Washington D. C., 13/05/25 (Más).- El Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos celebra este martes una audiencia decisiva para determinar si suspende temporalmente los aranceles implementados por el expresidente Donald Trump bajo la iniciativa conocida como Día de la Liberación.
La resolución podría tener efectos inmediatos en el desarrollo del litigio interpuesto por una coalición de pequeñas empresas que cuestionan la legalidad de dichos gravámenes.
El tribunal revisará la solicitud de una orden judicial que busca frenar la aplicación de los aranceles mientras se resuelve la demanda principal.
Los demandantes han argumentado que los aranceles impuestos por Trump violan la legislación vigente, en particular la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), ya que esta normativa no autoriza directamente la imposición de tarifas comerciales ni se ha declarado una emergencia nacional que justifique su uso.
Las empresas involucradas en el litigio alegaron que la política comercial del expresidente les ha causado un daño irreparable, afectando su acceso a materiales importados, encareciendo costos, posponiendo proyectos de expansión, deteriorando relaciones con proveedores internacionales y, en algunos casos, amenazando la continuidad de sus operaciones. En consecuencia, consideran que los aranceles deben ser suspendidos de forma inmediata mientras el caso avanza en tribunales.
La administración Trump, por su parte, ha defendido la legalidad de las tarifas, señalando que la IEEPA respalda su implementación. Según el equipo legal del presidente, los demandantes no han demostrado con claridad que enfrentan un daño significativo y sostenido como resultado de la medida. Aseguran además que el texto, la intención y el precedente histórico de la ley refuerzan la autoridad presidencial en este ámbito.
El proceso judicial ya había tenido un primer pronunciamiento en abril, cuando el tribunal se negó a suspender provisionalmente los aranceles, al considerar que los demandantes no han demostrado claramente una probabilidad de sufrir un daño irreparable e inmediato.
La audiencia de este martes representa el primer examen sustancial del caso y podría ofrecer señales sobre la posición del panel de jueces, aunque no se espera una resolución inmediata.
La controversia se intensificó luego de que la administración Trump anunciara una reducción temporal de las tarifas a productos importados desde China. La medida, que reduce la tasa arancelaria total del 145% a 30% durante 90 días, ha complicado el argumento de urgencia de los demandantes, según señaló el abogado Robert Shapiro, presidente del Grupo de Práctica Regulatoria de Comercio y Transporte Internacional de Thompson Coburn LLP. “¿Son los aranceles y sus impactos realmente tan dañinos al 10%?”, planteó.
El mismo abogado indicó que, dado que todas las empresas enfrentan los mismos gravámenes, el mercado podría ajustarse mediante un alza generalizada de precios, manteniendo una competencia relativa entre los actores económicos. Sin embargo, reconoció que el caso podría escalar a tribunales superiores, ya que cualquiera de las partes probablemente apelará el fallo del Tribunal de Comercio Internacional ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal y, eventualmente, ante la Corte Suprema.
El proceso ha atraído el apoyo de organizaciones legales no partidistas que suelen alinearse con posturas conservadoras. La demanda principal fue presentada por el Liberty Justice Center, mientras que otra acción legal paralela ha contado con el respaldo de la New Civil Liberties Alliance. Asimismo, la Pacific Legal Foundation presentó un escrito denunciando la “política arancelaria arbitraria y en constante cambio” del expresidente, calificando su actuación como un ejercicio de poder unilateral y arbitrario que transgrede la Constitución.
La política arancelaria de Trump se convirtió en una pieza central de su administración, pese a las advertencias de economistas sobre su impacto inflacionario y el efecto negativo sobre el comercio global. Los aranceles iniciales se dirigieron a países como Canadá, México y China, antes de extenderse casi universalmente en abril, afectando incluso a naciones sin vínculos comerciales relevantes con Estados Unidos.
Frente al desplome bursátil provocado por la incertidumbre comercial, Trump ordenó una pausa parcial en los aranceles más elevados, estableciendo una tasa base del 10% y suspendiendo los incrementos más agresivos. No obstante, semanas después, elevó las tarifas sobre productos chinos a 145% antes de anunciar una nueva tregua de 90 días en el marco de negociaciones bilaterales con Pekín.
Los efectos de esta política han sido particularmente severos para pequeñas empresas, como las que encabezan la demanda actual. Estas entidades suelen tener menos capacidad para absorber los costos adicionales y adaptarse a cambios abruptos en las condiciones comerciales. La decisión que tome el tribunal esta semana podría sentar un precedente sobre los límites del poder ejecutivo en materia de política comercial y sobre la interpretación de la IEEPA como fundamento legal para imponer aranceles.
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