Toluca, Estado de México, 26/12/25 (Más).- El sistema penitenciario mexicano enfrenta una crisis sin precedentes marcada por niveles críticos de sobrepoblación y hacinamiento, especialmente en los estados de México y Nayarit, donde las prisiones estatales han sido declaradas en alerta roja por operar muy por encima de su capacidad.
Entre octubre de 2024 y noviembre de 2025, la población penitenciaria nacional creció en más de 21 mil personas, alcanzando un récord histórico de 256 mil 557 personas privadas de la libertad.
Según un reportaje de Animal Político, el crecimiento carcelario, impulsado en gran parte por políticas de corte punitivo, ha generado condiciones insostenibles en diversas prisiones locales. El caso más grave es el del Estado de México, que alberga a 37 mil 468 internos en un sistema diseñado para apenas 14 mil 481, lo que representa una sobrepoblación del 158.74%.
Expertos advierten que este fenómeno responde a una estrategia centrada en detenciones masivas para combatir la percepción de inseguridad, sin garantizar necesariamente justicia o reducción de violencia.
Los Centros de Prevención y Reinserción Social (CPRS) de Chalco y Zumpango representan los puntos más alarmantes dentro de esta crisis. Chalco, por ejemplo, tiene una sobrepoblación del 532.66 %, al registrar 3 mil 739 internos en una infraestructura diseñada para 591. En Zumpango, el hacinamiento alcanza el 513.33 %, con 736 personas encerradas en un espacio originalmente proyectado para 120.
El penal de Nezahualcóyotl Bordo Xochiaca, conocido como “Neza Bordo”, también enfrenta una saturación severa con más de 5 mil 800 internos, de los cuales mil 145 están en prisión preventiva sin sentencia, reflejo de un sistema judicial lento y congestionado. Casos como el de Jorge Raúl Tirado Ambriz, comerciante encarcelado desde hace casi cinco años sin condena firme, ilustran los efectos de una política penal que afecta principalmente a personas de bajos recursos.
Nayarit, por su parte, encabeza la lista nacional en términos porcentuales. En sus cárceles, el hacinamiento alcanza el 185.17%, con solo mil 173 espacios disponibles y más de 3,300 internos. El Centro de Reinserción Social de Bucerías opera con una sobrepoblación del 336.84%, al albergar a 415 personas en un espacio para 95. El Cereso Venustiano Carranza, el más grande del estado, mantiene cifras similares de saturación.
A esta problemática se suman entidades como Durango, Morelos, Sonora y Chiapas, donde algunas cárceles operan con densidades humanas cinco veces superiores a las previstas. La subdirectora de la organización Documenta, Sofía González Talamantes, sostiene que el problema radica en que las cárceles estatales, al concentrar la mayoría de los casos del fuero común, no tienen la infraestructura ni el personal suficiente para enfrentar este crecimiento poblacional, mucho menos ofrecer condiciones dignas.
En contraste, los centros penitenciarios federales reportan una situación opuesta: una disponibilidad del 27.72% en su capacidad total, equivalente a 7,816 espacios vacíos. Esto revela que el cuello de botella se encuentra en los estados, donde también ha aumentado 21.8% el número de personas encarceladas sin sentencia.
Luis Tapia, abogado especialista en derechos humanos, atribuye esta sobrecarga estatal a la falta de participación activa de la Fiscalía General de la República, que en años recientes ha delegado casos incluso de su competencia al fuero común. “Si se quiere revertir esta tendencia, la Fiscalía debe asumir más responsabilidades en delitos como el secuestro, y los poderes judiciales estatales requieren mayor presupuesto para agilizar los procesos”, advirtió.
La situación actual representa un efecto olla de presión que, de no ser atendido con urgencia, amenaza con generar una crisis humanitaria y de derechos humanos aún más profunda en los centros penitenciarios del país.
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