En Michoacán hay un ambiente de violencia contra autoridades municipales por parte de la delincuencia organizada. Julio Arreola revela intentos de intimidación y pide protección
Pátzcuaro, Michoacán, 05/11/25 (Más).- El presidente municipal de Pátzcuaro, Julio Alberto Arreola, denunció ante la Fiscalía General del Estado haber sido víctima de amenazas por parte de presuntos grupos criminales.
El edil reveló que, por primera vez en sus cuatro años de gestión, enfrenta una situación de este tipo, lo que lo llevó a presentar una denuncia formal hace aproximadamente dos meses. Las intimidaciones, según explicó, ocurrieron a través de llamadas y mensajes telefónicos.
De acuerdo con una publicación de Animal Político, tras interponer la denuncia, Arreola recibió ofrecimientos de apoyo en materia de seguridad pública para el municipio, lo cual, dijo, ha sido una solicitud constante de su administración.
El alcalde expresó su preocupación por la falta de protección que enfrentan los presidentes municipales ante el avance del crimen organizado.
La denuncia del alcalde de Pátzcuaro se da en un contexto de creciente violencia en Michoacán, especialmente luego del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, y de la desaparición de Alejandro Correa Gómez, exedil de Zinapécuaro, cuyo paradero se desconoce desde la madrugada del 2 de noviembre. La última vez que se le vio fue en Tierra Colorada, municipio de Hidalgo, y desde entonces sus familiares no han podido contactarlo, por lo que temen por su integridad.
En respuesta a esta escalada de violencia, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el lanzamiento del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia que incluye el fortalecimiento de la presencia de fuerzas federales, la implementación de un sistema de alerta para alcaldes, mejoras salariales para trabajadores agrícolas, y la instalación de mesas de diálogo. Según datos de Causa en Común, al menos 56 actores políticos han sido asesinados en México durante 2025, entre ellos siete alcaldes, incluido Carlos Manzo, lo que refleja el grado de riesgo al que están expuestos los funcionarios municipales en el país.