Va México por la vía del dinero digital

Ciudad de México, 12/10/26 (Más).- México se encamina hacia una transformación de su sistema de pagos con la nueva Ley de Economía Digital, impulsada por el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que busca reducir la dependencia del efectivo, ampliar el acceso de la población a los servicios financieros y fortalecer la transparencia de las operaciones económicas.

La propuesta, aprobada por la Cámara de Diputados, contempla establecer gradualmente la aceptación obligatoria de medios electrónicos de pago en determinadas actividades comerciales y sectores estratégicos, comenzando por las gasolineras y las casetas de peaje.

De acuerdo con información publicada por El País, esta legislación forma parte del Paquete Económico de 2027 y constituye una de las apuestas del Gobierno federal para acelerar la digitalización de las transacciones comerciales en un país donde el efectivo continúa predominando, especialmente en los pequeños negocios.

La estrategia también podría contribuir a mejorar la recaudación tributaria mediante una mayor identificación de las operaciones económicas, aunque la normativa no establece nuevos impuestos ni concede facultades adicionales al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para consultar directamente los movimientos bancarios.

La iniciativa responde a una realidad económica caracterizada por elevados niveles de informalidad laboral y una limitada utilización de herramientas financieras digitales. En México, aproximadamente el 55 por ciento de los trabajadores desarrolla sus actividades sin una relación contractual formal o sin acceso a prestaciones de ley, mientras que más de 8 de cada 10 operaciones comerciales de bajo valor todavía se realizan mediante dinero físico, situación que dificulta el seguimiento de las transacciones y reduce las posibilidades de incorporar a nuevos contribuyentes al sistema fiscal.

Las cifras de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), muestran que entre 2021 y 2024 el uso de efectivo para compras de hasta 500 pesos disminuyó de 90.1 a 85.2 por ciento. Durante ese mismo periodo, las transferencias electrónicas y los pagos mediante aplicaciones móviles aumentaron de 1.6 a 4.4 por ciento, lo que evidencia que la adopción de estas tecnologías avanza lentamente frente al predominio de los mecanismos tradicionales de intercambio comercial.

El rezago también se refleja en el acceso a los servicios bancarios. Aunque el 63 por ciento de la población adulta dispone de al menos una cuenta de ahorro, solamente el 37 por ciento cuenta con algún producto crediticio. Esta diferencia representa uno de los desafíos para la expansión de la economía digital, debido a que una parte considerable de los mexicanos mantiene una relación limitada con las instituciones financieras, particularmente en comunidades rurales, pequeños establecimientos comerciales y sectores vinculados con la economía informal.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que la reducción paulatina del efectivo puede generar beneficios relacionados con la seguridad, la eficiencia de las operaciones y la incorporación de negocios al sistema financiero formal.

Durante la presentación de la iniciativa, realizada a finales de septiembre, explicó que el registro de los movimientos económicos permite construir antecedentes de pagos y facilita que personas y establecimientos comerciales puedan acceder posteriormente a otros servicios bancarios.

“Poco a poco va a ir incrementándose la digitalización de la economía, disminuyendo el efectivo. Eso ayuda a la seguridad, a la eficiencia, incluso a la formalización, porque se hace una historia de pagos en una cuenta bancaria, y ayuda también, en su momento, a formalizar algún comercio o producto”, expresó la mandataria al explicar los objetivos de la legislación.

Para concretar esta transición, las autoridades pretenden aprovechar la infraestructura tecnológica desarrollada por el Banco de México, particularmente el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) y la plataforma Cobro Digital (CoDi). Esta última permite efectuar transferencias mediante teléfonos celulares y códigos QR, sin necesidad de utilizar efectivo o tarjetas bancarias, lo que podría facilitar las transacciones entre consumidores, pequeños comercios y prestadores de servicios.

El Gobierno federal también contempla simplificar los procedimientos para abrir cuentas bancarias digitales, tanto para particulares como para pequeñas empresas. Con ello busca disminuir las barreras administrativas que actualmente dificultan la incorporación de nuevos usuarios al sistema financiero y promover que los establecimientos comerciales cuenten con alternativas electrónicas para recibir pagos, incluso cuando sus operaciones sean de montos reducidos.

La propuesta legislativa recibió el respaldo de 327 diputados, mientras que 122 votaron en contra, por lo que fue turnada al Senado de la República para continuar su proceso de revisión. De obtener la aprobación de la Cámara alta, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendría atribuciones para determinar los sectores estratégicos y las actividades económicas en las que resultaría obligatorio aceptar medios electrónicos de pago, bajo un esquema de implementación progresiva.

Entre las primeras actividades consideradas para aplicar las nuevas disposiciones se encuentran las estaciones de servicio y las casetas de cobro de las carreteras.

José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, adelantó que estos sectores serían incorporados de manera gradual, como parte de una estrategia que posteriormente podría extenderse a otras actividades económicas y servicios gubernamentales.

La digitalización también alcanzaría los trámites y cobros realizados por dependencias públicas, con la finalidad de disminuir el manejo de efectivo dentro de las instituciones y disponer de registros más precisos sobre el destino de los recursos. Según Peña Merino, la utilización de sistemas electrónicos permitiría mejorar la supervisión de las operaciones y reducir oportunidades para prácticas irregulares en las transacciones relacionadas con la administración pública.

“Que los gobiernos adopten también pagos digitales. Y eso, por supuesto, no solo les permite tener más trazabilidad de los pagos, sino cerrar espacios para que ocurran cosas que no queremos que ocurran”, señaló el funcionario al referirse a los beneficios que podría representar la modernización de los mecanismos de cobro gubernamentales.

El interés por fortalecer la trazabilidad de los recursos ocurre en un contexto de investigaciones relacionadas con operaciones de contrabando de combustibles, irregularidades aduaneras y lavado de dinero.

Estas actividades han puesto de manifiesto la importancia de contar con mecanismos que permitan identificar movimientos financieros y detectar posibles operaciones vinculadas con recursos de procedencia ilícita, aunque la utilización de herramientas digitales, por sí sola, no garantiza la eliminación de tales prácticas.

En el ámbito internacional, un estudio de Nasdaq Verafin estimó que durante 2025 circularon alrededor de 1.1 billones de dólares relacionados con actividades del narcotráfico dentro del sistema financiero global, con un crecimiento anualizado del 17.1 por ciento.

La magnitud de estos flujos ha reforzado el debate sobre la necesidad de mejorar los sistemas de supervisión y seguimiento del dinero, particularmente en economías donde persiste una elevada circulación de efectivo.

Especialistas del sector financiero consideran que la legislación puede favorecer la inclusión bancaria y la formalización de actividades comerciales, siempre que su aplicación esté acompañada de herramientas accesibles y mecanismos sencillos de utilización.

Álvaro Vertiz, socio de DGA Group, destacó que facilitar la apertura de cuentas y ampliar la aceptación de pagos electrónicos permitirá incorporar a más personas y negocios a operaciones financieras documentadas.

“Esta es una estrategia que ayudará mucho en la inclusión financiera, que permite también bancarizar a más gente con requerimientos mucho más lógicos y sencillos de satisfacer. También obligará a ciertos comercios a aceptar estos pagos, con lo cual también puede ayudar a la formalización de la economía”, sostuvo el especialista al valorar los posibles efectos de la nueva regulación.

Vertiz también consideró relevante que las primeras medidas se concentren en gasolineras y casetas de peaje, debido a la importancia de transparentar los movimientos económicos de actividades relacionadas con el transporte y la comercialización de combustibles, sectores que han enfrentado antecedentes de irregularidades y desvío de recursos.

Sin embargo, la expansión de los pagos digitales enfrenta obstáculos tecnológicos y comerciales que deberán atenderse para conseguir una adopción generalizada. Uno de ellos se encuentra en el funcionamiento de CoDi, herramienta que, pese a estar disponible en distintas aplicaciones bancarias, todavía requiere varios procedimientos para completar operaciones, situación que puede desalentar su utilización cotidiana entre consumidores y establecimientos.

Otro desafío consiste en lograr que las instituciones financieras promuevan activamente este sistema. A diferencia de las tarjetas bancarias, que generan ingresos por las comisiones cobradas en determinadas transacciones, CoDi permite realizar pagos sin ese costo, por lo que representa una alternativa que podría modificar los incentivos comerciales de los bancos y de otros participantes del mercado de medios de pago.

La experiencia de países como Brasil y China demuestra que los pagos móviles mediante transferencias y códigos QR pueden alcanzar una utilización masiva cuando existen plataformas accesibles, procedimientos ágiles y condiciones favorables para consumidores y establecimientos. No obstante, trasladar esos resultados a México requerirá atender las diferencias de infraestructura, acceso bancario y hábitos de consumo que caracterizan al mercado nacional.