Ciudad de México, 01/05/25 (Más).- A un mes de celebrarse la elección judicial en México, organizaciones de la sociedad civil y una víctima presentaron ante el Instituto Nacional Electoral (INE) cuatro denuncias contra 11 candidatos, a quienes acusan de mantener presuntos vínculos con el crimen organizado y con la iglesia de la Luz del Mundo.
Las denuncias fueron encabezadas por el abogado Miguel Alfonso Meza, representante de la organización Defensorxs, en conjunto con Laboratorio Electoral y Politiklab.
En los documentos entregados al INE se señalan a aspirantes a jueces y magistrados por supuestas relaciones con actividades delictivas y con la secta religiosa dirigida por Nassón Joaquín García, condenado en Estados Unidos por diversos delitos graves.
Entre los candidatos señalados por vínculos con el crimen organizado se encuentran Fernando Escamilla Villareal y Jesús Humberto Padilla Briones, ambos postulados en el estado de Nuevo León. Escamilla fue sentenciado previamente por portación ilegal de armas y, además, ejerció como abogado defensor de líderes del grupo delictivo conocido como Los Zetas, entre ellos Eleazar Medina Rojas y Miguel Ángel Treviño Morales. Por su parte, Padilla Briones fue detenido en 2023 en posesión de droga y un arma de fuego.
Otro de los nombres incluidos en las denuncias es Francisco Herrera Franco, exfiscal del estado de Michoacán. Según investigaciones periodísticas, Herrera Franco estaría relacionado con el asesinato de dos periodistas, además de mantener presuntos nexos con organizaciones criminales.
En lo que respecta a la iglesia de la Luz del Mundo, las denuncias mencionan a Madián Sinaí Menchaca Sierra, hija de un líder de dicha organización religiosa; a Cinthia Guadalupe Teniente Mendoza, relacionada con un senador que ha manifestado su simpatía hacia esa iglesia; y a Betzabé Almazán Morales, quien ha defendido públicamente al líder religioso Nassón Joaquín García.
También fueron señalados Eluzai Rafael Aguilar y Job Daniel Ibarra Wong, quienes habrían mostrado presunta cercanía con la mencionada organización religiosa. Las acusaciones en su contra forman parte de una serie de preocupaciones expresadas por los denunciantes sobre la influencia de sectores religiosos en el sistema judicial del país.
En sus declaraciones, las organizaciones peticionarias exigieron al INE que lleve a cabo una investigación a fondo sobre los antecedentes de los candidatos implicados. Argumentaron que los señalamientos revisten una gravedad que podría afectar directamente la imparcialidad y la legitimidad del sistema de justicia en México.
De acuerdo con los documentos presentados, las denuncias buscan que se valore la idoneidad de las personas postuladas para ocupar cargos judiciales. Las organizaciones advirtieron sobre el riesgo que representa el eventual nombramiento de personas con vínculos con el crimen o con organizaciones religiosas con antecedentes penales o de abuso de poder.
El Instituto Nacional Electoral no ha emitido una postura pública en relación con las denuncias, ni ha dado a conocer si se iniciará una investigación formal sobre los aspirantes mencionados.
El proceso electoral judicial está programado para celebrarse dentro de las próximas semanas y definirá la integración de nuevas figuras en el Poder Judicial mexicano.
En el contexto de estas denuncias, el legislador Gerardo Fernández Noroña reconoció públicamente la existencia de candidatos a jueces con presuntos vínculos con el narcotráfico. “Fernández Noroña admite que hay candidatos a jueces ligados al narco”, fue el encabezado de una nota también publicada por Animal Político.
Las organizaciones denunciantes indicaron que estas situaciones deben atenderse antes de que concluya el proceso electoral. Subrayaron que la transparencia, la legalidad y la integridad son condiciones indispensables para consolidar un sistema judicial confiable y alejado de cualquier tipo de interés ilegítimo. Las denuncias entregadas se suman a un clima de creciente escrutinio sobre el proceso de selección de integrantes del Poder Judicial, que ha sido criticado por sectores académicos, políticos y sociales por la falta de filtros rigurosos para evitar la infiltración de actores con antecedentes cuestionables.