gastos en precampaña, que recordemos le costó la candidatura a dos aspirantes hace un par de años, en Guerrero y en Michoacán, que el INE, contra la voluntad hasta del presidente, los bajó de candidatos, en aquella ocasión por no entregar comprobantes, pero se sospechaba además el uso excesivo de dinero de proveniencia no muy clara. Otra vez el caso de Mejía, ni siquiera tiene el tiempo de residencia en el estado, al parecer ni siquiera credencial de elector con domicilio en Coahuila, por no hablar del punto de la militancia, porque ponga, y estirando mucho, que sí pudiera acreditar un cierto número de años como integrante de MORENA, pero con eso de que se bajó de este partido que le negó la candidatura, para irse al Partido del Trabajo, organismo en el cual por supuesto que no tiene antigüedad, ni militancia, ni nada. Está también el tema de aquel caso de la venta del padrón electoral en el año 2017, en que Ricardo militaba en Convergencia, que luego se convirtió en Movimiento Ciudadano, según esto no se configuró una pena corporal, pero antecedente hay, y bueno, la pregunta obligada ¿y cuándo se va a tomar el IEC y el tribunal electoral el tiempecito para desahogar estos delitos, los que cuenten con denuncias y algo que haya que perseguir de oficio?

Si como se especula algunos podrían significar quitarles la candidatura o precandidatura a este o a aquel, pues mientras más pronto mejor, en cambio si los dejan hacer campaña política, que luego se transforme en acusaciones de que son víctimas de persecución, todos salimos perdiendo, primero el clima electoral, luego las instituciones y finalmente los ciudadanos y la paz en el estado. Sí, los tiempos son lo que son y las burocracias lo mismo, pero hay cosas que ya no pueden esperar.