Morelia, Michoacán 28/03/26 (Más).- El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, se encuentra prófugo de la justicia luego de que un juez estatal girara una orden de aprehensión en su contra por los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad y tortura, relacionados con el operativo policial realizado en 2017 en la comunidad indígena de Arantepacua, en el municipio de Nahuatzen.
La orden de captura también alcanza a Juan Bernardo Corona, exsecretario de Seguridad Pública estatal, así como a 14 policías, todos ellos señalados por su presunta participación en los hechos violentos que dejaron cuatro civiles muertos y múltiples violaciones a los derechos humanos.
El caso denominado “la masacre de Arantepacua”, se remonta al 5 de abril de 2017, cuando fuerzas estatales desplegaron un operativo tras una serie de protestas derivadas de un conflicto agrario entre comunidades purépechas.
La intervención policial, en la que participaron al menos 300 elementos, derivó en un enfrentamiento armado luego de que habitantes exigieran la liberación de comuneros detenidos un día antes. Como saldo, además de los fallecidos, se reportaron heridos, cateos ilegales y detenciones arbitrarias.
En 2020, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación 42VG/2020, en la que documentó ejecuciones, uso excesivo de la fuerza, tortura y allanamientos sin orden judicial en decenas de viviendas.


El organismo concluyó que la actuación de las autoridades fue ilegal, desproporcionada y violatoria de derechos fundamentales, por lo que pidió investigar la cadena de mando, incluyendo al entonces gobernador.
La reapertura del caso cobró fuerza este 27 de marzo de 2026, cuando la Fiscalía General del Estado de Michoacán solicitó las órdenes de aprehensión tras avanzar en las investigaciones sobre la actuación de los cuerpos de seguridad.
El proceso judicial busca esclarecer responsabilidades institucionales en uno de los casos más representativos de violaciones a derechos humanos en comunidades indígenas.
Además, Aureoles enfrenta otro proceso a nivel federal por un presunto desfalco millonario relacionado con la construcción de cuarteles policiales durante su administración.
Algunas versiones apuntan a que, Silvano Aureoles, habría salido del país lo que mantiene su estatus como prófugo de la justicia.
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