Ciudad de México, 03/10/26 (Más).- El caso de María Estela y Sara Giles, de 85 y 90 años, respectivamente, ha puesto nuevamente sobre la mesa la situación de los desalojos y la crisis de vivienda en Ciudad de México, luego de que ambas enfrentaran un proceso judicial relacionado con la propiedad donde han vivido durante aproximadamente 15 años, en la colonia Las Águilas, alcaldía Álvaro Obregón.
De acuerdo con información de El País, las hermanas Giles llegaron a vivir al inmueble por invitación de su prima Eva Cisneros Ríos, con quien compartían vivienda y compañía debido a que las tres no tenían familiares cercanos en el país. Tras el fallecimiento de Eva, ocurrido en 2024, personas cercanas a ella comenzaron a exigir a las mujeres que entregaran la propiedad y afirmaron ser los nuevos propietarios.
Según el relato de Silvia Olvera, abogada de las hermanas, los reclamos comenzaron desde el funeral de Cisneros Ríos y posteriormente derivaron en amenazas para que abandonaran el inmueble. Las mujeres solicitaron documentación que acreditara la adjudicación de la propiedad, pero, de acuerdo con la defensa, no les fue presentada una resolución o sentencia judicial que sustentara la exigencia.
Olvera asumió la representación legal de las hermanas a finales de 2025 y solicitó medidas de protección ante un juez de control, con lo que las molestias cesaron temporalmente. Sin embargo, aproximadamente un mes después, las mujeres fueron denunciadas penalmente por el delito de despojo, en un procedimiento que la defensa cuestionó por la actuación del Ministerio Público.
La abogada señaló que, al acudir a la Fiscalía de Álvaro Obregón en respuesta a un citatorio, encontró diversos obstáculos para acceder a la carpeta de investigación. Posteriormente, el expediente fue enviado a un proyecto de judicialización para formular una imputación, sin que, según la defensa, se permitiera a las hermanas conocer plenamente las actuaciones o aportar pruebas durante la etapa inicial.
Ante ello, la defensa promovió un juicio de amparo y presentó una denuncia contra el Ministerio Público ante el Órgano Interno de Control. De acuerdo con Olvera, la carpeta contenía inicialmente la denuncia de la parte querellante y testimonios de familiares, pero no elementos que acreditaran una posesión previa del inmueble por parte de los denunciantes.
La defensa también entrevistó a vecinos y otros testigos, quienes, según la abogada, señalaron que las personas que reclamaban la propiedad nunca habían vivido en el domicilio. La audiencia de las hermanas fue aplazada hasta el 2 de octubre, cuando se revisó si existían elementos suficientes para continuar con el proceso judicial.
Tras la audiencia, la defensa informó que la jueza determinó que no existía información suficiente para iniciar el proceso judicial en los términos planteados. Olvera explicó que la decisión no implica la desaparición de la carpeta de investigación, sino que devuelve el procedimiento a una etapa inicial para que el Ministerio Público integre el expediente y permita la participación de las mujeres en su defensa.
El caso ocurre mientras colectivos de vivienda y organizaciones sociales mantienen señalamientos sobre el aumento de los desalojos y el desplazamiento de habitantes en distintas zonas de la capital. El proyecto Memorial Urbano lleva alrededor de siete años documentando este fenómeno y, con información de años anteriores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, identificó que en 2019 se registraban aproximadamente ocho desalojos diarios.
La organización sostiene que actualmente enfrenta mayores dificultades para acceder a información oficial sobre los desalojos debido a restricciones y limitaciones en materia de transparencia. De acuerdo con una representante de Memorial Urbano, el Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México mantiene un registro de desalojos judiciales, clasificados entre inquilinarios y no inquilinarios.
A partir de esos antecedentes, el colectivo trabaja en un nuevo mapeo de los desalojos registrados durante la última década. Su base de datos cuenta hasta ahora con alrededor de 400 desalojos directos, entendidos como aquellos derivados de un mandamiento judicial, sin importar la causa que originó el procedimiento.
El académico y activista Máximo Jaramillo ha relacionado la problemática con factores como la desigualdad en la distribución de la riqueza y el patrimonio, así como con la transformación de la vivienda en un activo destinado no solamente a residencia, sino también a la especulación, la reventa y el arrendamiento.
Jaramillo, autor de El gran despojo, publicado en 2026 por Penguin Random House, sostiene que México enfrenta dificultades para conocer con precisión la concentración de propiedades habitacionales debido a la falta de información catastral actualizada, digitalizada y transparente. También ha señalado que el país cuenta con una proporción menor de vivienda pública administrada por el Estado frente a otros países.
Otro caso que ha sido señalado por organizaciones de vivienda es el de las 19 familias desalojadas en agosto de 2025 del inmueble ubicado en República de Cuba 11, en el Centro Histórico de Ciudad de México. El conflicto generó movilizaciones de los habitantes y posteriormente derivó en investigaciones sobre presuntas irregularidades relacionadas con el desalojo.
El 17 de septiembre, el Gobierno de Ciudad de México expropió el inmueble a favor del Instituto de Vivienda para destinarlo a vivienda de interés social. Organizaciones vecinales y colectivos, sin embargo, han cuestionado que la medida sea presentada como un resultado gubernamental y sostienen que fue consecuencia de las movilizaciones de las familias afectadas.
Las protestas de 2025 también llevaron al Gobierno capitalino a plantear el Bando 1, estrategia que contempla acciones para atender la gentrificación y regular distintos aspectos del mercado de vivienda. Entre las medidas anunciadas se encuentran propuestas relacionadas con una Ley de Rentas Justas, regulación de plataformas como Airbnb y una Ley de Arraigo Vecinal.
Integrantes del Frente Anti Gentrificación CDMX han señalado que algunos de estos compromisos registran avances limitados y que la regulación de plataformas de alojamiento fue aplazada hasta diciembre. Para los colectivos, los desalojos y desplazamientos continúan siendo parte de la problemática habitacional de la capital.
El caso de las hermanas Giles se suma así a otros conflictos por vivienda que permanecen abiertos en distintas alcaldías de Ciudad de México, mientras organizaciones sociales demandan mayor transparencia sobre los procedimientos de desalojo y medidas para evitar el desplazamiento de habitantes ante el incremento de los costos y la transformación del mercado inmobiliario.
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