Por Modesto Franco
Saltillo, Coahuila, 19/11/26 (Más).- Un juez federal habría librado órdenes de aprehensión contra Ernesto y Román Cepeda, hijos del fallecido exalcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), por su presunta relación con una investigación sobre irregularidades financieras en el Sistema Municipal de Agua y Saneamiento (Simas), que involucra operaciones superiores a 66 millones de pesos.
Según información extraoficial, las órdenes judiciales forman parte de las investigaciones federales por el presunto desvío de recursos mediante contratos relacionados con trabajos de mantenimiento de pozos de agua potable e infraestructura hidráulica del organismo operador. Hasta el cierre de esta edición, la FGR no había emitido información oficial sobre los mandamientos judiciales ni precisado los delitos que se atribuirían a los señalados.
Tampoco se tenía información confirmada sobre el paradero de Ernesto y Román Cepeda o sobre la posible ejecución de las órdenes de captura. Ambos habían sido relacionados con actividades empresariales en Torreón, donde participaban como socios de un establecimiento comercial, aunque no existía información oficial sobre su situación actual.
La investigación también alcanza a Roberto Escalante González, exgerente general del Simas, contra quien la FGR habría obtenido una orden de aprehensión. Según información extraoficial, agentes federales desplegaron un operativo el martes 17 de noviembre para localizarlo y detenerlo; sin embargo, el exfuncionario habría conseguido evadir la acción de las autoridades.
Escalante promovió desde septiembre un juicio de amparo ante el Juzgado Quinto de Distrito en La Laguna, con el propósito de protegerse contra una eventual orden de aprehensión y otros actos que pudieran afectar su libertad personal. El órgano jurisdiccional le negó la suspensión definitiva, mientras que la audiencia constitucional fue reprogramada para el próximo 4 de diciembre.
Los señalamientos por presuntas irregularidades financieras en el Simas comenzaron a trascender públicamente desde junio de 2025, cuando se documentaron operaciones por más de 66 millones de pesos relacionadas con servicios de mantenimiento de pozos e infraestructura hidráulica. Una de las denuncias quedó registrada ante la FGR con el número de carpeta FED/FEMCC/FEDHCIS-COAH/0000306/2025.
Entre los elementos que forman parte de las investigaciones se encuentran contratos de obra y servicios adjudicados a empresas proveedoras del organismo. Una de ellas, Grupo Integrador de Servicios de Edificación, obtuvo en diciembre de 2024 una licitación por 16.5 millones de pesos, sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA), para trabajos relacionados con infraestructura hidráulica.
De acuerdo con los datos difundidos sobre las operaciones financieras, esa empresa habría facturado al Simas 31.15 millones de pesos durante 2024, mediante 369 operaciones, y otros 35.32 millones de pesos en 2025, a través de 223 facturas. En conjunto, los movimientos sumarían más de 66 millones de pesos y 592 comprobantes fiscales.
Otra de las líneas de investigación está relacionada con posibles transferencias de recursos mediante empresas y personas físicas. Entre los movimientos señalados figura el presunto envío de 12.3 millones de pesos a través de la entidad denominada Quebro Internacional Sindicato Patronal, cuyo destino habría sido José Feliciano Hernández Hinojo, quien anteriormente se desempeñó como chofer y escolta de José Elías Ganem.
Asimismo, se han señalado posibles irregularidades en trabajos de mantenimiento reportados como ejecutados y pagados por el organismo operador, pero que, según revisiones físicas, no habrían sido realizados o no contarían con evidencia material en los pozos e instalaciones correspondientes. Estos señalamientos forman parte de las indagatorias sobre el manejo de los recursos públicos del sistema municipal.
El expediente también se relaciona con el proceso penal iniciado contra José Elías Ganem Guerrero, exsecretario del Ayuntamiento de Torreón, y otras cuatro personas detenidas por agentes federales el 13 de septiembre. Entre los imputados se encuentra Martha Esther Rodríguez Romero, exdirectora del Centro de Justicia Municipal y esposa de Ganem.
En el mismo operativo fueron detenidos José Feliciano Hernández Hinojo, exchofer y escolta del exsecretario municipal; Farid Alí Ibarra Nassar y Georgina Ramírez Chacón. Los cinco fueron presentados ante la autoridad judicial para responder por su probable participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
El 28 de septiembre se informó que un juez federal los vinculó a proceso y les impuso prisión preventiva oficiosa. Los tres hombres fueron trasladados a un centro penitenciario federal en Oaxaca, mientras que las dos mujeres quedaron internadas en un penal federal femenil de Morelos.
Por otra parte, las investigaciones sobre la administración municipal de 2022 a 2024 también han derivado en revisiones de otras operaciones financieras y contratos públicos. La Fiscalía Anticorrupción de Coahuila mantiene abiertas diversas carpetas relacionadas con observaciones por un monto global cercano a los 630 millones de pesos, de acuerdo con información difundida sobre las indagatorias.
Entre las observaciones se encuentran recursos por 481.2 millones de pesos que no habrían sido solventados ante la Auditoría Superior del Estado, además de señalamientos sobre costos de programas municipales, adquisiciones y contratación de servicios. También se han mencionado gastos relacionados con viajes oficiales y compras de insumos durante la administración encabezada por Román Alberto Cepeda González.
A estas revisiones se suma la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, que habría remitido a la FGR un expediente correspondiente a la Cuenta Pública 2022, con observaciones por 57.9 millones de pesos en adquisiciones, arrendamientos y servicios que no fueron aclaradas.
Hasta el cierre de esta información, la Fiscalía General de la República no había informado públicamente sobre las órdenes de aprehensión contra los hijos del exalcalde ni sobre el resultado del operativo para localizar al exgerente del Simas. Por tanto, las posibles responsabilidades penales de las personas mencionadas deberán determinarse conforme avance el procedimiento judicial y se desahoguen las investigaciones correspondientes.

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