Abuso sexual infantil, un problema silencioso y urgente

En Coahuila, el abuso sexual infantil es un problema alarmante. Un caso reciente de una niña de 14 años, quien desde los 6 años era abusada por su padre, revela la magnitud del problema, junto con miles de incidentes no denunciados. Informes del Poder Judicial muestran un incremento del 60% en abusos sexuales y violaciones entre 2019 y 2022.

Por Katya González

Saltillo, Coahuila, MÁS. – El 27 de junio de 2022, “M” acudió a la escuela de su hija tras ser llamada por el docente a cargo del grupo al que “A”, de 14 años, pertenecía, pues la menor se había autolesionado en uno de sus brazos, intentando quitarse la vida, y dejado un escrito en el que refería haber sido abusada sexualmente por su padre desde que tenía 6 años.

Según el testimonio de la víctima, desde niña era obligada por su papá a dormir con él y era por las noches cuando este aprovechaba para agredirla sexualmente. “A” guardó el secreto durante años, pues temía que su madre no le creyera.

Ante la situación, el personal educativo avisó a las autoridades correspondientes y el agresor fue puesto a disposición del Ministerio Público, sin embargo, el caso concluyó mediante un procedimiento abreviado, por lo que a pesar de los atroces hechos, el agresor solamente fue sentenciado a 11 años de prisión en el Centro de Readaptación en Saltillo.

El caso de “A” es solo uno de los 9 mil 929 casos de violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes registrados en dicho año, según la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

El abuso sexual infantil es una de las más graves y alarmantes violaciones a los derechos de los menores más frecuentes en México, y el estado de Coahuila no es ajeno a esta problemática. 

Según datos de la Secretaría de Salud y organizaciones especializadas, una gran cantidad de casos de abuso sexual infantil en el país no se denuncian, debido al miedo, la vergüenza y la desconfianza en las autoridades. En Coahuila, informes de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) revelan que los casos documentados son solo la punta del iceberg de una situación mucho más extensa.

Estudios y encuestas sugieren que una significativa proporción de niños y niñas han experimentado algún tipo de abuso sexual antes de cumplir los 18 años. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que aproximadamente 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres han sido abusados sexualmente en la infancia.

Según Pronnif, en Coahuila el abuso sexual infantil es una de las violaciones a los derechos de los niños más incidentes, solo detrás de la omisión de cuidados y la violencia física y psicología.

Aunque no existe una cifra estimada de los casos que se han registrado en el estado los últimos años, el Poder Judicial del Estado reveló a este medio informativo mediante la solicitud de información con el número de folio 051259000011724, que entre 2019 y 2022, los casos de abuso sexual y violación en contra de niños de entre 2 y 15 años incrementaron en más de un 60%.

En el 2018 los siete distritos judiciales del estado procesaron 43 casos de abuso sexual y 44 de violación donde las víctimas fueron niños de entre 2 y 15 años; de estos el mayor número de casos fue reportado en el distrito correspondiente a Torreón con 12 casos de abuso y 22 de violación.

Para el 2019, los casos de abuso sexual contra niños casi se duplicaron, pues se registraron 84 casos, de los cuales 33 corresponden a la delegación en Saltillo. En cuanto a los registros de violación, hubo siete casos más que el año anterior, de los cuales la mayoría también tuvo lugar en Saltillo, delegación que albergó 15 casos de 51.

Tras la pandemia por Covid-19, el número de niños que fueron víctimas de estos delitos incrementó considerablemente, pues los casos de abuso sexual judicializados aumentaron en un 69 por ciento respecto a 2019, al registrarse 141 procesos penales, de los cuales 34 corresponden a Saltillo y 49 a Torreón; mientras que, en el caso de la violación, los casos incrementaron en un 61 por ciento al registrarse 82 causas, en su mayoría en Saltillo con 20 casos y Monclova con 19.

Si bien, en el 2023 se registró una disminución de causas judicializadas por estos delitos que atentan contra las infancias coahuilenses, las cifras aún son alarmantes.

El Poder Judicial reportó que hasta diciembre del año pasado 120 niños fueron víctimas de abuso sexual y 77 de violación. Esto es un 180% más de abusos sexuales y 75% más de violaciones que las judicializadas en 2018.

Además, informó que entre enero y abril de 2024, fueron judicializadas 21 causas de abuso sexual y 26 de violación en el estado, principalmente en la delegación Torreón donde se registraron 7 casos de abuso y 11 de violación.

LOS AGRESORES ESTÁN EN EL ENTORNO DE LOS NIÑOS

Según estadísticas mundiales, un alto porcentaje de los delitos sexuales en contra de los niños ocurrieron en los entornos más próximos a ellos como lo son las escuelas, sus barrios e incluso sus hogares.

Según los datos de las sentencias emitidas entre 2018 y 2024 que han causado ejecutoria y que fueron proporcionadas por el Poder Judicial del Estado a este medio informativo, el 90 por ciento de las agresiones fueron perpetradas por alguna persona que forma parte del círculo social del menor afectado.

Lo más alarmante, es que la mayoría de los actos de violencia sexual hacia niñas y niños en el estado fueron cometidos por personas con parentescos familiares en primero y segundo grado con el 85 por ciento.

Como principal agresor fue identificado el padrastro de los menores, con el 40 por ciento del total de los casos presentados por el Poder Judicial Estatal, de los cuales solo dos tuvieron un desenlace por medio de un Juicio Oral.

El padre biológico de las víctimas fue el principal agresor en el seno familiar, pues de los casos presentados, en el 20 por ciento se señaló al progenitor como perpetrador del delito y todos estos concluyeron mediante un procedimiento abreviado, por lo que las penas impuestas a los acusados fueron mínimas.

Otros parientes encontrados como violentadores sexuales fueron los tíos (políticos y sanguíneos) con el 16 por ciento de los casos; los abuelos con el ocho por ciento y los primos con el uno por ciento. De estos solo uno concluyo mediante un juicio oral.

Solo en el 13 por ciento de los casos los niños no tenían ningún parentesco con su agresor, entre los que figuraron amigos de familiares y personal educativo de la escuela a la que asistían.

Al respecto, el Poder Judicial del estado reportó un incremento del 15 por ciento de casos de abuso sexual en instituciones educativas. La Secretaría de Educación Pública de Coahuila (SEDU) señaló que durante el ciclo escolar 2023-2024 se registraron por lo menos 12 casos.

De 2020 a 2022 se detectaron 47 casos de abuso y acoso sexual infantil en escuelas, según el Informe “Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Coahuila de Zaragoza: Escenario Actual y Perspectivas a Futuro” y tan solo en 2021 SEDU procesó 26 expedientes por estos delitos y emitió siete actas administrativas a personal educativo por haber incurrido en dichas conductas.

COAHUILA REPROBADO EN ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE ABUSO SEXUAL ESCOLAR 

Según la investigación realizada por las periodistas Alejandra Crail y Daniela Guazo, para El Universal y Connectas, el estado es la segunda entidad peor calificada a nivel nacional, tan solo detrás de Durango (con una calificación de 3), al no contar con estándares de protección y atención recomendados, obteniendo así una calificación de 3.2 en una escala del 1 al 10.

Según la investigación el estado no define los delitos sexuales conforme al código penal estatal, como lo son el acoso sexual, el abuso sexual, violación equiparada y hostigamiento sexual.

Asimismo, no especifico los mecanismos de queja, es decir, no detallo el uso y seguimiento a los mecanismos de atención a casos de delitos sexuales establecidos.

Además, no están establecidas las medidas de protección inmediatas para Niñas, Niños y Adolescentes frente al riesgo generado por violencia sexual y no hay una coordinación entre escuelas y servicios externos para atender las necesidades de los menos con servicios especializados.

De igual manera, Coahuila no explica a los niños y sus familias las implicaciones de la canalización con servicios externos para que los casos sean atendidos por las autoridades judiciales y tampoco se les da un seguimiento a los métodos de denuncia a fin de medir su eficacia.

En cuanto a las investigaciones, señalan que el estado no prohíbe obstaculizar la investigación y atención a las víctimas y tampoco realiza una investigación administrativa por el personal calificado en delitos sexuales para que determinen la continuidad dentro del servicio educativo.

En Coahuila las autoridades administrativas no están obligadas a actuar de oficio; no existen pautas de atención, escucha y credibilidad para Niños, Niñas y Adolescentes; no hay medidas para evitar la revictimización ni tampoco hay un registro textual de las palabras de los menores.

Además, no hay una custodia del expediente de queja y no se separan de los asuntos académicos y el gobierno no especificó si hay un seguimiento periódico a las personas involucradas.  No brindan información accesible y adecuada a los Niños, Niñas y Adolescentes, ni tampoco hay principios de atención rápida eficaz y no precipitada al no establecer plazos cortos y definidos de actuación.

En delitos sexuales en contra de niños en las aulas no existe un apoyo con perspectiva de género, no hay tiempos establecidos razonables de investigación, no se nombra el principio de protección forzada y no se considera el principio de debida diligencia en los casos.

De esta manera Coahuila no cuenta con 18 de los 30 puntos calificados por las periodistas durante su investigación, siendo una de las entidades con menor capacidad para proteger y atender a los niños y adolescentes en las aulas.

Según a investigación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha exigido a los países cumplir con principios de protección reforzada y debida diligencia estableciendo procedimientos que aseguren la aplicación, calidad, pertinencia, accesibilidad, impacto y eficacia de medidas de protección ante casos de violaciones a derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. 

Según las periodistas “Estos principios, en México están desdibujados para las infancias”.

“La Secretaría de Educación Pública, a nivel federal y en los estados, tiene el 100 por ciento de responsabilidad. Las personas están llevando a sus hijos e hijas a un lugar donde supuestamente deben estar seguros. Hay gente mala que puede cometer delitos, pero si tú no tienes los protocolos, no hay capacitación, hay lugares inseguros, es su culpa porque les dieron el escenario ideal para cometer el delito en la escuela”, se cita a Mariana Gil, de la Oficina por los Derechos de la Infancia en el texto.

Bajo ese sentido, Coahuila es uno de los estados más inseguros del país para los niños que asisten a clases.

Al respecto este medio informativo cuestionó al Secretario de Educación del estado, Emanuel Garza Fishburn, sobre los protocolos de actuación y prevención de abuso sexual en las aulas, quien evadió la pregunta y solo mencionó que estos están alineados a nivel nacional, sin embargo, cada estado realiza los cambios que son requeridos de manera interna, privilegiando los derechos de los niños, jóvenes y adolescente y entender el rol de los agentes educativos en el proceso, siempre dentro del marco de la ley, sin especificar en qué consisten dichos mecanismos.

“Los protocolos están alienados a nivel nacional, recordemos que la Secretaría de Educación Pública, a nivel nacional, desde hace varios años, ha detonado un proceso de homologación de los protocolos de atención a este tipo de incidencias y obviamente cada estado hace sus cambios, pero son protocolos que sirven en primer lugar para atender, para privilegiar los derechos de los niñas, de los niños de los jóvenes y adolescentes en estas circunstancias, protocolos también para entender cuál es el rol que tienen los agentes educativos en el proceso y que obviamente todo dentro en el marco de la ley se atienda de la manera que se requiera”, contesto.

PROCEDIMIENTOS ABREVIADOS, SENTENCIAS CORTAS Y OTROS BENEFICIOS: LA PUERTA HACIA LA IMPUNIDAD

De los casos de abuso y violación sexual en contra de niños registrados en Coahuila, de los que fue emitida una sentencia entre 2018 y 2024, solo el cuatro por ciento concluyó mediante un juicio oral, por lo que el resto obtuvo sentencias de entre 2 y 10 años al tener una terminación mediante un procedimiento abreviado, según el Poder Judicial del Estado de Coahuila.

Tras realizar una solicitud al Poder Judicial estatal, este entregó 119 sentencias, en su versión publica, sobre casos de abuso sexual y violación en menores de 15 años, los cuales en su mayoría fueron resueltos a través de un procedimiento abreviado.

Del total de las sentencias entregadas, las cuales fueron emitidas entre 2018 y 2024, solo cinco concluyeron a través de un juicio oral en el que los imputados fueron condenados a cumplir sentencias mayores a 40 años de prisión.

Según el artículo 201 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se le puede condenar al imputado con una pena menor si admite la responsabilidad por los hechos que le imputan. 

Tras la implementación del Procedimiento abreviado en el 2008 con el Sistema Penal Acusatorio, en México fue abierta una puerta hacia la impunidad en los casos que atentan contra la vida e integridad de los niños.

Tal es el caso de “N”, cuyo nombre se mantendrá en anonimato, quien luego de salir del jardín de niños fue con su madre a casa y se quedó dormido en la sala. El niño declaró que cuando despertó su pijama estaba abajo y escucho a su mamá y su padrastro discutir, por lo que se limitó a acomodar su ropa e ir a su habitación.

“N” fue víctima de abuso sexual, mientras dormía su padrastro realizó tocamientos a su cuerpo y al ser sorprendido por la madre se justificó explicando que “las mujeres ya no lo satisfacían” según se lee en la sentencia.

El caso concluyó en el 2019 mediante un procedimiento abreviado, el abusador fue sentenciado a dos años de prisión y en el 2021, al cumplir su condena, el hombre salió nuevamente a las calles.

De igual manera, “M” de tres años, fue víctima de violación por su padre quien admitió su responsabilidad en los hechos y fue sentenciado a ocho años de prisión ordinaria, es decir, cuando la niña tenga 11 años de edad su violador estará libre. 

Según diversos especialistas en el tema, el procedimiento abreviado supone la violación de la presunción de inocencia del imputado, además de lastimar la impartición de justicia con el único fin de reducir la carga de trabajo del Sistema de Justicia, sin tomar en cuenta las afectaciones presentes y futuras de los niños víctimas de estos delitos.

Además de obtener sentencias muy bajas, los agresores sexuales de niños en Coahuila también han sido beneficiados con medidas que en ocasiones les han otorgado libertad.

Tal es el caso de la Escuela Primaria Urbano Flores en Saltillo, cuyo subdirector de nombre Gerardo, sentenciado a 40 años de prisión por haber violado a una menor dentro de las instalaciones, y enfrenta un segundo proceso en su contra luego de que Valentina, de 11 años, y quien fuera una de sus víctimas, terminó con su vida debido del daño emocional que este le provocó, fuera beneficiado en cuatro ocasiones por el Poder Judicial Federal quien emitió amparos que le permitieron obtener un grado de libertad.

El pasado 16 de febrero, la familia de Valentina rodeó el edificio del Poder Judicial Federal en Saltillo, bloqueando sus entradas y salidas a manera de protesta, luego de que la Juez Claudia Luz Hernández Sánchez concediera en tiempo récord y un amparo para que Gerardo Sánchez obtuviera una medida de libertad, sin tomar en consideración la sentencia que actualmente enfrenta.

Ya que este sería el cuarto fallo que la misma juez federal promueve a favor del abusador, la representación legal de las víctimas presentó una queja contra la jueza federal Claudia Luz Hernández.

Javier Laureano Valdés, integrante del Foro Profesional de Abogados de Saltillo, explicó que en un proceso legal ambas partes están en igualdad de condiciones, por lo que no se debería de dar preferencia a ninguna de ellas, sin embargo, consideró que existen deficiencias en los procesos, por parte del Ministerio Público y el Poder Judicial Estatal, que han dado lugar a la emisión de amparos federales a favor de los victimarios.

Derivado de ello, este medio informativo solicitó al Poder Judicial los casos de agresión sexual en contra de niños en el estado, en los que el abusador se haya visto beneficiado luego de la emisión de un amparo.

En el delito de abuso sexual en menores de entre 2 y 15 años, el Poder Judicial mencionó que no se otorgó ningún cambio de medida de prisión preventiva a libertad u otro beneficio entre 2018 y 2022. 

Según señaló fue hasta el 2023 cuando se registraron solo dos amparos en Saltillo con estas características. En el mismo delito, pero en el 2024, señaló que han sido emitidos tres amparos que han beneficiado a los imputados, uno en el distrito Judicial de Río Grande y dos más en Saltillo.

Uno de estos corresponde al caso de la escuela primaria Juan de la Berrera en Saltillo, pues el pasado 22 de marzo un juez de control en Saltillo otorgó el cambio de medida cautelar a Jorge ‘N’, docente acusado de abusar sexualmente de sus alumnas, concediéndole así la libertad condicional.

Los hechos ocurrieron en el mes de febrero, luego de que una madre acudió ante la Procuraduría para los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) a denunciar el abuso que había sufrido su hija de 11 años por parte del maestro, con la posibilidad de la existencia de otras víctimas.

No obstante, el Poder Judicial Federal otorgó la libertad al imputado y se impusieron medidas consistentes en la prohibición de salida de la ciudad sin autorización del juez, no acercarse a la víctima o lugares que frecuenta, además de no ejercer la profesión hasta en tanto se resuelva el caso.

En cuanto al delito de violación en menores de entre 2 y 15 años, entre 2018 y 2022 nuevamente no hay registró de cambio de medidas u otros beneficios a los acusados.

En el 2023, fueron seis los amparos emitidos a favor de los inculpados: dos en Acuña, uno en la Región Carbonífera y tres más en Saltillo. En cuanto al 2024, el PJE señala que no se ha emitido ningún amparo a favor de un imputado.

UNA VÍCTIMA QUEDA MARCADA DE POR VIDA

Especialistas en salud mental cercanos a los casos registrados en la entidad coinciden en que el trastorno de estrés postraumático generado a partir de una agresión sexual puede marcar de por vida a los niños que han sido víctimas de este delito. 

Según una especialista en Psicología Forense adscrita al Centro de Atención a Víctimas del estado y consultada por este medio, una agresión sexual tiene un grado de afectación muy grave en las víctimas y quienes lo rodean, pues repercute en su entorno social, familiar y escolar, y además limita el desarrollo de los niños.

Entre los principales síntomas presentes en una víctima, destacan la tristeza, el miedo, el coraje, un sentimiento de indefensión, ideación suicida, automutilación, inapetencia alimenticia, perdida de interés en actividades que eran gratificantes anteriormente y aislamiento social. En repetidas ocasiones, los menores, víctimas de abuso sexual y violación, manifiestan sentir que no volverán a ser felices nunca más.

Una psicóloga forense de la Fiscalía General del Estado, especializada en niños, niñas y adolescentes, señala que además de estos síntomas, las víctimas también presentan una ansiedad excesiva por la sexualidad, la culpabilidad al pensar que si hubiera hecho algo diferente podría haber evitado la situación; así como la necesidad de recurrir a la fantasía por compensación, cuando piensan que pueden salvar a otras víctimas.

Las agresiones sexuales en los niños dejan una serie de afectaciones. Entre las físicas, se encuentra la falta de control de esfínteres o regresión y problemas de alimentación; además son frecuentes los problemas de sueño como las pesadillas; en lo conductual también son frecuentes las lesiones, el bajo rendimiento escolar, el miedo a pasar por una situación similar, depresión ansiedad y agresividad.

Una tanatóloga, quien brinda atención a víctimas sexuales, señaló que los niños viven un duelo por la pérdida del derecho al respeto de su cuerpo y la pérdida del sentido tenían de sí mismos.

Este es un duelo complicado o desestructurado en donde es recurrente la crisis a la tristeza, pues se pierde el sentido de la vida, el cual representa una limitante en la manera de socializar de los niños, pues se ven en problemas para establecer un vínculo afectivo, el cual es asociado con la confianza, es decir, al ser traicionada, la victima víctima se ve imposibilitada a vincularse desde el afecto.

En tanto, un psiquiatra del Centro de Salud Mental de Saltillo señala que las víctimas presentan un trastorno de estrés postraumático del que se deriva el temor a que su agresor vuelva a dañarlos.

“Sienten que la persona puede llegar, que está afuera de la puerta, que puede volver a hacerles daño”, explicó.

Explicó que este trastorno puede limitar la capacidad de los niños de tener una vida cotidiana normal, pues este los marca de por vida y afecta todas sus relaciones interpersonales presentes y futuras.

NO HAY REHABILITACIÓN PARA AGRESORES EN DOS AÑOS: CESAME

Según el Centro de Salud Mental (Cesame) en Saltillo, es muy baja la probabilidad de que los agresores sexuales de niños se rehabiliten en dos años, mientras cumplen con una corta sentencia, por lo que existe una alta probabilidad de reincidencia.

Adrián Nava, psiquiatra y subdirector del Cesame explicó que es muy complicado que una persona que haya agredido sexualmente a un menor logre mostrar mejorías en tan poco tiempo, pues debe existir un seguimiento intensivo a través de terapias psicológicas que podrían durar 5 años o incluso ser de por vida, además de que la persona debe tener la intención de cambiar para bien.

“Muchas veces estas terapias son a lo largo de varios años y muchos pacientes tienen recaídas, abandonan el tratamiento y luego regresan, pero sobre todo para que se logre una mejoría, en estos pacientes debe haber una motivación sincera y personal para recibir ayuda y poder cambiar. Si el paciente no quiere cambiar y no lo ve como un problema es muy difícil”, dijo

“Con intención y dependiendo del caso puede ser alrededor de 5 años y ese lapso puede variar: hay personas que durante toda su vida van a estar en un proceso de terapia”, agregó.

El tiempo de terapia de cada persona dependerá del problema de salud mental que se detecte y de las motivaciones que lo llevaron a incurrir en el delito, entre los cuales figuran los trastornos de personalidad adaptativa o patológica, conductas de riesgo, consumo de sustancias u otras afectaciones.

Además de la terapia para tratar las conductas delictivas en los abusadores, el médico psiquiatra señaló que de haber detonantes o situaciones que hayan influido en los hechos, estos deberán ser atendidos también.

Por ejemplo, si sucede en un contexto de consumo de sustancias, el agresor deberá tomar rehabilitación o si cuenta con algún padecimiento, como la demencia, también se debe identificar y brindar el tratamiento adecuado.

En tanto, en los casos en el que el agresor estaba consciente de que estaba cometiendo un delito y aun así antepuso sus necesidades y placeres, Nava señaló que podría tratarse de una persona con un trastorno de la personalidad el cual podría ser antisocial o sociopático, y que necesita de terapias psicológicas intensivas para lograr una mejoría.

ESFUERZOS SIN RESULTADOS

En respuesta a esta crisis, Coahuila ha implementado diversas iniciativas para combatir el abuso sexual infantil como programas educativos en escuelas que buscan enseñar a los niños sobre sus derechos y cómo identificar situaciones de riesgo. Además, se han lanzado campañas de concientización dirigidas a padres y comunidades para destacar la importancia de proteger a los menores.

Las autoridades locales, en colaboración con la Pronnif, han establecido líneas de ayuda y centros de apoyo para víctimas de abuso sexual infantil, sin embargo, estos esfuerzos enfrentan desafíos significativos, incluyendo la capacitación insuficiente de personal en la detección y manejo de casos, la falta de recursos para una intervención adecuada, y el estigma social asociado con el abuso sexual.

A pesar de los esfuerzos en curso, queda claro que se necesita una acción continua y coordinada para enfrentar este problema de manera efectiva. Fortalecer las redes de apoyo, mejorar la capacitación de profesionales y fomentar una cultura de denuncia y protección hacia los niños son pasos cruciales.

El abuso sexual infantil en Coahuila es un problema que exige una atención inmediata y sostenida. Solo a través de la colaboración entre el gobierno, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil se podrá proteger de manera efectiva los derechos de los niños, niñas y adolescentes y así brindarles un entorno seguro y saludable para su desarrollo.