Ciudad de México, 27/03/26 (Más).- La agricultura, la ganadería y la minería se han convertido en las principales actividades económicas afectadas por la extorsión del crimen organizado en México, debido a su ubicación en zonas rurales con baja presencia de autoridades, lo que facilita la operación de grupos delictivos que buscan obtener ganancias mediante amenazas y control territorial.
Víctor Sánchez, especialista en seguridad pública, advirtió que estos sectores son especialmente vulnerables, ya que las organizaciones criminales aprovechan la limitada vigilancia institucional y la escasa cobertura mediática para imponer cobros ilegales o incluso reclutar de forma forzada a trabajadores.
Casos recientes como el asesinato de siete mineros en Concordia, Sinaloa, el secuestro de electricistas en Matehuala, San Luis Potosí, y la privación de la libertad de obreros en China, Nuevo León, evidencian el alcance de este fenómeno.
El experto explicó que la extorsión se ha consolidado como una de las actividades más rentables para el crimen organizado, ya que no requiere inversión y permite a los grupos delictivos mantener control sobre regiones estratégicas.
En el caso de la minería, señaló que este tipo de prácticas se han registrado desde principios de los años 2000, lo que refleja un problema persistente en el país.
Además, el transporte de carga se ha convertido en otro objetivo recurrente, debido al valor de las mercancías que se trasladan.
Según Sánchez, los delincuentes atacan tráileres sin importar el tipo de producto, ya sea combustible, electrónicos o insumos médicos, lo que impacta directamente en las cadenas de suministro y en la economía nacional.
La problemática también afecta a trabajadores de empresas de alimentos, bebidas y productos básicos, quienes enfrentan amenazas para permitir el traslado seguro de mercancías.
Las empresas suelen buscar mantener sus operaciones incluso mediante negociaciones, mientras que las familias priorizan la seguridad de sus integrantes.
Ante este panorama, el especialista recomendó fortalecer la coordinación entre autoridades y sectores empresariales, así como mejorar los sistemas de alerta en zonas de riesgo, al considerar que la extorsión y los ataques a trabajadores forman parte de un problema estructural que requiere atención urgente en México.