Villahermosa, Tabasco, 14/07/25 (Más).- El gobierno de Adán Augusto López, quien encabezó el Ejecutivo de Tabasco entre 2018 y 2021, se encuentra bajo escrutinio tras revelarse la existencia de una presunta red criminal dirigida desde las estructuras oficiales de seguridad pública del estado. Al centro del escándalo se encuentra Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública y señalado por autoridades militares y estatales de haber liderado la organización criminal conocida como La Barredora, que operó durante años con impunidad.
La revelación más reciente provino del jefe militar en Tabasco, general Miguel Ángel López, quien confirmó este fin de semana que existe una orden de aprehensión contra Bermúdez Requena desde febrero. El general también reconoció que Requena se fugó ese mismo mes, frustrando así los intentos de su captura.
Las acusaciones contra el exjefe policial no son nuevas; el actual gobernador del estado, Javier May, también emanado de Morena, ya había hecho señalamientos en noviembre del año pasado y enero de este año.
May cuestionó directamente la actuación tanto de Adán Augusto López como de su sucesor, Carlos Merino, por haber mantenido a Requena en su cargo a pesar de los indicios sobre sus actividades delictivas.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha manifestado su respaldo a Adán Augusto y ha declarado que no cree que el exgobernador estuviera implicado en los crímenes cometidos por Requena. Adán Augusto, actual coordinador de Morena en el Senado y exsecretario de Gobernación durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, ha evitado pronunciarse sobre el tema.
Los indicios sobre la operación de La Barredora bajo la protección de las autoridades datan de varios años. En documentos del Centro Regional de Fusión de Inteligencia Región Sureste (Cerfi), obtenidos por el colectivo de hackers Guacamaya, se señala que desde febrero de 2021 el Ejército tenía conocimiento de la participación de Bermúdez Requena en actos criminales. Un reporte de esa fecha lo vincula con el asesinato de un líder criminal identificado como ‘Kalimba’, y menciona también a Tomás Díaz, asesor de la policía ministerial de la Fiscalía de Tabasco, y a otro individuo conocido como Rayo.
En agosto de 2022, el informe ‘Actividad Delictiva en Tabasco’ ubicaba a Requena como líder operativo de La Barredora junto a otros funcionarios de alto nivel en la estructura policial estatal, como el comisionado José del Castillo, el director general Leonardo Arturo Leyva y el expolicía federal Ulises Pinto. A pesar de esta información, no se iniciaron carpetas de investigación en su contra, y Requena permaneció en funciones hasta su renuncia en enero de 2024.
La estructura criminal operaba actividades como tráfico de drogas, extorsión y robo de combustible. Las batallas entre La Barredora y la célula local del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), antiguos aliados, incrementaron la violencia en un estado que hasta hace pocos años no figuraba en los primeros lugares de inseguridad. La infiltración de las corporaciones de seguridad pública en las redes criminales agudizó la crisis.
El gobierno de Javier May ha emprendido una ofensiva contra el crimen organizado en la entidad. En enero fue detenido Tomás Díaz, y en marzo cayó su colaborador Francisco Javier Custodio, alias ‘El Guasón’. En mayo se logró el desmantelamiento de un centro logístico dedicado al robo y almacenamiento de combustible, donde se decomisaron tres millones de litros.
El debilitamiento de La Barredora ha dejado un vacío de poder en Tabasco que, según especialistas, podría derivar en una nueva pugna por el control de las economías ilícitas. La situación no es nueva para otras regiones del país como Guanajuato, Guerrero o Tamaulipas, que también han enfrentado reorganizaciones criminales tras la caída de cárteles dominantes.
El paradero de Bermúdez Requena, conocido como ‘Comandante H’, sigue siendo desconocido. El gobernador May ha prometido ofrecer más detalles sobre el caso. Mientras tanto, aumentan las presiones para esclarecer el grado de conocimiento o posible omisión por parte de los anteriores gobernadores. El caso ha reavivado el debate sobre la penetración de las organizaciones delictivas en las instituciones del Estado y la necesidad de reformas estructurales para combatir la gobernanza criminal.
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