Ciudad de México, 26/01/26 (Más).- La Guardia Nacional acumuló durante 2025 un total de 387 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos, entre ellas casos de desaparición forzada, lesiones y uso excesivo de la fuerza, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Alerta de Violación de Derechos Humanos.
A pesar de esta cifra, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió solo una recomendación durante el año, lo que representa apenas el 0.26 % del total de señalamientos.
Según información del portal Animal Político, desde su creación en 2019, tras la reforma al artículo 21 constitucional, la Guardia Nacional ha recibido 2,203 quejas por posibles abusos y 14 recomendaciones por parte de la CNDH. La corporación, concebida como una fuerza civil pero conformada en más de 90% por elementos militares y navales, ha sido señalada reiteradamente por actos que van desde detenciones arbitrarias hasta desapariciones forzadas y tortura.
Uno de los casos más recientes es el del académico colombiano Leonardo Ariel Escobar Barrios, profesor de la Universidad Iberoamericana Puebla, quien fue detenido el 31 de diciembre de 2025 en el Aeropuerto de Monterrey por agentes de la Guardia Nacional. De acuerdo con su testimonio, fue golpeado durante su detención, lo que le provocó la fractura de tres costillas, médicamente comprobada. Pasó tres días en una celda en Apodaca sin que hasta ahora se haya dado una justificación clara sobre su arresto. Posteriormente, fue hallado en situación de calle y auxiliado por personal de un centro de rehabilitación.
Este caso, que ha cobrado notoriedad mediática, revive las críticas hacia el actuar de la Guardia Nacional y refuerza los señalamientos sobre el uso de tácticas discriminatorias y la falta de protocolos de respeto a los derechos humanos, especialmente en contra de personas extranjeras, como en este caso por su nacionalidad colombiana.
Especialistas como Luis Tapia, abogado en derechos humanos, y Víctor Hernández, director del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, señalan que el bajo número de recomendaciones emitidas no refleja la magnitud de las violaciones, ya que muchas quejas son cerradas por la CNDH mediante simples orientaciones sin reconocer oficialmente el daño. Ambos coinciden en que esto alimenta la percepción de impunidad y debilita la confianza en las instituciones.
Pese a las múltiples denuncias, la Guardia Nacional mantiene una percepción pública de efectividad de 73.2% en tareas de prevención y combate a la delincuencia, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) 2025. Sin embargo, Tapia advierte que esa imagen se desvanece ante cada denuncia no atendida o minimizada, convirtiéndose en un mensaje de permisividad y desprestigio para las fuerzas armadas.
Además, persisten cuestionamientos sobre la autonomía de la CNDH bajo la presidencia de Rosario Piedra Ibarra, quien ha sido criticada por no actuar frente a reformas que permitieron a la Secretaría de la Defensa Nacional tomar control operativo y administrativo de la Guardia Nacional. Organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido que esta subordinación militar ha incrementado las agresiones y opacidad en el manejo de casos.
En este contexto, especialistas subrayan que la cantidad de quejas debería ser el foco principal del análisis, más allá del número de recomendaciones, como un termómetro de la violencia institucional que enfrentan muchas personas en el país sin que exista una autoridad que investigue o sancione con eficacia.
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