¿Sirvieron o no sirvieron las cámaras?

Por Horacio Cárdenas Zardoni

Hace unas tres semanas se anunció que el gobierno del estado de Coahuila entregaría al ayuntamiento de Parras algunas cámaras para contribuir al mejoramiento de la seguridad pública en el municipio. El encargado del anuncio fue el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, y aunque no se especificó, nos imaginamos que las tales cámaras son de esas de alta tecnología para el reconocimiento facial, de las mismas que están instaladas en Saltillo, Torreón y otros municipios que en su momento han vivido situaciones de inseguridad bastante graves, mismas que han disminuido notablemente en los últimos tiempos, nos imaginamos que en parte por efecto del uso de esas cámaras.

Con todo y que mucha gente se ha quejado de que le molestan a la vista los lamparazos cada vez que pasa por los puntos donde están ubicadas las cámaras, sea de noche o de día,  o incluso con neblina como la que se ha registrado en los últimos días en Saltillo, la realidad es que para la enorme mayoría de la población ya pasó la novedad de las cámaras de seguridad. Sí, de vez en cuando, sobre todo de noche, son notorios los focos rojos cuadrados que delatan la ubicación de los aparatos, y más cuando que por esas cosas del deficiente funcionamiento del alumbrado público en algunos puntos, aquellos son la fuente de luz más llamativa, si no es que la única que hay. Es entonces cuando a los coahuilenses les vuelve a la memoria, a los que tienen conciencia del tema, que hay vigilancia continua y permanente sobre quienes van y quienes vienen, con qué frecuencia y a qué hora lo hacen… además de otros detalles que nunca se revelaron, cuando se anunció que la administración estatal estaría realizando la importante inversión en esos equipos importados de China.

Pero entre la noticia de Parras, que apenas se incorpora a la vigilancia de alta tecnología, y los flashazos de los que nos damos cuenta solo de vez en cuando, nos viene a la mente aquella discusión de hace dos o tres años, sobre si valía la pena gastar tantos millones de pesos en una tecnología que ha sido cuestionada en algunas partes del mundo, porque según sus detractores, es atentatoria a los derechos humanos de los ciudadanos, pues coartaría su derecho al libre desplazamiento.

Hasta a la suprema corte de justicia fue a dar el asunto de la vigilancia con las mentadas cámaras, que sepamos, lo que dijo la corte es que no había la tal violación de ninguna de las libertades fundamentales, ni los derechos humanos, ni nada, a lo mejor se quedaron con las ganas de decir los ministros que estos sistemas de seguridad pública ya se aplican en otros estados y otras ciudades, y que no solo no han perjudicado a ningún ciudadano de bien, sino que ha servido para mantener la relativa paz y tranquilidad en la que viven los coahuilenses, conteniendo las asonadas de bandas criminales y lo que es quizá no más importante, pero sí mucho más vistoso, contribuyendo a la solución de crímenes importantes, de los cuales no hemos podido excluirnos.

El otro día que el fiscal general de justicia de Coahuila Gerardo Márquez Guevara informó como de pasadita, que la dependencia a su cargo había resuelto 20 de 21 feminicidios cometidos en la entidad durante el año 2022, quedó de manifiesto que a las calladas se ha estado llevando a cabo un trabajo policiaco que envidiarían cinco o seis estados de la República. Con una efectividad del 95%, cuando otras entidades se deberían avergonzar de una proporción equivalente, pero de impunidad, Coahuila vive razonablemente en paz, pero no es por magia, sino por la inversión que se hace en seguridad, especialmente en el rubro de tecnología, pues eso de comprar patrullas al por mayor, armas cada vez que fallan, faltan o se las roban, durante años demostró que no funcionaba.

Desde que se anunció la compra, fuimos partidarios de las cámaras de reconocimiento facial. Costaron muchos millones de pesos, pero desde nuestro punto de vista se justificó el gasto, como se sigue justificando su ampliación a otros municipios coahuilenses, colindancias con otras entidades federativas, y el nada despreciable asunto del mantenimiento, pues como sabemos, ese y no otro es el talón de Aquiles de todos los programas de gobierno, el dejar todo en la inversión inicial y no darle la actualización correspondiente, las reparaciones necesarias, con lo que tarde o temprano terminan por colapsar, para, obvio, justificar la compra de nuevos equipos, todavía más costosos, y no siempre  mejores.

Cuando se decidió la compra de las cámaras actuales, nos llamó la atención la confesión muy penosa que hicieron algunos funcionarios que bien pronto fueron acallados, de que un número importante de las cámaras urbanas anteriores estaban sin funcionar, se llegó a decir que solo servía una de cada siete… vaya usted a saber si era cierto o una exageración malintencionada, después de todo no nos cabe en la cabeza tal nivel de dejadez en equipos que eran relativamente nuevos todavía, no había nada que justificara que se hubieran descompuesto tan pronto ni que no les hubieran dado el mantenimiento que requerían para volver a trabajar como debían. 

El caso es que de momento las cosas están bien en Coahuila en materia de seguridad, pero nos acercamos a un momento político crítico, en el que usualmente los nuevos rompen con lo anterior, y en el tema específico de la seguridad esto da pie a que se cometan muchos y muy costosos errores. Por lo pronto lo de las cámaras sigue funcionando y creciendo, lo mínimo a lo que tenemos derecho a aspirar los coahuilenses es a que se le dé continuidad al programa de manera de que no decaiga el nivel que merecemos y al que estamos acostumbrados, todo por un puñado de pesos y un puñado de envidias.