Madre desaparecido demanda legalmente por omisión de búsqueda

Mazatlán, Sinaloa, 10/11/26 (Más).- Brenda Valenzuela, madre de Carlos Emilio Galván Valenzuela, desaparecido hace 13 meses en un bar de Mazatlán, presentó una demanda de amparo contra funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a quienes señala por presuntas omisiones en las labores de investigación y búsqueda de su hijo, particularmente por no ejecutar órdenes ministeriales para localizar a dos testigos que podrían aportar información sobre el caso.

De acuerdo con información publicada por Infobae, la acción legal fue promovida ante juzgados federales y señala como responsables a funcionarios de la SSPC, entre ellos su titular, Omar Hamid García Harfuch, por la falta de supervisión y cumplimiento de diligencias ordenadas por el Ministerio Público Federal para avanzar en las investigaciones.

La demanda reclama tres omisiones principales: la falta de supervisión de los actos de investigación instruidos por las fiscalías federales, la falta de ejecución de esas diligencias y la ausencia de resultados en la localización de Edgar Valenciana del Río y Gustavo Barrios Ramos, identificados como testigos relacionados con las carpetas de investigación.

De acuerdo con el documento judicial, el Ministerio Público Federal giró en distintas ocasiones instrucciones para localizar a ambas personas con fines de entrevista, como parte de las investigaciones de la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos de Secuestro y la Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, dependientes de la Fiscalía General de la República (FGR).

Sin embargo, la representación legal de la familia sostiene que en los registros de investigación no existen informes completos que acrediten las acciones realizadas para cumplir con esas órdenes, por lo que considera que las diligencias permanecen pendientes.

El 21 de octubre de 2026, la asesoría jurídica de Brenda Valenzuela solicitó formalmente la intervención de distintas áreas de inteligencia y seguridad para apoyar en la localización de los testigos. Entre las dependencias requeridas estuvieron el Centro Militar de Inteligencia de la Defensa, el Centro Nacional de Inteligencia de la SSPC y la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina.

También se solicitó colaboración de la Dirección General de Inteligencia de la Guardia Nacional y de la Unidad de Investigaciones Cibernéticas de la FGR. No obstante, de acuerdo con la demanda, hasta el momento de su presentación no se había recibido respuesta a esa petición.

Además de García Harfuch, el recurso legal señala al subsecretario de Inteligencia e Investigación Policial de la SSPC, al titular de la Unidad de Investigación de Delitos de Alto Impacto y Operaciones Estratégicas, así como a la Dirección General de Mandamientos Ministeriales y Judiciales de la misma dependencia.

La demanda fundamenta sus reclamaciones en diversos artículos de la Constitución mexicana, entre ellos los relacionados con los derechos humanos, la legalidad, el acceso a la justicia, la procuración de justicia y las obligaciones de las autoridades. También invoca los artículos 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativos a la igualdad ante la ley y la protección judicial.

Al anunciar la presentación del amparo, Brenda Valenzuela publicó un mensaje en su cuenta de X en el que cuestionó el incumplimiento de las instrucciones ministeriales y la demora en las diligencias. “Una orden de la Fiscalía no es una sugerencia: es un mandato que las autoridades deben ejecutar”, escribió. También advirtió que cada día perdido durante una búsqueda puede tener consecuencias irreparables.

Carlos Emilio Galván Valenzuela desapareció durante la madrugada del 5 de octubre de 2025 en el bar Terraza Valentino, ubicado en Mazatlán, Sinaloa. De acuerdo con la reconstrucción de los hechos realizada por su familia, el joven informó que acudiría al baño, pero nunca regresó.

Una prima que intentó buscarlo dentro del establecimiento presuntamente encontró obstáculos por parte del personal de seguridad, situación que forma parte de los antecedentes del caso y de las circunstancias que la familia ha intentado esclarecer desde entonces.

Las investigaciones federales han relacionado a los presuntos responsables con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción conocida como La Chapiza o Los Chapos, según los datos referidos en el expediente.

En noviembre de 2025, el periodista Luis Chaparro publicó información en el medio Pie de Nota sobre una posible línea de investigación que apuntaba a Víctor Manuel Barraza Pablos, alias “El 40”, identificado como presunto jefe de plaza de esa facción criminal en el sur de Sinaloa, con influencia en actividades relacionadas con la vida nocturna de Mazatlán.

Barraza Pablos fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos el 9 de junio de 2025. También fue sancionado su padre, Víctor Manuel Barraza Rivera, conocido como “El Canas”. Diversas fuentes nacionales e internacionales lo ubican como presunto operador de esa organización criminal en municipios como Mazatlán, Concordia y El Verde.

En cuanto a la situación judicial de los posibles involucrados, el abogado de la familia, Carlos Escobedo Suárez, confirmó en una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva que una persona se encuentra vinculada a proceso por el delito de desaparición cometida por particulares. Según explicó, las autoridades federales la identifican como integrante de la estructura de Los Chapos.

El periodo de investigación complementaria de ese procedimiento judicial tiene como fecha de vencimiento enero de 2027, mientras continúan las diligencias para reunir elementos que permitan esclarecer la desaparición y determinar la posible participación de otras personas.

Escobedo Suárez también señaló que existen otros detenidos relacionados con el caso, además de la persona que ya fue vinculada a proceso, pero afirmó que diversos obstáculos han impedido que las autoridades avancen en los procedimientos judiciales correspondientes.

Por su parte, la abogada Daira Hernández, también asesora jurídica de la familia, explicó que algunas de las personas detenidas aparentemente no han proporcionado información suficiente para avanzar en las investigaciones. Consideró que podría ser necesaria la detención de dirigentes de mayor jerarquía dentro de la organización criminal para que otros involucrados aporten datos sobre lo ocurrido.

Durante la misma entrevista, los representantes legales señalaron dificultades en la coordinación entre las instituciones que participan en las labores de búsqueda. Escobedo relató que, durante una mesa de trabajo con la FGR, personal adscrito a la Comisión Nacional de Búsqueda se retiró por circunstancias que, según explicó, fueron ajenas al caso.

El abogado también cuestionó que la SSPC no haya logrado localizar a los dos testigos, pese a las instrucciones emitidas por dos fiscalías federales. La familia considera que su localización podría contribuir a reconstruir lo sucedido durante la madrugada en que desapareció Carlos Emilio.

Brenda Valenzuela ha señalado que, aunque identifica disposición por parte de algunos mandos para atender el caso, las actuaciones institucionales se han caracterizado por demoras y falta de coordinación, situación que motivó la presentación del recurso de amparo.

Como parte de las acciones legales y legislativas impulsadas por la familia, también se anunció la presentación de una iniciativa de reforma ante el Senado de la República, en coordinación con otras madres buscadoras.

La propuesta contempla modificaciones a las leyes relacionadas con delincuencia organizada, desaparición forzada y justicia penal para adolescentes, con el propósito de atender vacíos legales que, según los asesores de las familias, dificultan el procesamiento de personas presuntamente involucradas en desapariciones.

Entre los aspectos que buscan revisar se encuentra la posibilidad de que personas con información relevante sobre estos delitos eviten proporcionar datos mediante argumentos relacionados con el derecho a no autoincriminarse, situación que, desde la perspectiva de los abogados, puede obstaculizar el avance de las investigaciones.

A 13 meses de la desaparición de Carlos Emilio, su familia continúa exigiendo que las autoridades federales cumplan las órdenes ministeriales, localicen a los testigos y agoten las líneas de investigación para determinar qué ocurrió en el bar Terraza Valentino y establecer el paradero del joven.

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