Ciudad de México, 27/01/26 (Más).- Tras la entrega masiva de 37 presuntos integrantes del crimen organizado a Estados Unidos, realizada el pasado 20 de enero, un grupo de abogados y familiares de los trasladados presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR), acusando al Consejo Nacional de Seguridad de traición a la patria y coalición de servidores públicos, al considerar que la acción fue realizada fuera del marco legal mexicano.
De acuerdo con información de Infobae, los denunciantes argumentaron que la extradición de los reos se llevó a cabo sin cumplir con los procesos judiciales establecidos, como la existencia de órdenes formales de extradición o la oportunidad de agotar recursos legales en tribunales nacionales.
En conferencia de prensa realizada en la Ciudad de México, la abogada Yarey Sánchez Lagunas, representante de miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y del Cártel de los Arellano Félix, aseguró que este tipo de decisiones obligan a preguntarnos con toda seriedad y responsabilidad si están siendo utilizadas para mostrar resultados políticos, aun cuando implique sacrificar el debido proceso.
La denuncia fue interpuesta contra el Consejo Nacional de Seguridad, órgano integrado por la FGR, las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, Gobernación, Defensa, Marina y la Presidencia de la República. Los abogados sostienen que la entrega inmediata de los detenidos constituye una forma de destierro, figura prohibida por la Constitución mexicana, además de vulnerar tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Vanesa Guzmán, pareja de Juan Pedro Saldívar Farías, alias ‘Z-27’, supuesto líder regional de Los Zetas y uno de los 37 extraditados, relató que su pareja llevaba 13 años recluido en México y era candidato a libertad condicionada. Denunció que su traslado se hizo de forma abrupta, sin notificación previa, y que no pudo despedirse de su madre enferma ni de sus hijos. “El envío de mi pareja es un destierro. Hasta ahora no sabemos de él. No ha realizado ni su llamada legal permitida”, expresó.
Además, se informó que la denuncia presentada ante la FGR incluirá también los casos de Itiel Palacios García, alias ‘Compa Playa’, alto miembro del CJNG, extraditado en febrero de 2025, y Pablo Edwin Huerta Nuño, ‘El Flaquito’, presunto cabecilla del cártel de los Arellano Félix, enviado a Estados Unidos en agosto del mismo año. Sánchez Lagunas llamó a otros familiares de extraditados a sumarse a las acciones legales en curso.
Entre los trasladados el pasado 20 de enero figuran personajes identificados por las autoridades como ‘El Ricky’ (Cártel del Noreste), ‘El Señor de la Silla’ (Beltrán Leyva), ‘Payo Zurita’, ‘Delta1’ (CJNG) y ‘El Cubano’, este último señalado como objetivo prioritario del FBI. Todos fueron enviados a distintas ciudades estadounidenses como parte de un acuerdo de colaboración entre ambos gobiernos.
Desde febrero de 2025, el gobierno mexicano ha entregado a Estados Unidos un total de 92 personas vinculadas al crimen organizado, en tres operaciones distintas. La administración de Claudia Sheinbaum ha defendido la legalidad de estos traslados, asegurando que se ejecutaron con base en la Ley de Seguridad Nacional y que, conforme a los tratados bilaterales, ninguno de los extraditados enfrentará la pena de muerte.
No obstante, familiares y abogados insisten en que muchos de los extraditados ya cumplían condenas en México y que su entrega abrupta destruyó cualquier posibilidad de reinserción social. También han cuestionado el carácter humanitario de estas acciones, señalando el impacto emocional y familiar que dejó la separación repentina de padres, esposos e hijos.
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