Así ubicaron Pegasus

El uso del espionaje como herramienta de poder en México resurge con fuerza tras nuevas revelaciones sobre un supuesto centro clandestino operado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Documentos señalan que la PGR instaló un sistema de vigilancia en una mansión confiscada a Raúl Salinas, hermano del expresidente Carlos Salinas, bajo la gestión de Jesús Murillo Karam y Tomás Zerón, ambos acusados por delitos graves

Esta información fue publicada por El País con la firma de Zedryk Raziel. Para ver la publicación original presionar aquí.

Tomado de El País

La historia del espionaje en México está muy ligada al PRI. En el siglo pasado, la Dirección Federal de Seguridad (DFS), la siniestra policía política del priismo, hizo un seguimiento pormenorizado de disidentes, periodistas, artistas y hasta funcionarios del propio gobierno. Existen indicios de que la DFS también participó en el asesinato de periodistas y políticos incómodos. Con el regreso del PRI al poder, en 2012, el espionaje volvió a instalarse en la política mexicana como práctica de control. Así lo demuestra el hecho de que el malware Pegasus, oficialmente comprado durante el sexenio de Enrique Peña Nieto para tareas de inteligencia contra el crimen organizado, se utilizó para vigilar a activistas, periodistas y políticos de oposición. Una nueva revelación apunta a que la Procuraduría General de la República (PGR), ahora Fiscalía, operó un centro de espionaje clandestino desde una casa que tenía bajo su resguardo y que le había sido confiscada a Raúl Salinas, hermano del expresidente priista Carlos Salinas de Gortari, de acuerdo con documentos ministeriales a los que ha tenido acceso El País.

Los indicios apuntan directamente al exprocurador priista Jesús Murillo Karam, cercano colaborador de Peña Nieto, presidente de México de 2012 a 2018. También vinculan a Tomás Zerón, que fue director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), el órgano de inteligencia de la Procuraduría. Tanto Murillo como Zerón enfrentan procesos judiciales por malos manejos en la PGR. Ambos fueron acusados de los delitos de desaparición forzada y tortura en el caso Ayotzinapa. Murillo está en prisión domiciliaria, mientras que Zerón se encuentra prófugo en Israel, país con el que México no tiene tratado de extradición, y hogar de empresarios con quienes el exdirector de la AIC hizo tratos desde el gobierno priista. De hecho, la Fiscalía, ya en la era de Andrés Manuel López Obrador, denunció a Zerón por la compra irregular de aparatos de intercepción de comunicaciones. Se trata de una segunda causa por la que México espera procesar al exfuncionario, si logra el favor del gobierno de Benjamín Netanyahu.

Pegasus no fue la única adquisición de instrumentos para el espionaje en el sexenio de Peña Nieto. El expresidente acaba de transitar una semana horribilis luego de que dos empresarios israelíes, Avishai Neriah y Uri Ansbacher, ventilaron en tribunales de ese país que invirtieron 25 millones de dólares para corromper a funcionarios del peñismo, incluido al propio Ejecutivo, con la finalidad de asegurarse contrataciones con el Gobierno, entre las que destaca, por supuesto, la venta del infame programa de extracción de datos de teléfonos celulares. La actual Fiscalía, encabezada por Alejandro Gertz, integró en su día el expediente del espionaje operado presuntamente por Zerón y Murillo. Es allí donde apareció la pista que conduce a una mansión de Raúl Salinas, El Hermano Incómodo, ubicada en Avenida Explanada 1230, en la lujosa colonia Lomas de Chapultepec, en Ciudad de México.

La Fiscalía inició una vasta investigación sobre los gastos que se hicieron en la era de Murillo con cargo a la opaca partida de Gastos de Seguridad Pública y Nacional, algo así como una caja chica en la que el dinero se manejaba en efectivo y con pocos controles. Esa partida se creó para solventar los gastos relacionados con operativos delicados, por ejemplo, pagar el despliegue de agentes encubiertos o la manutención de testigos protegidos. Pero la Fiscalía descubrió que la PGR de Murillo usó de manera irregular el fondo para hacer adquisiciones que debían regirse por las leyes ordinarias de toda contratación pública, mediante licitaciones y mecanismos de transparencia. Este diario ha revelado que la malversación de fondos de esa partida ronda los 3,300 millones de pesos.

Una de las indagatorias se relaciona con la firma Duritz Holdings Limited, una empresa offshore con domicilio fiscal en Gibraltar y cuentas bancarias en Suiza. La Fiscalía acusa directamente a Zerón de haberle asignado un contrato de 250 millones de pesos para la adquisición de un sistema informático y equipos de intercepción de comunicaciones, en noviembre de 2013. Los fiscales no hallaron rastro de los bienes supuestamente comprados en el inventario de la dependencia. En un principio, pareció que se trató de una típica simulación de contrato para desviar recursos, donde el gobierno paga lo acordado sin recibir, en realidad, nada a cambio. La Fiscalía acusó a un grupo de siete exfuncionarios, con Zerón a la cabeza, de asociación delictuosa, ejercicio indebido del servicio público, peculado y fraude. No obstante, uno de los acusados, Humberto Antimo Rivera, exdirector general de Seguridad Institucional de la PGR, aportó un valioso elemento que cambió el curso de las indagaciones.

Antimo Rivera señaló a los fiscales que Duritz Holdings sí entregó el programa y los equipos, pero estos se instalaron fuera de la Procuraduría, en el domicilio ubicado en Avenida Explanada 1230. La defensa legal de Antimo Rivera pidió a la Fiscalía, en un oficio fechado en diciembre de 2020, llevar a cabo diligencias en ese inmueble, donde, según el exfuncionario, “se instalaron los equipos, motivo del contrato”. Con ello, Antimo Rivera quería demostrar que “el objetivo del contrato sí se llevó a cabo”. En ese requerimiento, el exfuncionario aportó pistas sobre la operación del centro de espionaje. Por ejemplo, sugirió que estuvo funcionando de septiembre de 2013 a septiembre de 2015. También indicó que el inmueble estaba bajo el resguardo de la Oficialía Mayor de la PGR, cuya titular era entonces Aracely Gómez Molano, una funcionaria de toda la confianza de Murillo y quien autorizó las millonarias adquisiciones que ahora son objeto de investigación.

La PGR le había embargado aquel inmueble a Raúl Salinas desde 1996, como parte de una vasta indagatoria en su contra por enriquecimiento ilícito, blanqueo de capitales y corrupción. La entonces Procuraduría sostuvo que su riqueza aumentó injustificadamente en 52 millones de dólares en un periodo de siete años –en los que fue funcionario público– y le confiscó 41 inmuebles ubicados en Ciudad de México y otros Estados. Investigaciones dentro y fuera de México documentaron que la fortuna ilícita de Salinas provino presuntamente de sobornos del narcotráfico y de actos de corrupción en la venta de empresas estatales durante el sexenio de su hermano, en el que tuvo lugar el gran desmantelamiento de empresas del Estado. Después de 17 años de litigio en los tribunales, en 2013, un juez absolvió a Raúl Salinas y ordenó que se le devolviesen sus bienes.

La PGR mantuvo bajo su control el inmueble de Lomas de Chapultepec hasta 2015, año en que fue entregado al Servicio de Enajenación de Bienes (SAE) de la Secretaría de Hacienda, de acuerdo con fuentes de la Fiscalía. Para ese año, Murillo ya había sido reemplazado por Arely Gómez en la titularidad de la Procuraduría. A partir de las declaraciones de Antimo Rivera, los fiscales que indagaban el asunto de Durtiz Holdings plantearon a Gertz la hipótesis de que, en aquella casa, Murillo y Zerón habían operado un centro de espionaje clandestino bajo las órdenes del presidente Peña Nieto y probablemente del propio Raúl Salinas, según las fuentes consultadas.

La Fiscalía no logró confirmar la pista de Antimo Rivera, debido a que ya habían pasado cinco años desde que la PGR se deshizo de la mansión de Salinas, presumiblemente, con todo y las evidencias. No obstante, afirman las fuentes, la investigación está abierta y puede seguir otras rutas para llegar a la confirmación de lo que hasta ahora es un indicio. El último affaire de Peña Nieto ha revivido el fantasma del espionaje y abre una nueva oportunidad para la rendición de cuentas.