Amnistía general en Venezuela: liberan a todos los presos políticos

Tras el derrocamiento de Nicolás Maduro, la presidenta encargada Delcy Rodríguez propuso una amnistía general para liberar a presos políticos detenidos desde 1999, excluyendo delitos graves. La medida ya permitió más de 300 excarcelaciones, pero aún deja a cientos en prisión. Organismos civiles la celebran con cautela y exigen garantías de justicia y no repetición

Redacción Más

En un giro sin precedentes en la historia reciente de Venezuela, la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció una amnistía general que contempla la liberación de todos los presos políticos detenidos desde 1999, en un intento por reconciliar al país tras el derrocamiento de Nicolás Maduro. La medida, presentada durante la apertura del año judicial en el Tribunal Supremo de Justicia, busca reparar las fracturas políticas acumuladas durante más de dos décadas de confrontación.

Según informó Infobae, Rodríguez explicó que la propuesta será enviada a la Asamblea Nacional con carácter de urgencia, y destacó que su intención es reencauzar la convivencia entre los venezolanos sin que prevalezcan la venganza, la revancha ni el odio. No obstante, la iniciativa excluye de la amnistía a personas procesadas o condenadas por delitos graves como homicidio, narcotráfico, corrupción y violaciones a derechos humanos, aunque los criterios específicos aún no han sido difundidos oficialmente.

Desde el pasado 8 de enero, el nuevo gobierno ha iniciado una serie de excarcelaciones que hasta el momento suman 302 liberaciones, de acuerdo con la organización Foro Penal. Sin embargo, la misma ONG estima que aún permanecen detenidas 711 personas por razones políticas, y alerta que más de 11,000 enfrentan restricciones arbitrarias de libertad, lo que muestra que la medida, si bien significativa, aún enfrenta desafíos en su implementación plena.

Como parte del anuncio, Rodríguez también ordenó el cierre del Helicoide, emblemática prisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), señalada por organismos internacionales como centro de detención y tortura. El edificio será transformado en un espacio social y cultural para la familia policial y las comunidades vecinas, lo que marca un cambio simbólico en la narrativa de seguridad del Estado.

Organizaciones como Provea, Foro Penal y el Comité de Madres por la Verdad, que durante años han exigido una amnistía general, han recibido la medida con cautela. Aunque reconocen el avance, insisten en que la liberación de los presos no debe verse como un acto de clemencia, sino como un reconocimiento a derechos fundamentales vulnerados. Estas agrupaciones han insistido en que la amnistía sea incluyente y sin sesgos ideológicos, abarcando a periodistas, activistas, militares disidentes y luchadores sociales encarcelados por razones políticas.

La propuesta se enmarca en un contexto de transición tras la caída de Nicolás Maduro, quien fue capturado durante una intervención militar liderada por Estados Unidos. Desde entonces, la administración interina ha impulsado medidas que buscan desmarcarse del legado autoritario del chavismo. Aun así, el proceso de aprobación legislativa de la amnistía y su aplicación efectiva será seguido de cerca por organismos internacionales y defensores de derechos humanos, que reclaman garantías de no repetición.

Precedentes de amnistía en el país datan de 2007, cuando Hugo Chávez promulgó una ley para perdonar a los involucrados en el golpe de Estado de 2002. En 2016, la Asamblea Nacional intentó aprobar una ley similar que fue anulada por el Tribunal Supremo de Justicia. En 2020, Nicolás Maduro decretó una serie de indultos selectivos, mientras su gobierno insistía en negar la existencia de presos políticos, alegando delitos relacionados con terrorismo.

Por su parte, la dirigente opositora María Corina Machado calificó la medida como un paso “irreversible” hacia la democracia, subrayando que la reconciliación nacional debe incluir justicia y garantías plenas para la libertad política. Mientras tanto, la Asamblea Nacional tendrá la última palabra sobre la aprobación y el alcance definitivo de esta amnistía histórica.