“Alito” Moreno y el pacto con Morena y AMLO

A pesar de las acusaciones de corrupción contra Alejandro Moreno, el proceso de desafuero permanece congelado

Ciudad de México, 10/10/25 (Más).- El posible pacto de no agresión entre Alejandro ‘Alito’ Moreno y el oficialismo de Morena ha vuelto al centro del debate político nacional, en medio del estancamiento del proceso de desafuero en contra del dirigente priista, acusado de enriquecimiento ilícito y desvío de recursos por más de 83 millones de pesos.

Pese a que existen dos solicitudes de la Fiscalía de Campeche para retirarle el fuero constitucional –una figura que lo protege desde su llegada al Congreso en 2021–, ninguna ha prosperado y la más reciente, presentada hace tres meses, permanece congelada en la Sección Instructora de la Cámara de Diputados.

De acuerdo con información del diario El País, aunque Morena ha expresado públicamente su respaldo a que se investigue a ‘Alito’, en la práctica el tema ha quedado fuera de la agenda inmediata del Congreso.

La falta de acción por parte de la instancia jurisdiccional, dominada por legisladores oficialistas, ha despertado sospechas tanto en la oposición como dentro del propio partido gobernante. La pregunta que resuena es si existe un acuerdo no escrito para proteger a Moreno a cambio de apoyo político, especialmente en momentos clave para Morena y el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La tensión se hizo evidente el pasado 1 de septiembre, durante la apertura del periodo ordinario de sesiones, cuando legisladores de Morena exigieron el desafuero de ‘Alito’ mientras este interrumpía la sesión con pancartas y altavoces para manifestarse contra el Gobierno.

Pese al espectáculo, la Sección Instructora no ha dado señales claras de avanzar en el juicio. Su presidente, Hugo Eric Flores, ha sido señalado por morenistas inconformes, quienes lo acusan de tener intereses ajenos al movimiento, especialmente después del manejo cuestionado del fallido proceso contra Cuauhtémoc Blanco, exgobernador de Morelos.

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, ha mantenido la presión sobre Moreno desde su trinchera, ahora con la reciente aprobación de una Ley de Expropiaciones que permitió al gobierno estatal tomar posesión de predios presuntamente vinculados al exgobernador y su familia.

La presidenta Sheinbaum también ha acusado públicamente a Moreno de adquirir propiedades mediante recursos ilícitos, señalando que se trabaja en una nueva ley de extinción de dominio para casos como el suyo. En respuesta, ‘Alito’ amenazó con llevar su defensa ante instancias internacionales, denunciando una persecución política en su contra.

Los cruces entre Moreno y figuras del oficialismo se han multiplicado en los últimos meses. En agosto, protagonizó un altercado físico con Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, quien prometió presentar una nueva solicitud de desafuero que no ha sido materializada. Mientras tanto, desde la dirigencia del PRI, ‘Alito’ ha endurecido su discurso, acusando al Gobierno de ser un “narcogobierno” y de operar con prácticas autoritarias.

Dentro de la Sección Instructora, el panista Germán Martínez ha denunciado que el proceso está siendo frenado intencionalmente. Asegura que ha buscado sin éxito al presidente de la instancia para avanzar en el tema y que la falta de respuesta evidencia una estrategia dilatoria. Por su parte, Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, negó ejercer presión indebida y sostuvo que el proceso debe seguir su cauce con imparcialidad. Sin embargo, fuentes cercanas a esa comisión aseguran que la línea fue “suavizar el debate”. El reciente relevo del diputado Raúl Bolaños por Ruth Silva en la Sección Instructora también ha avivado las sospechas sobre una maniobra política para mantener congelado el proceso. El caso de ‘Alito’ Moreno, con sus múltiples aristas legales y políticas, ha terminado por revelar las complejas relaciones entre Morena y el PRI, partidos que, a pesar de su aparente antagonismo, comparten pasado, operadores y, posiblemente, intereses comunes.