Adán Augusto acorralado

El senador morenista enfrenta señalamientos por inconsistencias en sus ingresos y declaraciones patrimoniales. Aunque aseguró que todo está reportado ante el SAT y es consultable, los registros públicos no coinciden con sus versiones y presentan omisiones clave

Redacción Más

El senador morenista Adán Augusto López Hernández se encuentra bajo el escrutinio público tras las inconsistencias detectadas en sus declaraciones patrimoniales y la falta de claridad sobre los ingresos millonarios que dice haber recibido en los últimos dos años de empresas privadas. Aunque el legislador negó haber ocultado información y aseguró que todo está debidamente reportado ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Contraloría del Senado, los documentos disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) no reflejan los montos que mencionó y revelan contradicciones en sus dichos.

Según información de SinEmbargo, López Hernández reconoció en conferencia de prensa que obtuvo 78 millones de pesos en 2023 y 2024 provenientes de tres compañías privadas: GH Servicios Empresariales, Operadora Turística Rabatte y Capital Cargo del Golfo.

El senador justificó estos ingresos como parte de su labor como prestador de servicios legales, actividad que ha mantenido de manera paralela a su carrera política. Sin embargo, al desglosar las cifras, incurrió en versiones contradictorias. Primero dijo que en 2023 tuvo 22.6 millones de pesos y en 2024 otros 24.5 millones, lo que sumaría apenas 47 millones. Después aseguró que en realidad en 2023 percibió entre 23 y 24 millones, y en 2024 alrededor de 56 millones, lo que sí cuadraría con los 78 millones reportados.

Al revisar las declaraciones patrimoniales disponibles en la PNT, esas cantidades no aparecen. En la declaración con fecha de 13 de octubre de 2024, el senador reportó únicamente ingresos netos por su cargo público, que alcanzarían 1.5 millones de pesos en todo el año. En la modificación presentada el 17 de mayo de 2025, indicó ingresos netos por 625 mil pesos, lo que anualizado sumaría 7.5 millones. Ninguna de estas declaraciones refleja transferencias o pagos de empresas privadas, ni aparecen registros de cuentas bancarias, inversiones, fideicomisos o participación en sociedades. Las casillas relacionadas con estos rubros están vacías.

López Hernández intentó defenderse señalando que algunos de sus recursos adicionales provienen de una herencia familiar. Explicó que, tras un largo litigio en Estados Unidos, recibió dos pagos depositados en cuentas de Wells Fargo y del Banco PNC en Houston, como resultado de inversiones que su padre mantenía en ese país. Dijo que estos ingresos también están incluidos en sus declaraciones ante Hacienda. No obstante, las copias que compartió con la prensa estaban recortadas y sólo incluían la primera página, sin especificar montos, mientras que las declaraciones descargadas de la PNT confirman que esas cifras no están públicas.

El escándalo se agravó por el reportaje televisivo que vinculó a una de las compañías pagadoras con prácticas de empresa fantasma. El senador rechazó esa versión y afirmó que en 2018 la firma solventó sus problemas fiscales, por lo que no existe ninguna determinación en su contra. “Una vez más, Televisa y sus corifeos mienten”, dijo, y agregó que cualquier irregularidad sería responsabilidad exclusiva de la empresa y no de él como prestador de servicios.

También negó haber incurrido en conflicto de interés por los contratos públicos que esas compañías recibieron durante su gestión como gobernador de Tabasco. Aseguró que nunca otorgó un contrato de manera directa, pues esa no era su función, y deslindó responsabilidades en la estructura administrativa del gobierno estatal. Ante la pregunta de si su administración otorgó los contratos, respondió: “Mi Gobierno no sé, pero yo no”, lo que generó nuevas dudas sobre la transparencia en su gestión.

En paralelo, López Hernández ha sido cuestionado en las últimas semanas por su relación con Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco detenido por asociación delictiva, secuestro exprés y extorsión. Aunque el senador ha intentado distanciarse de esos señalamientos, las coincidencias han incrementado la presión política y mediática en su contra.

El caso pone en entredicho no sólo la consistencia de las declaraciones patrimoniales del legislador, sino también la eficacia del sistema de transparencia en México. Los funcionarios tienen derecho a reservar ciertos datos que consideren sensibles, pero en este caso el propio Adán Augusto aseguró que toda su información era pública y podía consultarse, lo cual resultó falso.

Para sus críticos, el tema evidencia la necesidad de revisar con mayor rigor las obligaciones de transparencia de los servidores públicos, en especial de aquellos con carreras políticas de alto perfil y aspiraciones nacionales, como López Hernández, quien hasta hace poco fue considerado una de las figuras más cercanas al presidente Andrés Manuel López Obrador. En medio de estas contradicciones, el senador insiste en que no ha cometido ninguna irregularidad y que sus ingresos son legítimos. Sin embargo, la falta de coincidencia entre sus versiones, sus declaraciones patrimoniales y lo reportado por las autoridades fiscales y de transparencia lo dejan en una posición vulnerable. En lo político y en lo mediático, Adán Augusto López Hernández se encuentra, cada vez más, acorralado.