A prisión ex alcalde por violencia política

Saltillo, Coahuila, 05/02/2025 (Más).- Ramiro Reyes Rodríguez, exalcalde de Abasolo, fue detenido el pasado 30 de enero tras ser declarado culpable de violencia política de género en perjuicio de la exregidora Yajaira Suárez Flores. La detención se llevó a cabo en cumplimiento de una orden del Tribunal Electoral del Estado, luego de que el exfuncionario ignorara reiteradas resoluciones judiciales.

Suárez Flores denunció haber sido víctima de maltrato verbal constante por parte de Reyes Rodríguez durante su gestión. Además, señaló que el exalcalde suspendió su salario durante un año y medio, lo que representó una afectación económica estimada en 300 mil pesos. También afirmó que fue desalojada del edificio municipal y se le impidió ejercer sus funciones como regidora.

Entre las conductas en las que incurrió Reyes Rodríguez destacan:

• Maltrato verbal: La exregidora señaló que, de manera reiterada, el exalcalde le dirigía comentarios ofensivos y despectivos, afectando su desempeño y su derecho a ejercer su cargo.
• Suspensión arbitraria de salario: Durante aproximadamente 18 meses, Suárez Flores dejó de recibir su sueldo, lo que constituyó una violación a sus derechos laborales y políticos.
• Impedimento en el ejercicio de sus funciones: Reyes Rodríguez le negó el acceso a sesiones del cabildo y a la toma de decisiones dentro del ayuntamiento, excluyéndola deliberadamente de sus actividades como regidora.
• Desacato a órdenes judiciales: A pesar de que el Tribunal Electoral ordenó al exalcalde cesar estas acciones, este ignoró las resoluciones y continuó con su conducta.

Tras su arresto, Reyes Rodríguez fue trasladado a un centro de detención, donde permaneció bajo custodia durante 36 horas antes de recuperar su libertad.

Este caso ha sido señalado como un ejemplo representativo de la violencia política de género en el ámbito gubernamental y ha reavivado el debate sobre la protección de los derechos políticos de las mujeres en México. Autoridades han reiterado la importancia de garantizar que funcionarias electas puedan desempeñar sus cargos sin sufrir represalias ni discriminación.