Ciudad de México, noviembre 4. La revisión del expediente criminal de la masacre de la familia LeBarón revela graves omisiones en la investigación del tráfico de armas que permitieron al crimen organizado acceder al arsenal utilizado en el ataque ocurrido el 4 de noviembre de 2019 en los límites de Sonora y Chihuahua. De acuerdo con los documentos judiciales, a los que tuvo acceso el portal El País México, el caso sigue lleno de vacíos, pese a que dos de los rifles empleados en el atentado fueron rastreados hasta su origen en tiendas de Estados Unidos.
Según la información de El País México, el expediente detalla la investigación de los indicios balísticos y el rastreo de las armas, entre ellas un rifle Anderson calibre 5.56 modelo AM-15 y un rifle Zastava modelo M92PV calibre 7.62 x 39 mm, ambos utilizados para asesinar a tres madres y 14 niños, ocho de los cuales sobrevivieron. Las armas fueron rastreadas hasta su compra legal en armerías de Arizona y Nuevo México, pero las autoridades de ninguno de los dos países indagaron cómo terminaron en manos de los narcotraficantes.
El expediente precisa que el rifle Anderson, con matrícula 18288602 y alcance de hasta 800 metros, fue comprado el 9 de marzo de 2019 en la tienda Tombstone Tactical, en Phoenix, Arizona, por un joven estadounidense de 24 años originario de Sacramento, California. Ese mismo día, Rhonita María LeBarón Miller, una mujer mormona de 30 años que vivía en La Mora, Sonora, se preparaba para el nacimiento de sus gemelos, quienes morirían ocho meses después en la masacre. El fusil recorrió más de 550 kilómetros hasta llegar a México, sin que las autoridades hayan rastreado la cadena de tráfico.
El segundo rifle, un Zastava M92PV calibre 7.62 x 39 mm con matrícula M92PV039918 y alcance de 300 metros, fue vendido el 9 de agosto de 2014 en la tienda Shooters Out Post de Nuevo México. El comprador, un hombre estadounidense de 27 años con domicilio en Hurley y 20 antecedentes criminales, tampoco fue llamado a declarar.
El análisis balístico del expediente indica que ese día se dispararon 1,893 balas provenientes de 31 armas distintas, entre ellas de fabricación estadounidense, serbia, china y del Ejército de Estados Unidos. El arsenal incluía fusiles Colt, Armalite, Anderson, Essential Arms y US Military Weapons. El casquillo más potente hallado fue de calibre .50, capaz de perforar blindajes.
Víctor Zúñiga, abogado de la familia LeBarón, señaló que ni la Fiscalía General de la República (FGR) ni el FBI rastrearon a fondo el origen de las armas, pese a que el caso involucraba víctimas de nacionalidad estadounidense. “Nunca se investigó quién las compró o las trajo a México. Ni siquiera se pidió apoyo a la ATF, que es la agencia responsable del tráfico de armas”, declaró.
Timothy Sloan, exagente especial de la ATF en México, explicó que la agencia quedó fuera del caso por falta de personal, por lo que el FBI asumió la investigación. “El FBI tiene otros intereses; su prioridad era capturar a los responsables de la masacre, no rastrear el origen de las armas”, dijo Sloan. Según él, la falta de coordinación entre agencias en ambos países impidió esclarecer el tráfico.
Los dos fusiles utilizados en la masacre fueron posteriormente incautados por la FGR y permanecen bajo custodia en Ciudad de México. Sin embargo, tras el ataque a los LeBarón, esas mismas armas fueron usadas por el crimen organizado en otro “ataque complejo” ocurrido el 7 de julio de 2020 en Sonora.
El FBI entregó posteriormente a la ATF información sobre tres armas usadas en ese ataque, cuyas huellas balísticas coincidían con las de la masacre LeBarón. Solo se pudieron rastrear dos: el fusil Anderson y el rifle Zastava. La tercera tenía el número de serie borrado.
Pese a que la ATF documentó más de 1,150 casos de tráfico de armas durante la gestión de Sloan, solo el 5% fue investigado en Estados Unidos. “Nadie está en la cárcel por traficar armas de fuego. Por eso México tiene 40,000 asesinatos al año”, lamentó. Sloan recordó el caso de Michael Blake Huff, un estadounidense que traficó 1,000 armas hacia México y solo fue condenado a 28 días de prisión.
La masacre de los LeBarón evidenció el patrón de impunidad en el tráfico de armas entre Estados Unidos y México. En el expediente constan armas importadas por la empresa Century Arms, con sede en Vermont, que recorrieron más de mil kilómetros hasta La Mora.
El Gobierno mexicano demandó en 2021 a once fabricantes de armas estadounidenses y en 2022 a cinco armerías de Arizona, en un intento por frenar el flujo de armamento hacia el país. Aunque la Corte Suprema de Estados Unidos desestimó la primera demanda en junio al amparar a los fabricantes bajo la Ley de Protección al Comercio Legal de Armas (PLCAA), México continúa la segunda causa ante la Corte de Tucson.
John Lindsay-Poland, coordinador de la iniciativa Stop Arms, sostuvo que el hallazgo del rifle Anderson vendido en Arizona es una prueba clave para la demanda mexicana. “Es un elemento importante porque demuestra que las armas legales en Estados Unidos siguen alimentando la violencia en México”, afirmó.
De las casi 2,000 balas disparadas en la matanza, la camioneta de Rhonita recibió 321 impactos; la de Dawna Langford, 87; y la de Christina Langford, 41. “Si la idea era infundir terror y miedo, lo lograron”, declaró Adrián LeBarón, padre de Rhonita y abuelo de cuatro de los niños asesinados.
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