Ciudad de México, noviembre 17. El director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, amenazó con exponer los nexos entre políticos mexicanos y organizaciones del narcotráfico, y aseguró que la agencia mantendrá la persecución de quienes permiten y protegen sus operaciones.
De acuerdo con el mensaje publicado este martes por el propio Cole en su cuenta de X, la corrupción en México alimenta las redes de los cárteles que amenazan a las comunidades estadounidenses. El funcionario sostuvo que la DEA seguirá revelando las conexiones entre organizaciones terroristas extranjeras y actores políticos corruptos para proteger vidas en Estados Unidos. “No nos estamos echando para atrás”, escribió.
La advertencia retoma otro pronunciamiento difundido el 13 de noviembre, después de la sentencia contra Antonio Oseguera Cervantes, “Tony Montana”, hermano del exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”. En aquel mensaje, Cole señaló que la DEA y la Fuerza de Tareas de Seguridad Nacional (HSTF) perseguirán sin descanso a funcionarios y actores políticos que obtengan beneficios de los grupos criminales, los protejan o contribuyan a sostenerlos. Añadió que la corrupción y el narcotráfico están vinculados, independientemente de la posición política de los involucrados.
El mensaje de este martes no identificó nuevos funcionarios investigados ni anunció cargos adicionales contra políticos mexicanos.
Entre los antecedentes de esta ofensiva se encuentra la acusación presentada en abril por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya, entonces gobernador de Sinaloa, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios, por presuntos delitos de narcotráfico y armas relacionados con el Cártel de Sinaloa.
La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York los señaló por supuestamente colaborar con Los Chapitos para introducir grandes cantidades de drogas a Estados Unidos. Las acusaciones incluyen entregar información confidencial de corporaciones de seguridad y del Ejército Mexicano a integrantes del cártel y sus aliados a cambio de sobornos de miles de dólares.
Entre las personas acusadas figuran Enrique Inzunza Cazárez, senador y exsecretario general de Gobierno de Sinaloa; Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas; Dámaso Castro Zaavedra, entonces fiscal general adjunto de la Fiscalía estatal; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública; Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación, y Juan de Dios Gámez Mendívil, entonces alcalde de Culiacán. Las imputaciones constituyen acusaciones penales y no equivalen a sentencias condenatorias.
Rocha Moya intentó posteriormente regresar al gobierno de Sinaloa, pero solicitó una licencia indefinida después del rechazo que generó su retorno entre Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum.
Otro antecedente ocurrió en septiembre, cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a 21 personas y 25 empresas por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción encabezada por Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”.
Entre los sancionados están Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, y su hermano Luis Alfonso Torres. Según las autoridades estadounidenses, ambos participaron en una red de sobornos y lavado de dinero mediante empresas y campañas políticas. El Tesoro vinculó a Carlos Torres con Juan José Ponce Félix, “El Ruso”, líder de Los Rusos en Mexicali.
También fue sancionado Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, por presuntamente recibir sobornos de “El Ruso” para permitir que el Cártel de Sinaloa controlara la policía municipal y facilitara sus actividades delictivas.
Las sanciones alcanzaron igualmente a Rafael Buenrostro Martín, exfuncionario de aduanas en Chihuahua y asesor legislativo del gobierno de Baja California. El Tesoro lo identificó como cercano a Carlos Torres y amigo de José Ángel Rivera Zazueta, “Don Flaco”, a quien habría favorecido mediante influencia y gestiones políticas a cambio de sobornos.
Rivera Zazueta había sido detenido semanas antes en la alcaldía Cuauhtémoc, en Ciudad de México.
En cuanto al proceso contra “Tony Montana”, que antecedió al primer mensaje de Cole, la jueza Beryl A. Howell, del Tribunal de Distrito de Columbia, le impuso 22 años y medio de prisión por tráfico internacional de drogas y delitos relacionados con armas de fuego. La sentencia fue emitida el 13 de noviembre, después de que Oseguera Cervantes se declarara culpable cuatro meses antes.
Su defensa había solicitado una condena de 20 años, con el argumento de que, a sus 68 años, no tendría posibilidades de sobrevivir a una pena mayor. La fiscalía estadounidense había pedido 30 años de cárcel.
Desde el inicio de la administración de Donald Trump, Washington ha intensificado su ofensiva contra los cárteles y la presión sobre México para combatirlos. Esa estrategia ha incluido la imposición de aranceles, así como sanciones y acusaciones contra políticos, exfuncionarios e integrantes del crimen organizado
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