Ciudad de México, 10/03/26 (Más).- Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), exmagistrados federales denunciaron la existencia de una crisis estructural en la independencia judicial en México, situación que, advirtieron, representa un deterioro acelerado del sistema de justicia y pone en riesgo el acceso efectivo a la justicia para más de 130 millones de personas.
De acuerdo con información publicada por el portal Animal Político, la magistrada María Emilia Molina y el magistrado Pablo Héctor González –ambos en calidad de retiro forzado– expusieron estas preocupaciones durante la audiencia regional titulada “Situación de Personas Operadoras de Justicia”, celebrada en el marco del 195 periodo de sesiones de la CIDH en Guatemala.
Ambos magistrados, quienes señalaron haber sido retirados de sus cargos tras la reforma judicial aprobada en México en 2024, afirmaron que los cambios implementados en el sistema judicial no representan simples ajustes institucionales, sino una transformación que debilita las garantías estructurales de independencia en el país.
Durante su intervención, Molina sostuvo que la reforma ha impactado de manera directa la estabilidad de la carrera judicial, ya que la permanencia de jueces y magistrados dejó de depender del mérito y de criterios objetivos para definirse por mecanismos que calificó como aleatorios.
La exmagistrada, quien se presentó como presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, también denunció que diversos integrantes del Poder Judicial han enfrentado presiones institucionales, intimidaciones y sanciones encubiertas que, aseguró, desalientan la independencia en las decisiones judiciales y han provocado que algunos juzgadores se separen de sus cargos.
Añadió que el nuevo Órgano de Administración Judicial ha aplicado un trato diferenciado entre jueces electos y jueces de carrera, lo que se refleja en decisiones administrativas como la negativa a licencias médicas o permisos urgentes. Incluso relató que ella misma se vio obligada a presentar su renuncia tras la negativa a otorgarle una licencia médica por causa grave sin goce de sueldo.
Los exmagistrados también señalaron que el Tribunal de Disciplina Judicial, creado tras la reforma, ha sido utilizado como un mecanismo de presión sobre los juzgadores al operar, según dijeron, sin salvaguardas suficientes de independencia.
En ese contexto, Molina mencionó un caso que calificó como paradigmático, en el que un juez fue suspendido de manera expedita por un órgano que consideró incompetente, luego de que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, solicitara públicamente su revisión tras una resolución judicial.
Además, se denunció que algunas decisiones administrativas han derivado en cambios de adscripción hacia regiones con altos niveles de violencia, lo que, según los magistrados, no solo afecta las condiciones laborales de los juzgadores, sino que también representa riesgos para su integridad física.
Por su parte, el exmagistrado Pablo Héctor González advirtió que los jueces también enfrentan señalamientos públicos por el contenido de sus resoluciones y la apertura de carpetas de investigación en la Fiscalía General de la República relacionadas con el sentido de sus decisiones.
El juzgador agregó que la infiltración del crimen organizado en distintos niveles del Estado ha colocado a la judicatura en una situación de mayor vulnerabilidad, riesgo que, afirmó, podría aumentar con la elección popular de integrantes del Poder Judicial.
Los exmagistrados concluyeron que la situación actual no es un problema aislado, sino una crisis estructural que impacta la protección de los derechos humanos, por lo que solicitaron a la CIDH mantener un seguimiento reforzado del caso mexicano e instar al Estado a adoptar medidas urgentes para garantizar la seguridad y la independencia de las personas juzgadoras.
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