Ciudad de México, 20/11/26 (Más).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mantuvo bajo reserva información fundamental de una investigación interna sobre presuntos actos de corrupción en la Embajada de México en Reino Unido, relacionados con pagos irregulares por aproximadamente 3.5 millones de pesos a una supuesta empresa fantasma de servicios de limpieza, así como posibles desvíos de recursos públicos y operaciones financieras que involucrarían a personal diplomático. De acuerdo con una investigación publicada por Animal Político, la Cancillería entregó documentos prácticamente ilegibles que impiden conocer las conclusiones de las indagatorias y determinar si se acreditaron responsabilidades administrativas.
La investigación periodística de Animal Político señala que las irregularidades fueron denunciadas por Josefa González Blanco-Ortiz Mena, quien encabezó la representación diplomática mexicana en Londres hasta febrero de 2026. La exembajadora presentó señalamientos ante la Cancillería durante su gestión y posteriormente los incorporó a su informe de entrega-recepción, en el que describió diversas operaciones financieras sospechosas ocurridas entre 2021 y 2025.
A partir de estas denuncias, el Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de Relaciones Exteriores abrió el expediente 2025-02-OIC-5-100-AFC-007, destinado a revisar el manejo de recursos económicos de la representación diplomática. Sin embargo, los resultados de esa revisión permanecen fuera del escrutinio público debido a que la dependencia decidió ocultar buena parte de la documentación relacionada con los hallazgos de los auditores.
La falta de transparencia quedó evidenciada cuando el medio de comunicación solicitó formalmente los resultados de la investigación y tuvo que esperar siete meses para recibir una respuesta. Una vez entregado el expediente, se constató que tres de sus cuatro apartados estaban testados casi en su totalidad, lo que imposibilitó conocer las observaciones realizadas, las irregularidades eventualmente acreditadas y las medidas que pudieron haberse adoptado para corregirlas.
Entre los datos que la Cancillería impidió consultar se encuentran el número total de observaciones formuladas por el Órgano Interno de Control, cuántas fueron solventadas y cuáles permanecen pendientes. La situación resulta relevante porque los resultados de este tipo de auditorías deberían encontrarse disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia, donde sí pueden consultarse íntegramente otros dos expedientes de revisiones efectuadas por el mismo organismo durante 2025.
Uno de los principales señalamientos de la exembajadora corresponde a los pagos efectuados entre 2021 y 2024 a la compañía Easy Steps Cleaning Service LTD, que supuestamente proporcionaba servicios de limpieza a las instalaciones diplomáticas. Durante ese periodo, la embajada habría transferido 140 mil 950 libras esterlinas, equivalentes aproximadamente a 3.5 millones de pesos, a una empresa cuya existencia legal en Reino Unido no pudo ser acreditada, según las denuncias presentadas por González Blanco-Ortiz Mena.
La gravedad de las acusaciones aumenta debido a que, de acuerdo con el informe de entrega-recepción, las cuentas bancarias utilizadas para recibir esos recursos presuntamente estaban vinculadas con una funcionaria que desempeñaba el cargo de agregada administrativa y con su hija. De confirmarse estos señalamientos, los pagos realizados bajo el concepto de limpieza podrían haber terminado en cuentas particulares relacionadas con personal de la propia representación diplomática, en lugar de corresponder a servicios efectivamente prestados.
González Blanco-Ortiz Mena también denunció que la misma funcionaria administrativa habría manipulado facturas emitidas por distintos proveedores, incrementando artificialmente los montos cobrados a la embajada. Mediante este supuesto mecanismo, la representación mexicana habría pagado cantidades superiores al costo real de los servicios contratados, mientras que una parte de los recursos habría sido retenida de manera indebida por la trabajadora señalada.
Otra irregularidad descrita en el informe se relaciona con movimientos financieros realizados utilizando el nombre y una cuenta bancaria de una persona que había dejado de trabajar en la embajada desde 2019. Pese a que ese funcionario ya no formaba parte de la representación diplomática, sus datos presuntamente continuaron utilizándose hasta 2024 para autorizar operaciones económicas, situación que plantea interrogantes sobre los mecanismos de supervisión y control administrativo de la sede mexicana en Londres.
Entre los hechos reportados también figura la destrucción de un vehículo oficial Mercedes Benz S 320, cuyo valor llegó a superar el millón y medio de pesos. Aunque el caso fue incluido entre las anomalías señaladas por la exembajadora, la documentación pública disponible no permite establecer las circunstancias en las que ocurrió la destrucción de la unidad ni determinar si existieron responsabilidades por la pérdida de ese bien perteneciente al patrimonio público.
En su informe final, Josefa González Blanco-Ortiz Mena sostuvo que el Órgano Interno de Control había confirmado los pagos irregulares a Easy Steps Cleaning Service LTD. No obstante, esa afirmación no pudo ser corroborada de manera independiente mediante el expediente obtenido por transparencia, precisamente porque los apartados relacionados con las denuncias más delicadas fueron ocultados por la Secretaría de Relaciones Exteriores.
El único segmento de la auditoría que pudo consultarse corresponde a diferencias detectadas entre los ingresos registrados en las cuentas bancarias de la embajada y las cantidades reportadas como recursos recaudados. En este caso, el órgano fiscalizador consideró atendidas las observaciones después de que la representación diplomática presentó documentación para justificar las discrepancias, pero no se conoce si las demás irregularidades recibieron un tratamiento semejante.
La exembajadora también aseguró que intentó comunicar personalmente estas situaciones al entonces secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, quien encabezó la Cancillería entre 2024 y 2026. Según su relato, buscó reunirse con el funcionario en tres ocasiones para exponer los posibles actos de corrupción, pero ninguno de esos intentos culminó en un encuentro directo antes de que fuera sustituida en el cargo por Alejandro Gertz Manero.
Las denuncias financieras se suman a una serie de controversias que han afectado a la representación diplomática mexicana en Reino Unido. Entre ellas destacan las acusaciones de acoso laboral contra la propia Josefa González Blanco-Ortiz Mena, documentadas por el periódico español El País, que reportó al menos 16 denuncias relacionadas con el trato que presuntamente recibían trabajadores de la embajada durante su administración.
La trayectoria de González Blanco-Ortiz Mena también había estado marcada por una polémica anterior, cuando en 2019 dejó la titularidad de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales después de que se conociera que un vuelo comercial de Aeroméxico fue retrasado 38 minutos porque no llegaría a tiempo para abordarlo. Años después, su salida de la embajada en Londres ocurrió en medio de los cuestionamientos por las denuncias laborales y los señalamientos sobre el manejo de recursos públicos.
De acuerdo con los antecedentes recuperados por Animal Político, otra controversia involucró a Marcelo Patrick Ebrard Ramos, hijo del excanciller y actual secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien residió en las instalaciones de la embajada mexicana entre octubre de 2021 y abril de 2022 mientras realizaba sus estudios. El caso fue revelado por el periodista Claudio Ochoa Huerta, de LatinUS, y generó cuestionamientos sobre un posible uso indebido de instalaciones oficiales para beneficiar a familiares de servidores públicos.
Marcelo Ebrard reconoció públicamente que su hijo permaneció en la sede diplomática y explicó que la decisión respondió a su preocupación por evitar que contrajera Covid-19 durante su estancia en Reino Unido. El funcionario rechazó que hubiera existido un aprovechamiento irregular de recursos públicos y defendió su actuación como una medida de protección familiar, aunque el episodio contribuyó a incrementar los cuestionamientos sobre la administración de la representación mexicana.
Hasta la información disponible en la investigación periodística, no se habían dado a conocer sanciones relacionadas con los presuntos desvíos de recursos, las operaciones bancarias cuestionadas o las demás controversias registradas en la embajada. La decisión de la Cancillería de entregar un expediente ampliamente testado impide establecer si las autoridades encontraron elementos suficientes para iniciar procedimientos administrativos o determinar responsabilidades individuales.
La ausencia de resultados públicos también deja sin respuesta interrogantes sobre el destino de los 3.5 millones de pesos transferidos a la supuesta empresa de limpieza, la identidad de quienes autorizaron los pagos y las razones por las que los mecanismos internos de vigilancia no habrían detectado oportunamente las operaciones denunciadas. Mientras no se conozcan las conclusiones completas de la auditoría, las acusaciones permanecen sin una resolución pública verificable y persisten las dudas sobre la rendición de cuentas en el manejo de los recursos de la representación diplomática mexicana en Reino Unido.
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