La participación de servidores públicos en actividades criminales, impulsada por la corrupción, mina la confianza ciudadana en las instituciones gubernamentales y debilita la capacidad del Estado para brindar seguridad y justicia. Para combatir esta problemática, se requiere fortalecer los mecanismos de control, fomentar la transparencia y promover una cultura de rendición de cuentas.
Por: Vania Pérez Morales y Fabiola Olvera Aldana
/Animal Político
En las últimas semanas hemos sido testigos de cómo se ha recrudecido la violencia en en el territorio mexicano, bloqueos e incendios en carreteras, enfrentamientos entre grupos de células criminales y/o cárteles de droga, lo cual no solo genera inestabilidad en los negocios, sino que pone a la población en peligro y prueba la incapacidad del Estado mexicano materializado en gobierno.
Corrupción-servidores públicos e impunidad
La impunidad que ha permitido operar al crimen organizado en México gracias a la complicidad de servidores públicos, es la respuesta simple. Sin embargo, los vínculos entre servidores públicos y el crimen organizado constituyen una preocupante amenaza para la integridad del Estado y el bienestar de la sociedad. La participación de servidores públicos en actividades criminales socava la confianza de los ciudadanos en las instituciones gubernamentales y debilita la capacidad del Estado para brindar seguridad y justicia.
A fin de generar acciones que permitan castigar estos vínculos, es necesario comprender las diversas formas en las que los servidores públicos pueden estar involucrados en actividades del crimen organizado. El factor clave es la corrupción, que actúa como un puente entre los intereses de los grupos criminales y aquellos funcionarios dispuestos a abusar de su poder y posición para obtener beneficios personales, no solo para ellos o sus allegados, sino para los interesados de producir actos de ilegalidad al pro mayor.
Lamentablemente, en México existen numerosos casos en los que se ha comprobado la participación de servidores públicos en actividades criminales. Algunos de los más famosos son el caso de Iguala y los 43 estudiantes desparecidos, en el que se reveló una red de complicidad entre el cártel Guerreros Unidos, la policía local, funcionarios municipales y autoridades de los tres niveles de gobierno. O el caso del exgobernador de Veracruz Javier Duarte, arrestado en 2017 por desvío de fondos públicos y nexos con el crimen organizado y quien hoy cumple una “sentencia de nueve años de prisión que se le impuso por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa”, para muchas personas insuficiente frente al daño generado a la población veracruzana.
La forma en que estos dos actores pueden colaborar es variable. Por ejemplo, algunos servidores públicos pueden recibir sobornos a cambio de favorecer a grupos criminales en licitaciones o contratos gubernamentales, es decir, legalizar sus actividades por medio de meterlas al aparato burocrático del Estado. Otros pueden proporcionar información privilegiada a estas organizaciones para facilitar sus operaciones delictivas, brindándoles protección o advertencias sobre acciones de aplicación de la ley.
Sin embargo, probablemente el caso más grave se da cuando los funcionarios públicos colaboran de forma directa en actividades ilegales, como el tráfico de drogas, la trata de personas o el lavado de dinero. Se trata de situaciones especialmente preocupantes, pues implican una infiltración profunda en las estructuras gubernamentales, comprometiendo la seguridad y el bienestar de la sociedad en su conjunto. Apenas en 2022, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señaló que en México los servidores públicos y sus nexos con el crimen organizado son los responsables del incremento de desapariciones en los últimos años.
Y para muestra tenemos el caso del extitular de la Secretaria de la Defensa Salvador Cienfuegos Zepeda “El padrino” quien “presuntamente” colaboró con el grupo criminal H2, esto lo hizo, acreedor de detención y acusación por parte del gobierno de Estados Unidos, argumentando tráfico de drogas y lavado de dinero. Finalmente el exsecretario pudo sortear y conseguir su regreso a México, gracias a los buenos oficios de los más altos funcionarios del gobierno actual, donde al día de hoy goza de libertad y, hasta ahora, de impunidad, pues según las autoridades “no se encuentran los elementos” para que la Fiscalía General de la República (FGR) pueda ejercer acción penal alguna.
A pesar de que en la actualidad existen diversos esfuerzos para combatir y atender la corrupción, aún persisten obstáculos significativos que dificultan la erradicación de éstas prácticas ilegales. Uno de los mayores es la arraigada cultura de la impunidad. En gran parte del país persiste la idea de que los actos de corrupción se realizan de forma constante y que no existen consecuencias o sanciones reales. Según datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental de 2019, el 91% de los mexicanos considera que los actos de corrupción son frecuentes o muy frecuentes en su entidad federativa.
En este sentido, las acciones y políticas públicas que tengan como objetivo combatir la corrupción y los nexos con el crimen organizado deben generarse tomando en consideración los obstáculos mencionados, a fin de que puedan ser efectivas. Se requiere una estrategia integral que incluya modificaciones legislativas, fortalecimiento de las instituciones, generación de mejores mecanismos de transparencia, mayor efectividad judicial; y cooperación a nivel internacional.
Es fundamental fortalecer y, si es preciso, reformar las instituciones de prevención y combate a la corrupción, para cerrar cualquier vacío legal y garantizar que aborden de manera integral la problemática de la participación de servidores públicos en el crimen organizado. Esto implica definir y tipificar claramente los delitos relacionados con esta temática, establecer sanciones proporcionales, asegurar que los procedimientos legales sean ágiles, eficientes y teniendo como objetivo la recuperación de activos. Además, es preciso la generación de una correcta política criminal, atendiendo el binomio crimen-corrupción en la que se incluyan especificaciones sobre la protección de testigos y el tratamiento de víctimas.
En adición a lo anterior, la colaboración internacional juega un papel crucial. El alcance y la naturaleza transnacional de estos fenómenos exigen la cooperación entre países para enfrentar de manera efectiva este desafío. Esto, no solo permite el intercambio de conocimientos y mejores prácticas, sino que también fortalece los mecanismos de prevención, detección y persecución de estos delitos. No es casualidad la adherencia de casi todos los países alrededor del mundo a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC, por sus siglas en inglés).
La corrupción y el crimen organizado son amenazas persistentes que minan la confianza en el Estado mexicano. El combate a estos fenómenos requiere de un enfoque integral y la participación activa de diversos actores, pues solo a través de un esfuerzo conjunto, sistemático y especializado podremos avanzar en la que la corrupción y el crimen organizado sean controlados.
*Vania Pérez Morales es consejera del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción y profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fabiola Olvera Aldana es Técnica en Prevención del Delito en Naciones Unidas y profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma de Querétaro.
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