Cada senador tiene presupuestado un aguinaldo superior a 382 mil pesos. Su manual reconoce 40 días de dieta, pero aplicar esa regla al ingreso mensual publicado arroja una cantidad menor. Detrás de las cifras está una cuenta que requiere explicar bases salariales e impuestos. Los documentos oficiales permiten revisar esa diferencia y dimensionar la distancia entre la prestación de un legislador y la de un trabajador con salario mínimo.
Ciudad de México.- El Presupuesto de Egresos de la Federación contempla 382 mil 207 pesos de aguinaldo para cada senador en 2026. El punto de partida está en una regla que la propia Cámara publicó de 40 días de dieta. Así lo establece el anexo de prestaciones del Manual de Remuneraciones de las Senadoras y Senadores, difundido en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero. La dieta es la remuneración que reciben por ejercer el cargo.
La dieta bruta mensual es de 190 mil 23 pesos. Dividirla entre 30 y multiplicarla por 40 arroja 253 mil 364 pesos: 128 mil 843 menos que la asignación. Es un cálculo propio con los datos del Anexo 23.2.3.
Esa diferencia abre una revisión necesaria sobre la forma de integrar la prestación. Para conciliar ambas cantidades se requiere conocer la base salarial utilizada, las disposiciones de pago y el tratamiento del impuesto sobre la renta. Los dos documentos, por sí solos, no permiten determinar que exista un pago indebido.
El costo presupuestado y el dinero que finalmente llega a la cuenta del legislador pueden ser distintos. Una parte de los recursos puede destinarse a obligaciones fiscales, pero para identificar su peso en este caso hace falta el desglose correspondiente.
El manual del Senado coloca la dieta mensual neta en aproximadamente 132 mil 900 pesos. También establece que el otorgamiento del aguinaldo o gratificación de fin de año debe sujetarse a las disposiciones aplicables.
Esa cifra neta ya refleja descuentos y debe mantenerse separada del salario bruto utilizado para el ejercicio aritmético. Mezclar una remuneración antes de impuestos con otra después de las retenciones puede producir comparaciones que aparenten explicar la diferencia y, en realidad, la vuelvan más confusa.
Para los 128 escaños previstos en el artículo 56 constitucional, la multiplicación arroja una referencia presupuestaria de 48 millones 922 mil 496 pesos, sin acreditar una nómina pagada.
La obligación de mostrar cómo se integra el ingreso está en la misma Constitución. El artículo 127 incluye dietas, aguinaldos, gratificaciones y compensaciones dentro de las remuneraciones públicas; además, exige que sus tabuladores sean públicos y distingan la totalidad de sus elementos fijos y variables, tanto en efectivo como en especie.
La cuenta del Senado requiere precisamente esa correspondencia entre el derecho reconocido en el manual y el importe final recibido. Los documentos cotejados permiten ubicar las cantidades, aunque no reconstruir completamente el cálculo de pago.
Fuera del Senado, la cuenta de fin de año comienza con un piso mucho más bajo. El artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo reconoce por lo menos 15 días de salario de aguinaldo, pagaderos antes del 20 de diciembre. Los contratos pueden mejorar ese beneficio; quien no haya trabajado el año completo conserva el derecho a la parte proporcional.
Para una persona asalariada que gana el mínimo general de 315.04 pesos diarios fijado por la Conasami para 2026, esos 15 días suman 4 mil 725.60 pesos por un año completo de trabajo. El ejemplo utiliza el mínimo general, diferente del establecido para la Zona Libre de la Frontera Norte.
La asignación por senador equivale a casi 81 prestaciones de ese tamaño. La comparación, calculada con ambas cantidades, mide la distancia entre un monto presupuestado para un cargo público y el aguinaldo mínimo del ejemplo; no representa una comparación entre depósitos netos.
Los 40 días tampoco son un beneficio reservado a los legisladores. El artículo 42 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado reconoce cuando menos ese número de días para los trabajadores comprendidos en su ámbito. Establece entregar la mitad antes del 15 de diciembre y la otra mitad a más tardar el 15 de enero.
La diferencia con los altos cargos crece por el salario sobre el cual se aplica la prestación y por las reglas que determinan su costo fiscal.
En la Cámara de Diputados se presupuestan 147 mil 438 pesos de aguinaldo y 67 mil 785 por su prestación de ISR: 215 mil 223 pesos conjuntos por legislador.
Su Manual de Remuneraciones establece 40 días de dieta bruta, o la parte proporcional, y señala la responsabilidad institucional de retener y enterar los impuestos. Esa combinación muestra por qué el monto de una prestación y los recursos destinados a cubrir su carga fiscal deben leerse por separado.
El Congreso de la Ciudad de México lo expresa directamente en el acuerdo AC/CCDMX/III/JUCOPO/3A/010/2026, publicado en su portal el 20 de noviembre: sus legisladores tienen reconocidos 40 días de dieta sin deducciones, o la parte proporcional al tiempo de ejercicio del cargo. Las contribuciones generadas por esos pagos se cubren con el presupuesto legislativo.
El acuerdo también alcanza a trabajadores de base, confianza y limpieza, mandos medios y superiores, y contempla una gratificación extraordinaria para determinados prestadores de servicios por honorarios. Por eso, el mecanismo debe describirse con su alcance laboral completo.
En la Presidencia se presupuestan 387 mil 332 pesos brutos: 105 mil 258 de aguinaldo sobre sueldo base y 282 mil 74 de gratificación sobre compensación garantizada.
En la Suprema Corte, Sheinbaum informó durante su conferencia del 8 de septiembre que el aguinaldo de los ministros había bajado de alrededor de 584 mil a 376 mil pesos, correspondiente a 40 días. La comparación quedó asentada en la versión estenográfica de Presidencia.
El contexto laboral nacional amplía el contraste. El INEGI reportó para septiembre de 2026 una población ocupada en la informalidad de 32.6 millones de personas, equivalente al 54.3 por ciento del total. La categoría incluye tanto trabajo por cuenta propia como ocupaciones cuyo vínculo laboral carece de reconocimiento o protección.
Esa condición no elimina por sí misma el derecho al aguinaldo cuando existe una relación de trabajo subordinado: la Ley Federal del Trabajo establece que la falta de contrato escrito no priva al trabajador de los derechos derivados de sus servicios.
Para revisar el aguinaldo de los senadores, la ruta documental es concreta: identificar la disposición de pago, precisar la base salarial, desglosar las retenciones y acreditar el depósito. La regla de 40 días y la asignación presupuestaria son el comienzo de esa cuenta.
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