Grupo delictivo controlaba de forma sistemática diversas actividades económicas, imponiendo precios y restringiendo el comercio libre
Toluca, Estado de México, 24/07/25 (Más).- La Familia Michoacana mantiene una amplia red de extorsión en el sur del Estado de México, según reveló un operativo implementado como parte de la estrategia nacional contra la extorsión lanzada por el Gobierno federal el pasado 6 de julio.
El despliegue, nombrado Operación Liberación, dejó en evidencia el control que el grupo delictivo ejercía sobre decenas de actividades económicas, desde comercio minorista y transporte hasta servicios de mensajería y distribución de materiales de construcción en al menos 14 municipios de la región.
El martes, 2,866 elementos de la Secretaría de Seguridad, apoyados por casi 700 vehículos, catearon 63 establecimientos y 52 inmuebles en municipios como Texcaltitlán, Sultepec y Tejupilco. Como resultado, fueron detenidas ocho personas presuntamente responsables de coordinar las cadenas ilegales impuestas por el grupo criminal. Entre las principales prácticas identificadas se encuentran el cobro de piso, la imposición de precios, la restricción del comercio libre y el desvío forzado de productos.
De acuerdo con el fiscal del Estado de México, las extorsiones no se limitaban a exigir cuotas a los comerciantes, sino que incluían órdenes específicas sobre dónde comprar o vender productos.
En municipios como Malinalco, los vendedores de cemento estaban obligados a realizar transacciones en localidades designadas por la organización, como Ixtapan de la Sal o Tejupilco. Los precios de bienes básicos eran alterados de manera significativa. El kilo de varilla, por ejemplo, se vendía en Valle de Bravo a 45 pesos, frente a los 18 pesos registrados en Toluca. El muslo de pollo alcanzaba los 120 pesos en Sultepec, comparado con 50 pesos en la capital estatal. El kilo de alambrón presentaba un sobreprecio de hasta 144%, y la tonelada de mortero, de 20%.
Además del control de precios, el grupo se apropiaba de productos como carne de res, cerdo y pollo, animales de granja y toneladas de materiales de construcción. También intervenía la distribución de paquetería. En Tejupilco se identificó un centro clandestino donde integrantes de la organización interceptaban envíos de empresas como Fedex y Mercado Libre. Si el contenido les resultaba de interés, lo retenían; en caso contrario, exigían pagos adicionales a los destinatarios para entregar los paquetes.
“Combatir a este grupo criminal era una necesidad urgente para proteger la economía local y la tranquilidad de miles de familias”, declaró el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
El funcionario explicó que el plan federal contempla acciones de inteligencia policial y financiera, campañas para fomentar las denuncias ciudadanas y operativos focalizados en estados estratégicos, incluyendo la Ciudad de México.
La estructura de extorsión incluía el control de sindicatos como el Sindicato Libertad y el Sindicato Bradosva, utilizados para desplazar a transportistas independientes y asumir el control del suministro de materiales en municipios como Donato Guerra, Texcaltitlán y Villa de Allende. La operación del martes provocó una reacción inmediata: bloqueos simultáneos en al menos diez municipios por parte de taxistas y transportistas presuntamente vinculados a la organización. Carreteras en Valle de Bravo, Tejupilco, Tlatlaya, Atlacomulco e Ixtlahuaca fueron cerradas durante varias horas.
El delito de extorsión ha mostrado un crecimiento sostenido en México en los últimos años. De acuerdo con datos del Gobierno federal, cerca de siete millones de personas son víctimas anualmente, aunque solo el 0.2% presenta una denuncia formal, debido al temor a represalias. Desde el inicio de la estrategia nacional contra la extorsión, 48 personas han sido detenidas, 37 de ellas gracias a denuncias anónimas de la ciudadanía.
Ante esta situación, la presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado una reforma legal que permitirá perseguir este delito de oficio, sin requerir la denuncia directa de las víctimas. Esta medida busca reducir la impunidad y aumentar la eficacia de la estrategia nacional.
La Familia Michoacana ha sido clasificada como organización terrorista por el Departamento de Estado de Estados Unidos. En abril, la Casa Blanca anunció medidas contra el grupo, acusado de traficar fentanilo, metanfetaminas, heroína y cocaína hacia territorio estadounidense, además de cometer actos de violencia en México. El Departamento del Tesoro impuso sanciones económicas contra los líderes del grupo, los hermanos Johnny ‘El Pez’ y José Alfredo ‘El Fresa’ Hurtado Olascoaga, y ofreció una recompensa de ocho millones de dólares por su captura.
El operativo en el Estado de México representa un esfuerzo del Gobierno federal por contener las actividades de una de las organizaciones criminales más activas del país. Sin embargo, la permanencia y arraigo de la estructura de extorsión, sumada a la respuesta violenta de sus operadores, plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de la ofensiva gubernamental en el mediano y largo plazo.