Por Severo Recio
Saltillo, Coahuila, 13/11/26 (Más).- Organizaciones ambientalistas presentaron ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) un dictamen científico y técnico que cuestiona la viabilidad ambiental e hídrica de la planta de fertilizantes nitrogenados Fermachem, proyectada en la Comarca Lagunera, al advertir que su operación podría comprometer el abastecimiento de agua para la población y representar riesgos de contaminación en el entorno del río Nazas y el Área Natural Protegida Cañón de Fernández.
Las activistas Natalia Sánchez Aguirre, Violeta Rodríguez y Ofelia Elizalde García explicaron que el documento fue elaborado por un equipo multidisciplinario de investigadores y especialistas en biología, ecología y derecho ambiental, quienes analizaron la información contenida en el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) presentado por la propia empresa.
El estudio cuenta además con el respaldo de organizaciones civiles, colectivos ciudadanos e instituciones académicas vinculadas con las ciencias biológicas.
Uno de los principales señalamientos del dictamen es la insuficiente disponibilidad de agua en la región para sostener las operaciones de una industria de estas características.
Sánchez Aguirre advirtió que el consumo requerido por la planta podría agravar las condiciones de escasez que enfrentan las comunidades laguneras y afectar el suministro destinado a las necesidades de la población y las actividades productivas.
La ambientalista sostuvo que las conclusiones no responden únicamente a preocupaciones ciudadanas, sino a estimaciones técnicas elaboradas a partir de los datos proporcionados por la compañía. También señaló que el respaldo anunciado por instancias federales o comités de inversión no sustituye las autorizaciones ambientales necesarias para desarrollar el proyecto, las cuales, aseguró, todavía no han sido otorgadas.
De acuerdo con las representantes del movimiento, el expediente presentado por Fermachem contiene omisiones, irregularidades e información incompleta que deben ser examinadas por la Semarnat antes de cualquier determinación; consideraron que estas deficiencias impiden contar con una evaluación integral de los posibles efectos de la instalación industrial sobre los recursos naturales y las comunidades cercanas.

Por su parte, Violeta Rodríguez afirmó que el movimiento ciudadano representa la preocupación de más de 182 mil personas de La Laguna y otras regiones del país, interesadas en proteger la cuenca del río Nazas y el Cañón de Fernández. Explicó que la oposición al proyecto se fundamenta tanto en la limitada disponibilidad hídrica como en las inconsistencias detectadas en los estudios de riesgos ambientales.
Entre los aspectos incluidos en el dictamen destacó una simulación elaborada mediante el programa especializado Aloha, utilizado para analizar escenarios de dispersión de sustancias químicas. A través de esta herramienta, los especialistas modelaron las posibles consecuencias de una fuga de amoniaco, con el propósito de identificar las localidades que podrían resultar afectadas ante un accidente en las instalaciones.
Rodríguez señaló que los resultados de la modelación muestran la posibilidad de emisiones contaminantes con efectos sobre el entorno y las poblaciones cercanas, una situación que, según las activistas, no fue suficientemente considerada en el manifiesto ambiental de la empresa.
Por ello, solicitaron que las autoridades federales revisen las condiciones de seguridad y los alcances de los riesgos industriales antes de resolver sobre el proyecto.
Ofelia Elizalde García, habitante de Sapioris, comunidad ubicada en las inmediaciones del Cañón de Fernández, expresó su preocupación por las consecuencias que la instalación de la planta podría tener sobre el patrimonio natural de las próximas generaciones; señaló que los riesgos no se limitan a posibles accidentes químicos, sino también al agotamiento de los recursos naturales de los que dependen las familias de la zona.
La representante comunitaria rechazó que las formaciones montañosas puedan considerarse una protección suficiente frente a eventuales emisiones contaminantes, debido a que las corrientes de aire circulan por el territorio. Además, recordó que la pesca en el río Nazas fue durante años una fuente de sustento para numerosas familias, mientras que actualmente los productores agrícolas enfrentan restricciones cada vez mayores por la escasez de agua.
Explicó que los ejidatarios deben ajustarse a sistemas de distribución por tandeos para el riego de sus cultivos, aunque la cantidad disponible resulta insuficiente para atender todas las parcelas. En estas condiciones, consideró que incorporar una actividad industrial con elevados requerimientos hídricos podría incrementar la presión sobre una región que ya enfrenta dificultades para mantener sus actividades tradicionales.
Las organizaciones informaron que continuarán con las acciones legales y administrativas ante las dependencias federales, además de promover jornadas informativas para dar a conocer los resultados del dictamen y las posibles consecuencias ambientales del proyecto Fermachem.
Como parte de estas actividades, convocaron a una movilización ciudadana en defensa del río Nazas para el próximo 29 de noviembre en la comunidad de Sapioris, donde buscarán reunir a habitantes, productores y organizaciones que se oponen a la instalación de la planta, mientras esperan que la Semarnat examine los argumentos científicos presentados y determine la viabilidad ambiental de la inversión.

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