Mientras el Órgano de Administración Judicial recorta hasta 500 puestos de confianza para reducir costos, la Suprema Corte adquiere camionetas blindadas de lujo, desatando críticas por ejercer una “austeridad selectiva”. Los despidos afectan principalmente a personal administrativo vulnerable, en contraste con el mantenimiento de privilegios en la alta jerarquía judicial
Redacción Más
En el marco de las políticas de austeridad implementadas por la administración federal, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) ha comenzado el despido de entre 350 y 500 trabajadores de confianza en todo el país, con el argumento de reducir 10% el costo anual de las estructuras orgánicas del Poder Judicial.
Sin embargo, el recorte ha coincidido con la adquisición de camionetas blindadas de lujo por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que ha generado críticas por la disparidad en el ejercicio del presupuesto.
De acuerdo con una investigación publicada por Emeequis, la medida forma parte del acuerdo de disciplina presupuestaria aprobado en diciembre de 2025, y afecta principalmente a analistas, técnicos administrativos y jefaturas de departamento, quienes ya comenzaron a recibir notificaciones de terminación de nombramiento.
Según el OAJ, el 92% de su presupuesto se destina a sueldos y salarios, lo que obliga a implementar recortes para “eficientar recursos”.
El contraste, sin embargo, es marcado. Mientras cientos de empleados pierden su fuente de ingresos, la Corte destinó millones de pesos a la compra de camionetas blindadas valuadas en 7 millones cada una, justificando la inversión como una medida para reforzar la seguridad de los ministros. Este gasto ha sido señalado como una muestra de austeridad selectiva, en la que se restringen recursos para la base laboral, pero se mantienen privilegios para la alta jerarquía judicial.
El OAJ fue creado como parte de la reforma judicial que reconfiguró la administración del Poder Judicial de la Federación. Actualmente, gestiona a cerca de 50 mil servidores públicos, de los cuales más de 11 mil forman parte de las áreas administrativas y auxiliares. Es precisamente en este sector donde se concentran los despidos, al tratarse de personal de confianza no sindicalizado, más vulnerable ante los recortes presupuestales.
Desde su arranque en septiembre de 2025, el organismo ha enfrentado múltiples inconformidades. Durante los primeros meses, empleados denunciaron retrasos en pagos, ajustes salariales y recortes a prestaciones. En noviembre, más de 500 jueces y magistrados se manifestaron por la falta de pago de indemnizaciones extraordinarias. Para enero, los reclamos aumentaron ante la eliminación de una ayuda de traslado, lo que representó una reducción de 2,642 pesos quincenales para secretarios y actuarios.
Pese al discurso institucional que promueve una administración “eficiente y responsable”, los recortes contrastan con la continuidad de privilegios en la cúpula judicial, evidenciando una brecha creciente entre quienes mantienen operativos los tribunales y quienes ostentan el poder en la estructura del Poder Judicial. Las decisiones presupuestarias del OAJ han encendido el debate sobre la legitimidad del modelo de austeridad vigente y su aplicación desigual.