Ciudad de México, 12/03/25 (Más / IA).- La Cámara de Diputados aprobó una reforma que amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, al incluir el tráfico de armas y el terrorismo como conductas que llevarán a los imputados a prisión de manera automática mientras se desarrolla su proceso judicial.
La medida, que forma parte de la reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para fortalecer la soberanía nacional, fue aprobada en lo general con 417 votos a favor y 36 en contra. Posteriormente, en la votación en lo particular, donde no se aceptaron modificaciones, obtuvo 327 votos a favor y 116 en contra.
La prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar que obliga a los jueces a encarcelar a las personas acusadas de determinados delitos sin posibilidad de enfrentar su proceso en libertad. Desde el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Morena ha promovido reformas para incrementar el número de ilícitos que ameritan esta sanción. Con la reciente aprobación, el catálogo del artículo 19 de la Constitución ahora cuenta con 21 delitos, sumando el terrorismo y el tráfico de armas a los ya existentes.
Sin embargo, la ampliación de la prisión preventiva generó un fuerte debate en el Legislativo. Mientras que Morena y sus aliados defendieron la medida como una forma de reforzar la seguridad del país y combatir delitos graves, partidos de oposición manifestaron su rechazo a la modificación constitucional, argumentando que la medida vulnera derechos fundamentales como la presunción de inocencia.
Laura Hernández García, diputada de Movimiento Ciudadano, criticó la reforma al considerar que la prisión preventiva ha demostrado ser ineficaz para reducir la incidencia de los delitos establecidos en los artículos 19, por lo que la incorporación del terrorismo en dicho catálogo resulta más una reacción política y discursiva a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, que un mecanismo eficiente para su combate.
En la misma línea, Emilio Lara Calderón, legislador del PRI, aseguró que la modificación al artículo 19 no resolverá la crisis de seguridad en el país y que ampliar el catálogo de prisión preventiva solo representa insistir en un modelo que vulnera la presunción de inocencia y debilita los principios democráticos.
Desde el Partido Acción Nacional (PAN), Laura Cristina Márquez Alcalá reiteró su rechazo a la reforma, señalando: “Estamos discutiendo otra vez la ampliación del catálogo del artículo 19 para incorporar más delitos a la prisión preventiva oficiosa, que además de inconvencional, lo hemos dicho antes y lo vamos a sostener, es inconvencional y viola los derechos humanos, es totalmente ineficaz para resolver el tema de seguridad”.
Pese a las críticas, la reforma fue avalada por la mayoría de las bancadas con el argumento de que permitirá un mayor control sobre delitos considerados de alto impacto. Jessica Saiden Quiroz, presidenta de la Comisión de Seguridad, afirmó que la medida responde a la necesidad de fortalecer la postura de México en la defensa de su soberanía, particularmente ante la creciente presión de Estados Unidos en materia de seguridad. Con la aprobación de esta reforma, el Congreso amplía las facultades del Estado para aplicar prisión preventiva oficiosa en casos de terrorismo y tráfico de armas, en un contexto en el que el gobierno mexicano busca endurecer las medidas contra delitos que considera amenazas directas a la estabilidad y seguridad nacional.
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