Ciudad de México, 29/01/26 (Más).- Las altas tasas de sentencias absolutorias en juicios orales registradas en diversas entidades del país revelan fallas profundas en la procuración de justicia y distorsionan los incentivos del sistema penal acusatorio, de acuerdo con datos del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2025 del INEGI.
Un análisis preliminar del estudio ‘Radiografía del sistema de justicia penal’, elaborado por México Evalúa, identifica que Quintana Roo, Durango y Campeche presentan las tasas de condena más bajas en juicio oral, con porcentajes de 16.67%, 20% y 23.08%, respectivamente. A estos se suman Michoacán, con 43.19%, y Morelos, con 48.60%, entidades donde las defensas tienen mayores probabilidades de ganar los casos en esta etapa.
Este fenómeno resulta especialmente grave si se considera que el juicio oral es la salida procesal más costosa para el Estado, al requerir mayores recursos humanos, infraestructura, tiempo y generar un desgaste significativo para las víctimas, quienes además pueden quedar sin reparación del daño si el fallo es absolutorio.
Especialistas advierten que, en un sistema acusatorio funcional, sólo los casos con investigaciones sólidas deberían llegar a juicio oral, pues las fiscalías tendrían una alta probabilidad de obtener sentencias condenatorias. Sin embargo, cuando las fiscalías pierden la mayoría de estos procesos, se rompe el incentivo para negociar salidas anticipadas y se evidencian deficiencias estructurales.
Entre las posibles causas se identifican el uso de la prisión preventiva como pena anticipada, la falta de litigación estratégica, investigaciones enfocadas únicamente en vincular a proceso y no en sentenciar, así como la rotación constante de personal sin un servicio profesional de carrera que fortalezca las capacidades de litigación.
El diagnóstico también alcanza a la Fiscalía General de la República, que reporta 30% de sentencias absolutorias en delitos federales, un dato considerado aún más delicado. A ello se suman casos como Colima y Oaxaca, donde durante 2024 no se registró ninguna sentencia en juicio oral, lo que también amerita revisión.
En este contexto, se subraya la necesidad de evaluar de manera continua el desempeño de las fiscalías estatales.
La fiscal general Ernestina Godoy incluyó entre sus ejes de trabajo el fortalecimiento de estas instituciones, un esfuerzo que, de acuerdo con especialistas, debería incorporar indicadores como la tasa de condena en juicio oral para mejorar la eficacia del sistema y reducir la impunidad.
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