Anexos clandestinos rebasan la ley

Autoridades en Saltillo enfrentan creciente crisis en centros de rehabilitación contra adicciones, la mayoría operan de manera clandestina. Casos recientes de abuso y negligencia impulsan demandas por regulación y supervisión más estrictas para prevenir tragedias y proteger a los internos.

Por Miguel Villarello

Saltillo, Coahuila, MÁS. – Los recientes acontecimientos al interior de los centros de rehabilitación contra adicciones, la mayoría funcionando de manera clandestina y a la vista de la comunidad, motivaron a las autoridades estatales y municipales a despertar y tomar acción, pues se han visto impotentes para acelerar la discusión de una modificación a la reglamentación y prevenir hechos fatales.

La opinión pública se divide en cuanto a su existencia, sobre todo de los anexos para tratamiento de adicciones a sustancias o drogas, los menos afirman que deben desaparecer, pero hay quien resalta la necesidad de su funcionamiento ante la impotencia de los centros de rehabilitación mental que, sin recursos y sin capacidad de atención, se han visto rebasados por el incremento en el consumo de sustancias tóxicas cada vez a menor edad.

Los pocos, sobre todo los establecidos legalmente y que cumplen con requisitos de ley de salud y reglamentos municipales, sospechan que las autoridades municipales principalmente, por ser las primeras en emitir permisos de funcionamiento, se hacen de la vista gorda ante la proliferación de anexos ilegales.

ILEGALES CONOCIDOS

Desde 2023, se han registrado varios casos sin una cronología clara. En el centro de rehabilitación «Sanareh», ubicado entre Monclova y Frontera, familiares de los internos se manifestaron debido a presuntos abusos, incluyendo trabajos forzados sin equipo de protección, capacitación ni remuneración.

La queja fue por presuntos abusos a los asilados que obligaban a trabajar en una de sus propiedades construyendo un inmueble, realizaban las labores sin equipo de protección ni capacitación adecuada ni remuneración a cambio.

Algunos internos huyeron del lugar en construcción por el incumplimiento de la administración del anexo en cuanto al horario de trabajo, de las 5:00 a las 21:00 horas, sin descanso y raciones inadecuadas de alimentación.

En Ramos Arizpe trascendió la muerte de un joven que se encontraba internado en un anexo ubicado en la calle Aguascalientes en el Parque Industrial Santa María.

Un joven, de 25 años, quien había sido ingresado apenas 15 días antes por problemas de adicciones, dejó de existir momentos después de ser golpeado por personal del lugar.

En consecuencia, cinco de los seis trabajadores del centro de rehabilitación, que se confirmó operaba de manera ilegal, fueron acusados de la muerte e ingresados al penal varonil para enfrentar a la justicia.

Luego de días de agonía, otro joven perdió la vida en un nosocomio de Saltillo, había sido severamente golpeado por personal de un anexo en la capital de la entidad.

Santos, de 20 años, dejó de existir a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico severo y hematoma en el lado izquierdo de la cabeza, lesiones que recibió en el centro de tratamiento “Alegría de vivir”, ubicado en la colonia González Cepeda.

Como resultado la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación y logró la detención de cuatro de los agresores, sin embargo, habrían intervenido más de 10 personas en la agresión de Santos.

Y en cuanto al más reciente, en Arteaga, otro anexo establecido de manera ilegal y localizado en el libramiento Óscar Flores Tapia, fueron los familiares que denunciaron que los internos eran sometidos a golpes y maltrato físico.

Se trata del “Centro Terapéutico Jóvenes Triunfadores” y el que, según la autoridad de Salud estatal, no contaba con registro de funcionamiento.

De acuerdo con datos obtenidos de la FGE, en tres de estos casos, dos de ellos están judicializados y siguen su procedimiento ante los juzgados, mientras que el más reciente se cuenta con un detenido e inició su proceso judicial y se giró orden de aprehensión contra una segunda persona que logró fugarse.

INVISIBLES

Ante la problemática en que se ven envueltos los anexos constantemente sobre todos los clandestinos, por maltrato y muerte de sus internos, el diputado Jorge Valdés Flores exigió a las autoridades municipales ejercer sus funciones como primeros respondientes.

Probablemente no se pueda con todos, advirtió, pero definitivamente el primer respondiente ante estas circunstancias es la policía municipal, y no puede ser posible que un anexo en Arteaga que estaba ubicado en el Boulevard Flores Tapia no lo hayan visto ni supieran de él.

Dijo que los datos que se sabían eran que ahí estaban asiladas 52 personas, que se presentaron casos de maltrato, abuso físico y abuso sexual, además de que las obligaban a bañarse con aguas grises e ingerir bajas raciones de comida en mal estado.

Criticó que se trata de un anexo que se calcula dejaba poco más de 150 mil pesos por semana ya que cobraban 5 mil de inscripción y 2 mil 500 pesos por semana a cada persona, “financiamiento que tienen que pagar las familias y en muchas ocasiones merma mucho su economía”.

No sé qué más quieran que pase para que los volteen a ver y se mejore la supervisión y regulación, precisó, pues es un tema muy sensible y se tiene que abordar.

No obstante, consideró que los anexos son indispensables para el tratamiento y rehabilitación siempre y cuando estén certificados.

Aparte, mencionó, con la ley como está es suficiente, pero debe aplicarse para que Protección Civil e Inspección y Verificación municipales puedan realizar operativos de supervisión y regulación.

AYUNTAMIENTOS OMISOS

Meses atrás, se reveló el dato extraoficial de que, sólo en Torreón. por 60 anexos legales existían 200 clandestinos.

Fue el diputado Jorge Valdés Flores quien habló al respecto pues a principios de año el Legislativo emitió un exhorto a los 38 ayuntamientos y no se obtuvo respuesta, por lo que se emitió por segunda vez el exhorto en abril, pero pocos fueron los que respondieron.

Informó recientemente que sólo dos ayuntamientos respondieron y parcialmente, “son los municipios de Saltillo, que contestó que el DIF municipal atiende con apoyo en despensas a cuatro anexos y San Juan de Sabinas que dijo que atendía a dos anexos”.

Resaltó que se pidió a los municipios cuatro datos relevantes: primero, la cantidad de licencias o permisos de construcción, uso de suelo y protección civil que han otorgado a establecimientos de tratamiento para farmacodependientes llamados centros, anexos o casas de rescate.

Segundo, para los anexos autorizados ¿cómo se procura el auxilio estatal en la planeación y ejecución de las disposiciones en cuanto a prevención, atención, control, combate y tratamiento de la farmacodependencia?

Tercero, el mecanismo que implementa de supervisión y vigilancia para el debido cumplimiento en materia municipal por parte de los establecimientos que atiendan la farmacodependencia y, cuarto, ¿cómo se hace la ubicación de lugares clandestinos? y, en caso de ser afirmativa, ¿cuál ha sido el resultado de su inspección, informando cuántos han clausurado y cuál ha sido el procedimiento municipal para su regulación?

Valdés Flores precisó que el objetivo de tener el padrón exacto de centros de rehabilitación, sus condiciones de funcionamiento y medidas preventivas y de seguridad de los internos por cada región, “es para actualizar la ley a los tiempos que se están viviendo y atender la problemática de manera más oportuna”.

E insistió con, que el llamado era a los ayuntamientos con el fin de prevenir hechos como los señalados, puesto que el propósito era que “no se sigan repitiendo estos acontecimientos que afectan tanto a la familia como al farmacodependiente, el cual no recibe el tratamiento y la atención adecuada”.

MÉTODOS INADECUADOS

Grupos de Alcohólicos Anónimos criticaronlos métodos utilizados por los llamados anexos de tratamiento contra adicciones para la rehabilitación de las personas que tiene internadas no son los adecuados.

La entrevista fue a condición del anonimato de las personas que pertenecen a varias agrupaciones de alcohólicos anónimos, para dar su opinión respecto de la constante de maltrato, violencia y fallecimiento que envuelve a las personas asiladas en los centros de rehabilitación contra adicciones.

El programa de la doble AA ha dado resultados porque es un método probado y sobre todo porque la persona enferma o que padece la adicción al alcohol está de acuerdo y busca recuperarse, afirmó una de ellas.

Mientras que la persona adicta a sustancias no está de acuerdo en su recuperación, es llevada a un anexo a la fuerza por parte de su familia ante la impotencia de lidiar con su problemática y que inicie su recuperación, sostuvo otro integrante de la agrupación.

“No estamos en contra ni a favor, cuando un anexo tiene un objetivo que es el llevar a rehabilitar a la persona, le va a funcionar; pero lo que conocemos a través de los medios es que el método que utilizan muchos de ellos no es el adecuado”, insistió.

El sistema de los grupos de alcohólicos es a través de un método de 12 pasos, uno de ellos la aceptación de que el individuo es alcohólico y necesita apoyo.

En contraparte, a un anexo llegan porque sus familias los ingresan en contra de su voluntad, ya no pueden con los adictos y con eso lo que hacen es incitarlos a que cuando salgan, consuman más drogas.

Creo que en este tipo de instituciones no hay un resultado, sostiene otra persona, ya que, quienes han estado en un anexo y vienen con nosotros nos platican del maltrato físico y emocional que han sufrido al ser internados para supuestamente rehabilitarse.

“Sin embargo, ese maltrato lo llevan a la familia con que conviven, por esa agresividad, esa necesidad de salir de ese encierro y volver a consumir sustancias porque les generan un trauma y ese resentimiento lo llevaron a hacer una cosa a la fuerza, en este caso, internarse contra su voluntad en un anexo”, redundó.

En conclusión, los anexos podrían funcionar adecuadamente siempre y cuando sigan los principios de los alcohólicos para rehabilitarse, estimó otra persona cuestionada.

URGE LEY

Casos de negligencia, abuso, lesiones, maltrato físico y emocional, abuso sexual y mala alimentación han ocurrido muchos los últimos cuatro años, específicamente en los mal llamados anexos clandestinos.

Sólo los dos últimos años se contabilizan, por lo menos, cinco homicidios de personas internas golpeadas, vejadas, incluso abusadas sexualmente en ocasiones de manera grupal en estos establecimientos que, está comprobado, funcionan fuera de la ley y a la vista de la ciudadanía.

De ahí la urgencia de que el Congreso, en la búsqueda de una legislación única y actualizada al respecto, la emita y meta en cintura a los ayuntamientos para que sus policías, protección civil y servicios de desarrollo urbano se apliquen y verifiquen sin necesidad de denuncia.

Quedan las palabras del diputado del PVEM, Jorge Valdés Flores: “No puede ser posible que un anexo, como el de Arteaga, no lo hayan visto ni supieran de él”.